Beneficios para la gente que trae reforma de la justicia, según sus autores

Antes de que el proyecto de reforma de la justicia llegue a la Cámara el próximo año, sus principales impulsores se reunieron ayer en Barranquilla para hablar de los pormenores de la iniciativa que busca que el sistema penal sea más eficaz y reparador para las víctimas, y a su vez disminuya la impunidad y la congestión judicial.

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El escenario para ello fue el foro organizado por EL TIEMPO y el Senado, en el que participaron el presidente de esta corporación, Efraín Cepeda; la fiscal Luz Adriana Camargo; el presidente de la Corte Suprema, magistrado Gerson Chaverra; la procuradora Margarita Cabello y los congresistas Paloma Valencia, Carlos F. Motoa y Andrés F. Jiménez.

El anfitrión fue el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, quien afirmó que su región está comprometida con mejorar el modelo de justicia, incorporando la inteligencia artificial. Él les dio paso a los invitados, que discutieron en dos es sobre los beneficios que traerá esta reforma al ciudadano de a pie, que se muestra pesimista porque a veces la justicia no opera.

Efraín Cepeda resaltó que esta es una de las propuestas más importantes en materia de justicia que ha llegado al Congreso, y que el Senado, la Corte, la Fiscalía y el Ministerio de Justicia están unidos para sacarlo adelante a inicios del 2025. Al hablar de la necesidad de su implementación, indico que los procesos penales pueden demorarse hasta 11 años.

“En 2023 se radicaron más de 1,9 millones de noticias criminales, cerca del 57 % de ellas fueron archivadas en la etapa de indagación. Y en total, de cada 10 denuncias, el 85 % terminan archivadas, no lograron tener un avance. Lo que refleja un sistema congestionado”. A modo de ganancia, Cepeda dijo que si se fortalece la justicia, se fomenta el crecimiento empresarial y el desarrollo.

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Por su parte, Margarita Cabello destacó que la reforma incluye el beneficio de las víctimas con “la reparación integral como forma de extinción de la acción penal. En algunas conductas puede extinguirse para los imputados cuando se repare el daño causado”.

Andrés Mompotes, director de EL TIEMPO, moderador del primer , le pidió a la fiscal Camargo explicarle a la gente, con un caso común, qué cambio va a traer la reforma si llega a aprobarse. La jefa del ente acusador dijo que un escenario para resumirlo es la extorsión. “Esperaríamos, a través de la justicia negociada, que podamos a partir de la detección de esos primeros eslabones de una organización criminal, escalar en el verdadero corazón de los que están dedicados a la extorsión”, explicó Camargo.

Y resaltó que “lo que se busca es equilibrar el sistema acusatorio, que con el paso de los años perdimos a partir de estas restricciones legales que se le pusieron a la justicia negociada”.

Gerson Chaverra, presidente de la Corte, subrayó que “a partir de un diagnóstico histórico del sistema penal acusatorio, los resultados no son ideales porque tenemos una justicia con altos índices de impunidad, atravesando una congestión impresionante que sin duda hemos podido ver desde la Corte. Eso obedece a que hay un mal entendimiento del sistema”.

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Y frente a la pregunta de qué puede pasar en las negociaciones que se den con grupos terroristas en el ámbito penal, el magistrado apuntó a que “en la reforma se procura levantar una limitación legal que hay respecto a un sinnúmero de delitos, entre esos la extorsión, el terrorismo y la financiación al terrorismo, que tienen prohibición de la figura negociada de terminar anticipadamente por razón de los preacuerdos o allanamientos”.

Por eso, con la reforma de la justicia se busca que se levante la restricción y así se pueda generar un incentivo al capturado que lleve a que delate a los cabecillas de la red. Además, hizo énfasis en que con el articulado quieren volver al origen del sistema acusatorio, en el que no había restricciones para negociar.

Frente a los hurtos, otro flagelo que diariamente padece Colombia, Chaverra resaltó que las víctimas tienen que esperar muchos años para ser reparadas. Por eso, quieren que el afectado pueda declararse indemnizado sin que pase mucho tiempo.

En esa línea de descongestionar el sistema, el presidente de la Sala Penal, el magistrado Diego Corredor, habló del papel que pueden jugar los fiscales a la hora de resolver un conflicto. Tarea sobre la cual dijo que la Fiscalía está comprometida a promover esta figura.

El magistrado Fernando Bolaños contó que “cuando en las instituciones se logra transmitir la idea según la cual es preferible llegar a una solución pronta y que le interese al ciudadano, quizá de esa manera es posible un sistema premial, una sentencia anticipada que satisfaga esas pretensiones”. Sus preocupaciones giran en torno a que la gente se indigna cuan do un capturado queda libre por vencimiento de términos.

Sobre la inasistencia alimentaria, uno de los delitos que más sobresale en los problemas familiares, Chaverra afirmó que se busca llegar a un diálogo negociado entre los involucrados. Además, dijo que entendió los puntos del Senado al oponerse a que quienes cometan delitos graves contra la infancia pudieran negociar: “no era conveniente insistir en esa iniciativa”.

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Al cierre del , el magistrado Corredor hizo un llamado para que todas las instituciones trabajen en frenar la revictimización a niñas, niños, adolescentes y mujeres. Según él, se deben propiciar “políticas públicas para enfrentar esta violencia que nos está afectando como grupo social”.

El segundo momento del foro fue para tres congresistas que han examinado a fondo el proyecto de ley. Moderados por Ana Cuesta, editora judicial de EL TIEMPO, Paloma Valencia, Carlos Fernando Motoa y Andrés Felipe Jiménez mencionaron la importancia de implementar la reforma, y dejaron apreciaciones de sus beneficios y aspectos para mejorar en otras iniciativas.

Motoa confesó que el artículo eliminado (el de negociar con delincuentes que abusen de la infancia) generó un intenso debate en el Senado. Para él, “enviar el mensaje de conceder subrogados penales en esa línea tan protegida frente a los niños no era del acompañamiento del Congreso”.

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Una posición similar sostuvo la senadora Valencia, quien añadió que el clamor de la gente es que no haya impunidad.

Precisamente, para combatir ese problema Motoa dijo que los operadores judiciales tienen que tener más herramientas. “Ahí hay tres elementos importantes que se aprobaron en reforma: la reparación integral, la prueba anticipada, y los delitos de extorsión y terrorismo”.

Por su lado, el representante Jiménez habló de aspectos de la justicia que pueden ser tocados en otras reformas como el ciberacoso en la infancia; y Valencia resaltó la necesidad de llevar a cero la impunidad.

El foro cerró con mensajes como el del senador Motoa –uno de los ponentes del proyecto–, quien subrayó que con la propuesta se gana en garantías para las víctimas a la hora de repararlas sin un desgaste de muchos años en los estrados.

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Carlos López - Redacción Justicia