Contraloría lanzó advertencia a Minhacienda por riesgo en ejecución de recursos

En la mañana de este miércoles 6 de marzo, la Contraloría General emitió un comunicado de prensa en el que el  vicecontralor en funciones de Contralor, Carlos Mario Zuluaga, realizó un pronunciamiento de advertencia al Ministerio de Hacienda y Crédito respecto al Decreto de Liquidación del Presupuesto General de la Nación de la vigencia 2024, donde asegura que se pone en riesgo la ejecución del presupuesto.

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De acuerdo con Zuluaga, este Decreto "está expuesto a una posible demanda de legalidad que podría detener su implementación".

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En esa línea, el Contralor encargado señaló que esta eventualidad podría resultar en la paralización de las actividades estatales, "lo cual constituiría un hecho sin precedentes en la historia reciente de la ejecución presupuestaria".

Expone que a partir del acto legislativo 04 de 2019 y del posterior decreto 403 de 2020, que crearon la nueva modalidad del control concomitante y preventivo, la Contraloría General ya no tiene que esperar a que se termine el ciclo de ejecución para adelantar un ejercicio de control fiscal cuando todo está consumado y posiblemente se haya presentado una anomalía en la ejecución.

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Y destacó que, "ahora puede emitir advertencias cuando a su juicio y bajo unas condiciones estrictas pueda existir algún nivel de riesgo con el fin de prevenirlo o evitar que se expanda.

"Esto fue lo que sucedió el día de hoy cuando la Contraloría emitió una función de advertencia al Ministerio de Hacienda en relación con la expedición del decreto 2295 del 29 de diciembre de 2023 mediante el cual se liquidó el Presupuesto General de la Nación 2024", se lee en el comunicado.

De hecho, la contraloría señaló que una vez el Congreso de la República expide la ley del PGN 2024, el presidente de la República la sanciona y es deber del Ministerio de Hacienda, en concordancia con el Estatuto presupuestal vigente (Decreto 111 de 1996), hacer la desagregación necesaria en los diferentes rubros de gasto (funcionamiento, deuda e inversión) para poder en la práctica ejecutar los recursos.

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"El decreto de liquidación toma los valores de presupuesto, para cada entidad que hace parte del Gobierno Central, que fueron aprobados por el Congreso de la República y los desagrega, en un anexo del decreto, para ser incorporados al Sistema Integrado de Información Financiera -SIIF- y de esta manera hacer los compromisos y la ejecución de los presupuestos aprobados. Para el caso del rubro de inversión el decreto 1068 de 2015 establece taxativamente que se debe desagregar, partiendo de los programas y subprogramas establecidos en la ley de presupuesto, en proyectos de inversión claramente identificables", anota en el comunicado.

Señaló la Contraloría General que con la expedición del Decreto 2295 de 2023, no se cumplieron dos parámetros que justifican la decisión de llamarle la atención al Ministerio de Hacienda mediante la función de advertencia.

"Por un lado, el artículo 1 de la ley 2295 de 2023, detalla el monto del presupuesto de gastos y a su vez relaciona las partidas del PGN para el 2024, omitiendo el hecho de que el detalle del decreto debe ir en un anexo, no en el articulado; por otro lado, se debió presentar el detalle de la Ley de Presupuesto, lo que no se cumplió en la medida en que los gastos de inversión no se desagregaron a nivel de proyecto", señaló el ente de control.

Para el organismo de control estos dos elementos generaron inconvenientes al momento de la ejecución del presupuesto: varias entidades importantes del Estado, como: Invías, la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI- y el mismo Ministerio de Hacienda al no desagregar los proyectos de inversión impedían que estos se incorporaran al SIIF y comenzase la ejecución de los recursos. Más aún, algunos de estos proyectos venían cobijados con vigencias futuras que garantizaban los recursos necesarios para ejecutarse en este año.

Redacción Justicia:

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