Contralor: sí a la reforma del Sistema General de Participaciones, pero si se garantiza la sostenibilidad fiscal de la Nación

En el lanzamiento de la 373 edición de la Revista Económica Colombiana, el contralor general Carlos Hernán Rodríguez habló sobre descentralización. En este sentido, le dio un espaldarazo a la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) que cursa su trámite en el Congreso siempre y cuando se garantice el equilibrio fiscal de la nación. 

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El Contralor se refirió a la situación actual de autonomía fiscal de las regiones, haciendo énfasis en el tratamiento homogéneo, basado en el número de población, que ignora las particularidades territoriales del país. "Actualmente, se aplican los mismos derechos, deberes, competencias, sistemas de información, indicadores e instrucciones para todos los territorios, sin consideración de la diversidad geográfica, ambiental, social, política y cultural", señaló. 

Acorde a esta regla, dijo que varios estudios han mostrado que los recursos territoriales asignados a los departamentos son insuficientes para cubrir sus competencias, un tema que ha generado una tensión creciente con el gobierno central. 

"Este déficit limita la autonomía de las regiones y obstaculiza el desarrollo regional, haciendo que muchas entidades territoriales dependan excesivamente de las transferencias nacionales para financiar sus gastos básicos". Misma preocupación que hoy comparten los mandatarios locales, que están volcados en el Congreso haciéndole lobby al acto legislativo. 

Rodríguez hizo una radiografía del actual Sistema General de Participaciones que establece el traslado a las regiones para sus gastos en salud, educación y saneamiento del 46, 5 % de los Ingresos Corrientes de la Nación (ICN). Sin embargo, para no comprometer las sostenibilidad fiscal de la nación, el SGP perdió participación en los ICN y actualmente está por debajo del 25%.

"Los departamentos están reclamando facultades para implementar participación en plusvalías; en las contribuciones por valorización; en los pagos por servicios ambientales o ecosistémicos; en los fondos de compensación; la emisión de títulos de derechos adicionales de construcción y desarrollo y transferencia de derechos de construcción y desarrollo", agregó Rodríguez. 

En este sentido, pide que no se siga teniendo en cuenta la medición poblacional como regla y sugiere una descentralización asimétrica "que valore la diversidad del país, permitiendo una mayor adaptación de políticas a los entornos específicos de cada región". Un tema que es el corazón de la propuesta que actualmente estudia el Congreso. 

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"¿Es válido mantener el criterio de población para el cálculo de las transferencias?, ¿se podría financiar la preservación de la Amazonia que tiene baja población? Es una cuestión que debe ser resuelta", cuestionó el funcionario.

Si bien el Contralor le dio un espaldarazo a la reforma al Sistema General de Participación, hizo públicas las salvedades que han hecho otros expertos en materia fiscal, haciendo énfasis en que un mayor desembolso no comprometa recursos destinados para gastos fijos y que provoque un mayor endeudamiento 

"Un grupo significativo de exministros y viceministros de Hacienda, han manifestado su preocupación por la inflexibilidad del gasto en el Presupuesto General de la Nación. En el proyecto para 2025, se estima que los gastos rígidos, tales como el pago de personal, pensiones, y el servicio de la deuda, ascenderán a $362,4 billones, lo cual representa el 113 % de los ingresos corrientes proyectados", expuso. 

El Gobierno nacional ya advirtió que tendrá que incrementar su endeudamiento para cubrir estos costos esenciales de funcionamiento, lo que representa una clara amenaza a la sostenibilidad fiscal. Bajo este contexto, Rodríguez apoyó la tesis de los exministros en que, paralelo a la redefinición de las competencias territoriales, debe haber una identificación y cuantificación precisa de los recursos a transferir. 

"Para lograr una reforma sostenible se requieren ajustes en la estructura de ingresos propios de los entes territoriales, a fin de que puedan asumir sus nuevas responsabilidades sin poner en riesgo la estabilidad macroeconómica alcanzada en las últimas décadas", añadió. Es decir, insta a que las regiones aumenten la generación propia de recursos para no comprometer el equilibrio presupuestal de la Nación. "Si ello ocurriese, la Corte Constitucional podría declarar inexequible el proyecto", alertó. 

En complemento pidió que la reforma del SGP venga acompañada de otras iniciativas en pro de la reestructuración en la capacidad de los departamentos y municipios para generar ingresos. "Ya sea a través de reformas en las políticas tributarias o en el fortalecimiento de su autonomía fiscal". Por eso, también le hizo guiño al Referendo de autonomía fiscal que propone el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

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El Contralor también se pronunció sobre la Ley de competencias, que es una de las condiciones para la aplicación de la reforma al SGP. "¡Ojala ese condicionamiento no se convierta en un disuasivo para no cumplir el objetivo de la descentralización. Resultará muy exigente lograr el consenso político que permita aprobar la ley de competencias en el limitado tiempo de seis meses…!", agregó.

Con respecto a las opciones para una mayor autonomía fiscal de las regiones, el Contralor compartió el referendo promovido por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Esta propuesta permite que los departamentos tengan potestad para gravar la renta y el patrimonio de empresas e individuos en sus jurisdicciones, lo que, según Rodríguez, "duplicaría los ingresos de la mayoría de los departamentos". 

Otra medida a la que se sumó fue a la creación de la Comisión Octava constitucional permanente de asuntos territoriales en el Congreso. "Ello seria útil pues hay proyectos de ley que se tramitan sin especialidad en las comisiones que se asignan, por ejemplo, cuando se refieren a temas territoriales". 

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SARA VALENTINA QUEVEDO

Redacción Justicia