Comfenalco Antioquia: la puja que llegó a la justicia por diferencias en el manejo de recursos ligados a la caja de compensación

A un año exacto de la intervención que hizo la Superintendencia de Subsidio Familiar a Comfenalco Antioquia, esta caja de compensación enfrenta varios desafíos no solo por las tareas a cumplir en aras de que le levanten la medida, sino por cuenta de un capítulo relacionado al proceso liquidatorio de sus programas de salud, el cual nació en 2012 y tiene varios millones de por medio.

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La caja, como las del resto de departamentos, brinda una variedad de servicios a sus afiliados, sin embargo con la intervención del 15 de septiembre de 2023 hubo tropiezos porque se evidenciaron preocupantes manejos de recursos remanentes, así como dudas de qué tan legal fue el negocio que se hizo en 2021 con Mandato Salud SAS, una empresa creada para istrar la plata de ese proceso liquidatorio de hace 12 años de sus regímenes contributivo y subsidiado.

Justamente, ese proceso es el que ha ocupado la atención de personas que tienen versiones de lado y lado. La historia comienza con que en 2012, la Superintendencia de Salud ordenó liquidar los programas de salud que ofrecía Comfenalco, por lo que a la par del manejo directivo que tenía la caja, se designaron unos mandatarios que iban a ocuparse de todas las deudas o cobros que tenían por hacer esos programas. Los elegidos fueron tres trabajadores de la caja Jorge Alejandro Gómez (quien era el director de Comfenalco hasta la intervención del año pasado), Verónica Barrera y Carlos Andrés Velásquez como suplente (aunque ya renunció a dicho cargo).

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El capítulo continúa con que esas personas siguieron manejando los recursos hasta el año 2021, cuando decidieron crear Mandato Salud para desde allí istrarlos. Una de las diferencias es esa: que para unos son dineros públicos y por ende deben estar en manos de una entidad de esa índole; pero para los mandatarios se trata de algo propio del proceso liquidatorio, que nada tienen que ver con las cuentas de Comfenalco.

EL TIEMPO habló con el abogado Juan Camilo Bolaños, quien representa los intereses de Comfenalco y explicó que a mediados de este año se interpuso en la Fiscalía una denuncia contra personas indeterminadas por presuntos actos contra el patrimonio económico, debido a que Mandato Salud controla plata que a su juicio debería estar en un ente público.

Esteban Gallego, quien desde hace cerca de 10 meses está al frente de Comfenalco Antioquia, le subrayó a este diario que a la Supersubsidio le preocupó que esos recursos los istraran particulares dentro de una empresa privada: "Independiente del origen de los recursos, si son del subsidio familiar o del sistema de salud, son públicos y creería que tendrían que ser manejados por un público", señaló en alusión a los argumentos de la Superintendencia.

En este hecho consideran que podría presentarse hasta un conflicto de intereses, pues Jorge Alejandro Gómez se pasó -junto a los otros dos mandatarios- los recursos del proceso liquidatorio a la empresa que ellos mismos crearon en 2021 y de manera exprés. Ese traspaso se habría dado sin el permiso del consejo directivo de la caja de compensación, algo que también les parece irregular.

Frente a esto, Gómez le explicó a este medio que como mandatarios ellos tenían la potestad de decidir qué hacer en ese proceso de liquidación, y que los recursos no son públicos porque los 52.000 millones de pesos en deudas que se tenían con Comfenalco Antioquia ya se subsanaron. "No fue una necesidad la creación de la empresa, fue una decisión de los mandatarios", dijo Gómez respondiendo a uno de los argumentos por los que la Supersubsidio intervino la caja hace un año, añadiendo que se tenía que manejar la plata desde una fiducia o un patrimonio autónomo.

Otro hecho que siembra dudas al rededor de la caja de compensación de los antioqueños tiene que ver con que Mandato Salud SAS hizo cuantiosos pagos de servicios por 7.547 millones de pesos, entre los que se destacan la contratación de firmas de abogados a las que se les llegó a dar, en el caso de una, 1.000 millones de pesos; o a un arquitecto -que labora en Comfenalco- al que le dieron 352 millones de pesos por sus labores.

