Nuevas irregularidades por $3,9 mil millones en la garantía de los derechos de los niños wayú

La Contraloría puso la lupa en el cumplimiento de la sentencia T-302 de 2017, con la que se declaró el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) en relación a la vulneración de los derechos fundamentales a la alimentación, la salud, el agua potable y la participación de los niños y niñas del pueblo Wayuu. En una actuación especial de fiscalización, el ente de control halló nueve irregularidades con incidencia fiscal por $3.940 millones de pesos. 

(También le puede interesar: De las 124.734 personas desaparecidas en Colombia, 141 fueron encontradas con vida en 2024)

En mayo del 2017, en un contexto de 4.770 muertes de menores de edad por causas asociadas a la desnutrición en La Guajira, la Corte Constitucional emitió 210 órdenes para que más de cuarenta entidades se volcaran en garantizar ocho puntos fundamentales en pro de la niñez: agua, alimentación, salud, movilidad, información, información, transparencia, sostenibilidad y participación. 

Después de siete años de haber entrado en vigencia el fallo, la Contraloría hizo un seguimiento a los recursos invertidos por dichas instituciones durante 2023 y el primer semestre de 2024, en relación con las tareas constitucionales. Pese a que los sujetos fiscalizados no contaron con un rubro específico para la contratación derivada de las órdenes de la sentencia, se determinó que se ejecutaron proyectos por una cuantía que supera los $2.3 billones de pesos.

(Lea además: ¿Qué busca la JEP en los archivos del extinto DAS?: esto arrojó el diagnóstico documental)

Sobre la inversión realizada por este monto, la entidad encontró 57 hallazgos istrativos, de los cuales 45 tienen presunta connotación disciplinaria, nueve tienen incidencia fiscal por más de $3 mil millones de pesos y dos podrían tener implicación penal.

Los nueve hallazgos con incidencia fiscal que la Contraloría identificó como las grietas por las cuales se filtró el detrimento patrimonial están relacionados con proyectos como la construcción de la planta de tratamiento de agua potable ubicada en la comunidad de Pakimana, en el municipio de Uribia, donde se demostró un mal manejo del anticipo, que no contó con soportes válidos para su desembolso. 

La irregularidad fiscal -la más alta de las nueve- se estableció por el monto total pagado, que asciende a los $3.041.965.562 pesos.

Una de las entidades que ha intervenido en el cumplimiento de la sentencia ha sido el Departamento de Prosperidad Social, que se comprometió a desarrollar unidades productivas de alimentos para el autoconsumo en los municipios de Maicao, Manaure, Rioacha y Uribia. 

(Complemente su lectura: Contraloría: 3.9 millones de niños se vieron afectados en 2024 por irregularidades en el PAE)

Estas intervenciones se completaron en octubre de 2023, quedando pendiente la atención de 300 hogares, con los que se concertó la ejecución de la obra para este año. Actualmente, se encuentra en implementación. 

Sin embargo, dentro de la revisión efectuada a la contratación suscrita por la entidad se encontró debilidades en la supervisión, al no verificar que las cuentas de los convenios estuvieran exentas del gravamen movimiento financiero. Esto constituyó el segundo hallazgo fiscal por $11.843.137 pesos.

El otro proyecto por el que se desfalcaron más de $41 millones de pesos fue el de rehabilitación de sistemas de extracción de agua subterránea en las comunidades urbanas y rurales del municipio de Maicao. 

La Contraloría evidenció que no se cumplió con la meta del número de pozos (26) y se falsificaron los certificados de calidad del agua. Tampoco encontró las certificaciones del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) en algunos de los pozos.

(Temas relacionados: 'Era absolutamente impredecible cuál iba a ser el momento en el que se iba a dar el hallazgo en La Escombrera': directora de la Unidad de Búsqueda)

"En conclusión, teniendo en cuenta el valor de la rehabilitación del pozo que asciende a $31.318.299, y el valor de los imprevistos no legalizados en cuantía de $10.236.932, se configuró un daño total de $41.555.231", se lee en la auditoría. 

Otros dos contratos suscritos por el municipio de Riohacha, correspondientes al Programa de Alimentación Escolar (PAE), incurrieron en sobrecostos por más de $423 millones de pesos. 

"Se recibieron menores cantidades contratadas dentro del contrato Nro. 177 de 2023, suscrito por el Distrito de Riohacha y se realizaron pagos por productos con precio superior al pactado", informó la Contraloría. 

Los proyectos de infraestructura vial también incurrieron en presuntos detrimentos. La construcción de pavimento en el corregimiento de La Paz, en el municipio de Manaure, presentó debilidades en la ejecución relacionadas con la calidad de la obra y con el contrato de interventoría, por un monto que asciende a $72 millones de pesos.

Asimismo, un contrato en el municipio de Uribia incurrió en sobrecostos por $78 millones de pesos. Y un convenio interistrativo entre el Invías y la alcaldía de Riohacha para la adecuación de la vía Cucurumana - Punta Sierra está intransitable. No se llevó a cabo el tratamiento adecuado de los tramos adyacentes, lo que imposibilita el seguro al tramo intervenido, donde se realizaron 200 metros lineales de pavimento rígido. Esta obra presentó una incidencia fiscal por más de $264 millones de pesos.

La auditoría de cumplimiento de la sentencia hecha el año pasado arrojó 21 hallazgos fiscales por $12.088 millones, y 72 hallazgos de carácter disciplinario. 

En noviembre de 2023, la Contraloría encendió las alarmas debido a la falta de articulación entre las entidades para la ejecución de los proyectos y a la ausencia de recursos específicos destinados a atender las obligaciones constitucionales, una deficiencia que persiste un año después de la advertencia.

(Entérese: 'No existe un protocolo para el manejo de la muerte': magistrado de la JEP, sobre Ley de mujeres buscadoras)

Sara Valentina Quevedo

Redacción Justicia