Imputan cargos a exrepresentante de Putumayo por 'cartel de la toga'

Según la Fiscalía, Argenis Velásquez habría 200 millones de pesos por desviar un proceso en la Corte

29.07.2019 11:34 Actualizado: 29.07.2019 16:16

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La Fiscalía le imputó cargos a la exrepresentante a la Cámara en Putumayo, Argenis Velásquez Ramírez, por su supuesta participación en el 'Cartel de la toga'. Deberá responder por el delito de cohecho por dar u ofrecer.

Según el ente acusador, Argenis tenía una investigación en la Corte Suprema de Justicia por unas presuntas irregularidades en contrataciones cuando ella fue alcaldesa de Orito, Putumayo.

Cuando la investigación se llevó a la Corte, llegó al despacho del magistrado Gustavo Malo por lo cual el abogado de ella, Gustavo Moreno, ó al magistrado auxiliar Camilo Ruiz para recibir información del proceso.

Argenis habría pagado 200 millones de pesos "con el objetivo de dilatar la investigación que se le adelantaba en la Corte Suprema de Justicia" afirmó la fiscal.

El ente acusador recalcó que "la única finalidad" era que Ruíz, quien habría recibido 130 millones de pesos, "retardara el trámite y el impulso de la investigación que se adelantaba" contra la exalcaldesa de Orito.

La fiscal también dijo que este proceso se retrasó durante 2 años, desde noviembre de 2014 hasta noviembre de 2016. "Se logró mantener por dos años la investigación en indagación preliminar", afirmó.

Los representantes a la Cámara Argenis Velásquez y Nilton Córdoba. Foto:Archivo particular

El extraditado exfiscal Gustavo Moreno señaló a Velásquez como una de sus clientas y aunque ella itió que le había exigido dinero para arreglarle un proceso en la Corte, insiste en que se negó a pagar.

"Solo pacté unos honorarios con él, para que me diera la asesoría (...) en ningún momento me presté para comprar a un magistrado o alguna de las personas que llevaba mi investigación" afirmó Velásquez.

Argenis Velásquez no aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía, y en caso de que sea declarada culpable podría pagar una pena de 3 a 6 años de cárcel.

La exrepresentante a la Cámara también tiene un proceso en la Procuraduría por los mismos hechos.

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