La historia de la pareja caleña que frenó los consejos ministros televisados del Presidente Petro

En medio de la zona rural del Darién, Valle del Cauca, en la que vive desde hace unos años, a la abogada María Cristina Cuéllar Cárdenas le tomó por sorpresa una notificación cuyo impacto llegó hasta la Casa de Nariño: el fallo de tutela que le puso freno a la transmisión televisada de los consejos de ministros del presidente Gustavo Petro.

(Lea: Las nuevas decisiones en el millonario litigio por la emblemática hacienda Las Pavas, símbolo del despojo)

Desde su finca ubicada cerca del lago Calima -a unas dos horas de Cali- María Cristina y su esposo Arnaldo Tascón atendieron una entrevista con EL TIEMPO y contaron qué los motivó a interponer la tutela que terminó cambiando la manera como el Gobierno nacional comunica sus consejos de ministros al país. 

Aunque ahora se anotan un logro jurídico, lo cierto es que esta pareja también carga una condena de 7 años y cinco meses de prisión por el delito de fraude procesal y falsedad en documento público, que fue confirmada en el año 2015 por el Tribunal Superior de Bogotá y por la Corte Suprema de Justicia.  Para el año 2005, Cuéllar era la apoderada de la empresa Molinos del Cauca y presentó estados financieros "no fidedignos", en el marco de la negociación de un acuerdo de reestructuración de dicha empresa. Estados que elaboró Tascón, su esposo, contador público, quien se desempeñaba como asesor de la compañía.

Este antecedente judicial fue divulgado por el director del Departamento istrativo de Prosperidad Social Gustavo Bolívar en su cuenta de X. "Aparecieron las llaves. María Cristina Cuellar Cárdenas, la señora que pidió tutelar su derecho a no ver el consejo de ministros, ante el diligente Consejo de Estado fue condenada, junto con su esposo (...) obvio les debe molestar mucho que se sigan destapando ollas podridas desde el gobierno".

"Yo nunca estuve en una cárcel. Yo seguí trabajando normalmente y mi tarjeta profesional estuvo activa. Yo no falsifiqué absolutamente nada. Presentaré una demanda por habeas data negativo por el daño que hacen en mi contra", dijo Cuéllar al ser consultada sobre su antecedente penal. 

Según lo que contó Cuéllar al Consejo de Estado, lo que le motivó a presentar la tutela que frenó la transmisión de los consejos de ministros fue encontrar que, el pasado 4 de febrero, justo en el primer consejo televisado por orden presidencial, ella y su esposo no pudieron ver los programas de su preferencia por carecer de servicios de televisión por suscripción. 

Un mes después, el 3 de marzo, la situación se repitió. Intentó cambiar de canal en busca de una programación diferente, pero en todos los que revisó se estaba transmitiendo el mismo evento oficial.

“Sentíamos que no eran espacios informativos ni pedagógicos, sino escenarios improvisados. No era posible que los canales se utilizaran de esa manera”, cuenta la abogada, quien decidió redactar la tutela en compañía de su esposo.

La acción fue presentada con base en normas sobre el uso de medios públicos, el derecho de los ciudadanos a recibir información imparcial y el principio de legalidad.

Desde la pandemia, y con posterioridad al proceso judicial en su contra, la pareja trasladó su vida profesional a la finca. Cerraron una oficina que mantenían en el norte de Cali y continuaron desde el campo. Gracias a la virtualidad, pueden atender casos en Bogotá o Cali sin necesidad de abandonar su entorno rural, donde también brindan apoyo jurídico a campesinos de la zona. 

"Yo soy abogada de trabajadores. Los casos más importantes de mi carrera los gané ayudando a la clase trabajadora, especialmente en temas de derecho societario, responsabilidad y levantamiento del velo corporativo en empresas que vulneraban sus derechos. En eso transcurrió prácticamente toda mi vida profesional", dijo la abogada.

El documento fue entregado en el Consejo de Estado y la decisión, del magistrado Alberto Montaño Plata, ordenó al Gobierno "no transmitan los consejos de ministros a través de los canales privados de televisión, del canal Uno y de los canales locales, regionales y comunitarios de televisión abierta, de conformidad con los motivos expresados en esta sentencia"

“Lo hicimos como ciudadanos. No tenemos ninguna filiación política ni relación con medios de comunicación. No nos mueve otra cosa que el respeto por el Estado de derecho”, señala la demandante, quien asegura haber recibido múltiples insultos tras la decisión, pero también mensajes de apoyo de ciudadanos y colegas.

El fallo será impugnado por la Presidencia, pero María Cristina Cuéllar dice que la ley establece que los fallos de tutela deben cumplirse de inmediato, incluso si son apelados. “Lo importante es que la orden se acate. El desacato tiene consecuencias. Lo sabe el presidente y lo sabe su equipo jurídico”, añade.

La abogada relata que en el pasado sufrió presiones en el ejercicio de su profesión, pero asegura que siempre ha actuado dentro de la ley. “Nosotros seguiremos el proceso. Si la Corte Constitucional decide revisar el fallo, presentaremos nuestros argumentos como siempre: de forma sencilla y respetuosa”.

Redacción Justicia