Cada 33 minutos un niño es atendido en Medicina Legal por presunto delito sexual: el fenómeno detrás de las cifras

Los presuntos abusos cometidos por Freddy Castellanos, uno de los maestros del Hogar Infantil Canadá sede F (Bogotá), contra al menos 12 niños menores de 5 años volvieron a poner los reflectores sobre una problemática que se resiste tanto a los agravantes punitivos como a la condena social.

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Entre enero y marzo de este año, Medicina Legal les ha practicado exámenes a 464 pequeños de entre 0 y 5 años; 353 eran niñas.

En total, durante el primer trimestre, esta entidad atendió a 3.893 menores de 18 años como presuntas víctimas de delitos sexuales. Es decir, 43 casos por día; 1.994 eran mujeres adolescentes entre los 12 y los 17 años.

Como en el jardín infantil en Bogotá, varios depredadores se han infiltrado en colegios y escuelas.

José Luis Lemos Vélez, un profesor de natación de 47 años, aprovechando su autoridad habría agredido sexualmente a tres menores de edad de 8, 9 y 15 años que estaban bajo su instrucción, en la Liga antioqueña.

De acuerdo con las pruebas en poder de la Fiscalía, el presunto abusador habría hecho tocamientos a las niñas en varias oportunidades. Lemos Vélez fue imputado por los delitos de acto sexual violento y actos sexuales con menor de 14 años.

En abril de 2024, también en la capital de Antioquia, la Procuraduría profirió cargos contra Henry Alonso Vargas, profesor de Sociales y Filosofía del colegio Lucrecio Jaramillo Vélez, por presuntos actos sexuales abusivos contra tres menores de edad. En su expediente se le anotan supuestos os con sus estudiantes a través de un perfil falso de Facebook, a quienes les pedía fotografías en ropa íntima o desnudas. Los abusos escalaban en los salones de clase, donde, presuntamente, les hacía tocamientos indebidos y abusaba sexualmente.

Este tipo de denuncias inundan los despachos judiciales en otras grandes ciudades como Cali, donde en 2023 algunas estudiantes de la institución educativa Santa Isabel de Hungría también denunciaron haber sufrido abusos, según su testimonio, de los mismos compañeros en grados más altos.

Sin embargo, la realidad de estos delitos desborda las aulas de clase y se reproduce, de forma casi inadvertida, tras las puertas de los hogares, donde los abusadores toman la cara de un familiar o persona cercana.

Bogotá, Antioquia y Valle ranquean las ciudades con mayor número de exámenes medico-legales practicados a niños por sospecha de abuso sexual o carnal.

Las cifras de los procesos abiertos a nivel penal, a donde llegan, además de las violaciones, los casos de acoso, el estímulo a la prostitución, el proxenetismo y la pornografía con menores de 18 años, duplican el registro de Medicina Legal.

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De acuerdo con un informe de la Judicatura al que tuvo EL TIEMPO, en 2024 ingresaron al sistema 41.298 denuncias y, de enero a marzo de este año, han entrado 7.789.

El porcentaje de las investigaciones que culminan en sentencia, comparado con los ingresos, es apenas del 8 por ciento. Y de las condenas, del 5 por ciento. Los delitos más perpetrados son los actos sexuales con menor de 14 años, seguidos del carnal abusivo con menor de 14 años.

Para todos los delitos de índole sexual contra niños la ley contempla agravantes punitivos que obligan a encerrar a los agresores hasta 60 años.

Esta fue la pena que le impusieron el pasado 2 de mayo a Brayan Campo, el feminicida de Sara Sofía Delgado, una niña de 12 años cuyo nombre estuvo en los padrenuestros de todo el país durante los 18 días que estuvo desaparecida.

Su cuerpo fue encontrado en un cañaduzal de Candelaria, Valle, el mismo municipio donde fue raptada, abusada y asesinada por el hombre de 32 años que atendía una tienda de mascotas y que ahora tendrá que pasar casi el resto de su vida tras las rejas.

Aunque la ley contempla sanciones ejemplarizantes como esta, las cifras reflejan que no todos los casos terminan en condena. Según la doctora en Psicología y experta en niñez Mónica Vejarano, muchos ni siquiera son denunciados, cubiertos por el velo del tabú o por los lazos familiares.

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La condena social también se ha agudizado, incluso cruzando el límite de lo punible cuando una sociedad enardecida decide hacer justicia por mano propia contra el presunto agresor, un delito que ha acompañado muchos casos de abuso sexual contra niños y niñas, y que representa otro desafío para las autoridades.

De acuerdo con las cifras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), hasta el 31 de marzo de este año se abrieron 4.375 procesos de restablecimiento de derechos de niños y niñas por presunto delito sexual.

El indicador ha mostrado un comportamiento fluctuante en los últimos tres años: 19.065 procesos en 2022, 16.946 en 2023 y 18.746 en 2024.

Para la experta Mónica Vejarano, este resultado es consecuencia de campañas de prevención superficiales.

“No estamos trabajando en el interior de los hogares. El recurso que se invierte no es suficiente para prevenir. Es más fácil encontrar una campaña contra la comida chatarra que una que alerte y haga pedagogía sobre el abuso sexual de menores”, aseguró.

Asimismo, resaltó que no existe un método de prevención 100 por ciento eficaz, aunque sí hay ciertas conductas que pueden dar indicios. A raíz de las denuncias presentadas en el Hogar Canadá, en Bogotá, el ICBF anunció que basará en ellas los nuevos parámetros de contratación.

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“Nuestros directores regionales, en algunos casos, piden entrevistas; en otros, no. Vamos a unificar estas medidas, estableciendo pruebas de rasgos de personalidad que vamos a aplicar en todos nuestros operadores”, explicó la directora del ICBF, Astrid Cáceres.

Redacción Justicia