Como ellos hay más personas que también se quedaron con más de 1.000 millones en contratos, y sobre las cuales Jorge Alejandro Gómez ite que sí se dieron, pues les prestaron servicios clave. "Eso es un señalamiento que me da a mí la facultad legal de ejercer el derecho de contradicción. Lo que puedo decir es que el mandatario tiene la facultad de istrar esos recursos para la defensa judicial de los procesos que se tiene. Hay abogados que representan esos procesos, hay demandas de responsabilidad civil, de recuperación de cartera; hay abogados que acompañan también las demandas propias de la liquidación", manifestó.

Y frente a si contrató los servicios de un arquitecto, recalcó que no esa persona es economista de profesión, y que laboró por una asesoría prestada. "Me imagino que también le dijeron que cuando Mandato Salud y Comfenalco estuvieron de acuerdo con que la caja fuera la fideicomitente, le pagué honorarios por servicios jurídicos y de tesorería. Cuando cambié el esquema, les pagué a otros", concluyó el mandatario Gómez.

La marcada división de posturas también está ligada a un tema que se deja entrever en los puntos ya mencionados: y es si un privado es el competente para manejar los remanentes del proceso de liquidación, pues se ha dicho que deben estar bajo la custodia de lo público. De acuerdo a Jorge Alejandro Gómez, hay un concepto de la a de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) que dice que cuando se trata de recursos públicos sí son vigilados por ellos, pero cuando son propios, no.

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"Los mandatarios no istramos los recursos del sistema de seguridad social en salud, el único es la Adres, lo único que istramos es el activo propio de la masa liquidatoria", dijo Gómez, quien llama la atención sobre por qué la Superintendencia de Subsidio Familiar es la que tiene el ojo puesto en la caja, ya que a su parecer la ley es clara en que debe ser la Superintendencia de Salud.

Paralelo a esta situación, EL TIEMPO conoció una denuncia que la Supersubsidio interpuso este febrero contra Gómez y otras personas por supuestas irregularidades en la ejecución de un proyecto llamado “Nueva sede Turbo”, sede de Comfenalco en ese municipio. En el documento de 29 páginas hay varios hechos en los que se resalta que en la revisión de lo que atañe a esa obra, se "observó en la ingeniería de detalle, actividades que se encuentran incluidas en los planos, pero no en el presupuesto entregado del muestreo evaluado, adicionalmente, se identifican ítems en presupuesto, con cantidades inferiores a las calculadas según los planos". 

Ante esto, el denunciado subrayó que el pasado jueves su abogada le informó que en el SPOA de la Fiscalía hay una denuncia en su contra por presunta istración desleal, pero que no tiene detalles de si se trata de algo relacionado a Turbo, pues no conoce del documento de la Superintendencia. Eso sí, resaltó que "hay un proceso en el Juzgado 3 Civil del Circuito en el que Comfenalco demandó la nulidad de la cesión del contrato de fiducia con Mandato Salud, ¿qué dije yo?, que estoy a tiempo para contestar".

Para el actual director de Comfenalco Antioquia, está todo dado para que la Superintendencia de Subsidio Familiar levanté la intervención de hace un año. Según él, los números están en verde y se ha venido transformando la oferta que ofrece la caja con planes para todos sus afiliados. 

"Nueve meses después estamos en 10,34 por ciento en el indicador de subsidio a la demanda (la recibió en 1,7 por ciento). En las cajas no se habla de utilidades, se habla de remanentes. A agosto de 2023 teníamos remanentes por 8.120 millones de pesos, nosotros nos presupuestamos y este año vamos en 20.534 millones. Es decir, lo triplicamos".

Para este directivo, se debe cuestionar qué estaba pasando con la plata años atrás, ya que por el concepto conocido como saldo para obras se pasó de 10.347 millones de pesos en diciembre de 2023 a 21.309 millones en agosto pasado. "Esto sí demuestra la sostenibilidad del negocio", concluyó Gallego, añadiendo por último que el ebitda está en 31.055 millones de pesos. 

Con esta puja, que tiene hechos puestos sobre la mesa de fiscales, superintendentes, mandatarios y directivos de Comfenalco Antioquia, se espera que la Superintendencia de Subsidio Familiar dé a conocer qué pasará con la intervención ordenada hace un año, en días en los cuales sigue la incertidumbre porque no se ha nombrado en esa entidad a una cabeza, ya que Luis Guillermo Pérez fue sancionado hace meses por la Procuraduría General de la Nación. 

Carlos López - Redacción Justicia - @CarlosL49 - [email protected]