'Este nuevo modelo de salud tiene imperfecciones en la vigilancia y en la prestación de servicios': Vicecontralor

La Contraloría ha abierto 522 procesos de responsabilidad fiscal por malos manejos de los recursos de la salud, en los que están comprometidos $11 billones de pesos. EL TIEMPO habló con el vicecontralor general, Carlos Mario Zuluaga, sobre los hallazgos fiscales más relevantes en el sector y la viabilidad del nuevo modelo de salud que se busca implementar vía proyecto de ley.

(También le puede interesar: La Corte negó el impedimento de Gregorio Eljach y tendrá que emitir concepto sobre la reforma pensional)

La Contraloría General de la República ha tenido un interés claro en proteger todos los recursos de los colombianos y, en este caso, los recursos de la salud han sido de especial vigilancia en la medida en que han representado en los últimos dos años gran parte del debate político alrededor del uso de los recursos, de su eficiencia o de la insuficiencia de los dineros que se destinan anualmente para la UPC (Unidad de Pago por Capitación).

Hemos publicado varios informes. Uno de ellos da cuenta de cómo, por ejemplo, en el año 2020, las EPS utilizaron aproximadamente seis billones de pesos de recursos de la UPC. Los recursos de la UPC son única y exclusivamente para constituir las reservas técnicas, que son aquellas garantías sobre las cuales las EPS posibilitan que una enfermedad que debe tratarse en un o en un paciente tenga cobertura para su tratamiento. La Contraloría encontró que, en el año 2021, estos excedentes se utilizaron para pagar vigencias anteriores de deudas de las EPS, muchas de ellas relacionadas o establecidas hace 13 años.

Los recursos de la UPC también se utilizaron para pagar deudas, intereses moratorios de préstamos bancarios, anticipos girados a las IPS sin haber establecido previamente servicios o facturas de prestación de servicios, así como para financiar clases de yoga, gasolina, arriendos y préstamos a socios.

Esto significa que lo que la Contraloría puso en conocimiento de los colombianos es que parte de los recursos de la UPC se estaba utilizando de manera indebida. Aquí no estamos hablando de un robo de los recursos ni de una pérdida, sino de un uso inadecuado de los mismos. Por supuesto, los informes de auditoría también detallan la diversidad de maneras en las que se movilizan los recursos de las EPS a las IPS y de las IPS a terceros, que son los prestadores de servicios médicos. Estos, a su vez, son quienes finalmente ofrecen medicamentos y tratamientos a los pacientes.

En esos recursos, que son pagos que se hacen directamente a las IPS, muchas veces se hacen sin hacer verificaciones o tener controles que permitan garantizar que el giro del Adres a las IPS tenga una mayor verificación de la prestación del servicio. ¿Eso qué significa? Verificar si efectivamente la factura que ha sido auditada cumple con los requisitos y las condiciones necesarias para que pueda pagarse. Hay una repetición de hechos en estos 41 fallos de responsabilidad fiscal debidamente ejecutoriados, los cuales suman más de medio billón de pesos. Medio billón de pesos es un presupuesto mayor que el de 15 o 20 ciudades capitales e intermedias del país, lo que significa que estamos hablando de un número considerable de recursos utilizados en situaciones irregulares. Desafortunadamente, el propio sistema ha venido repitiendo los mismos errores. Esto obliga a que se revise estructuralmente la manera en la que el modelo funciona, la forma en la que se giran, auditan y finalmente se pagan los recursos de la salud de los colombianos. $90 billones de pesos, dentro de un presupuesto de aproximadamente 480 billones de pesos, representan un porcentaje significativo del total de los recursos disponibles para atender todos los frentes y derechos de los ciudadanos.

La Contraloría no tiene, en este momento, a solicitud del Congreso, ninguna petición que pida hacer una valoración sobre la dimensión técnica o macrosectorial de la reforma. Nosotros lo que hemos hecho con todas estas publicaciones es ceñirnos exclusivamente a nuestra función misional, que es vigilar el uso adecuado y correcto de los recursos públicos conforme a lo establecido en la norma. Las EPS deben, entonces, o el nuevo modelo, establecer mecanismos claros para el uso adecuado de los recursos y resolver, por ejemplo, problemas estructurales del sistema. Actualmente, este viene acumulando deudas año tras año, lo que ha generado los pasivos que hoy hacen casi inviable al sector.

(Noticias relacionadas: Primicia: los millonarios fallos contra la Adres y 19 entidades más por malos manejos de los dineros de la salud)

Un nuevo modelo de salud debe plantear y resolver, de manera inmediata y de fondo, cómo financiarse. También debe establecer realmente una valoración del costo de atender a más de 50 millones de colombianos, tanto en los planes obligatorios de salud como en los subsidiados, para poder resolver en el mediano y largo plazo la disyuntiva sobre si los recursos de la salud son suficientes para cubrir las necesidades del sistema.

Hemos establecido que el Fomag, que es un fondo fiduciario que istra los recursos de la salud del magisterio, hay una práctica repetitiva y es que, pese a que existen recursos en caja disponibles y cuentas auditadas, en algunas ocasiones dejan transcurrir los tiempos para hacer los pagos cuando ya hay una orden expresa de realizarlos. Esto genera intereses moratorios que finalmente deben ser asumidos por los prestadores de los servicios médicos de los maestros.

Por ejemplo, en estos dos años hemos sumado más de 224.000 millones de pesos en hallazgos fiscales solo por intereses moratorios. Con esa cantidad de dinero se podrían financiar múltiples tratamientos médicos y mejorar la prestación de servicios de salud. No es justo que la Contraloría deba identificar hallazgos fiscales por estos montos debido a retrasos en los pagos a prestadores médicos, mientras que muchos maestros enfrentan dificultades para acceder a cirugías o tratamientos de manera oportuna.

Este es un modelo que tiene imperfecciones en la vigilancia, en el control y en la prestación de servicios. Podría presumirse que esto se debe a que aún está en proceso de implementación y necesita desarrollarse. Sin embargo, la infraestructura instalada en el sistema de salud colombiano, que está en manos de terceros, muchos de ellos privados, debería garantizar una prestación eficiente del servicio, independientemente de quién audite o istre los recursos. El país enfrenta grandes retos en la estructuración de un modelo de salud que sea más eficiente en la prestación del servicio, en el uso de los recursos y en la vigilancia y control de los pagos.

(¿Tiene futuro la orden de un juez de embargar las cuentas del Gobierno por las deudas con EPM?)

Redacción Justicia