¿En qué va el caso de 18 exmilitares capturados en Haití por magnicidio?

EL TIEMPO conoció en primicia la carta que desde Colombia envió la defensa de los 18 colombianos capturados en Haití, sindicados del homicidio del presidente Jovenel MoÏse, a Tania Reneaum Panszi, secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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La misiva es una respuesta a la solicitud de la Comisión (en carta fechada en 14 de octubre) de "actualizar la información respecto a las condiciones de detención del propuesto beneficiario, en especial en relación con su estado de salud".

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Esto en medio del estudio que está haciendo la CIDH frente a la propuesta de que emita medidas cautelares en pro de los derechos de los exmilitares capturados.

De igual forma, la Comisión le pidió a la defensa de los exmilitares que anexe "cualquier información adicional que permita entender la alegada situación de riesgo en los términos previstos en el artículo 25 del Reglamento de la Comisión". 

El abogado Juan Pablo Quintero López señaló a este diario que aunque representa a Germán Alejandro Rivera García, la solicitud de medidas cautelares se ha hecho a nombre de todos los involucrados para hacer prevalecer sus derechos fundamentales.

En la carta enviada a la CIDH el 19 de octubre, se afirma que "algunos de los colombianos detenidos han perdido más de 10 kilogramos de peso en razón a la dificultad de acceder a  alimento, que es de muy baja calidad, y la poca agua que se les brinda en el establecimiento carcelario por parte de los encargados".

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De igual forma, el abogado Quintero López sustenta ante la Comisión que se conoce el grave estado de salud de uno de los detenidos "por posible contagio de tuberculosis, situación que se desconoce si está siendo tratada medicamente y si se han tomando las medidas de precaución y bioseguridad necesarias".

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De igual forma, en la carta enviada a la Comisión, la defensa denuncia que se ha visto disminuida la ayuda humanitaria brindada por parte del cónsul honorario de Colombia en Haití, Julio Santa.

Esto se sustenta  por "su ausencia en los últimos 20 días en el establecimiento penitenciario, visitas que tienen como finalidad brindarles alimentos, medicamentos e implementos de aseo; así mismo, verificar el estado de los 18 detenidos y servir de puente de comunicación entre los detenidos y sus familiares".

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De acuerdo con el abogado, "los detenidos han venido siendo amenazados constantemente por parte de Jimmy Barbecue, un supuesto pandillero de la región; adicional a esto, denunció que los detenidos han sufrido tres atentados en contra de su vida e integridad personal al interior de la penitenciaria, esta situación ha sido puesta en conocimiento del Defensor del Pueblo en Colombia".

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Igualmente se cuestiona que se les cortó por completo la comunicación "en razón a la prohibición de escribir, enviar y recibir cartas para sus familiares en Colombia, razón por la cual se desconoce la situación real en la que se encuentran los detenidos, tanto su situación física y mental como legal".

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Y finalmente, se expone ante la Comisión Interamericana que tras más de tres meses de la captura de los 18 exmilitares colombinos, estos no han sido puestos a disposición de una autoridad competente con la finalidad de legalizar la detención.

"Tampoco han sido vinculados formalmente a un proceso judicial, desconocen los delitos por los cuales se les acusa y les ha sido negada la representación judicial por parte de un profesional del derecho en procura de la defensa de sus derechos humanos", concluyó la defensa en la misiva.

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