Fiscalía pidió protección a testigos de caso del general Romero

General Jorge Romero es investigado por contratos irregulares. Fiscalía pide que vaya a cárcel.

Audiencia de imputación al general Jorge Romero, excomandante de la Cuarta Brigada del Ejército. Foto: EL TIEMPO

PERIODISTA12.08.2019 08:37 Actualizado: 12.08.2019 12:52

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Este lunes se reanudó la audiencia en el Tribunal Superior de Bogotá en la que se definirá si el general Jorge Romero Pinzón, excomandante de la IV Brigada del Ejército, irá a prisión mientras continúa el proceso en su contra por presuntos hechos de corrupción en el Ejército.

En la audiencia la Fiscalía y la Procuraduría pidieron que sea enviado a prisión. La diligencia fue suspendida y continuará a las 3 de la tarde de este lunes con la decisión del magistrado sobre la medida de aseguramiento.

Romero fue capturado el jueves pasado en Bogotá y, el viernes, la Fiscalía le imputó cargos por hechos como supuestos acuerdos para cobrar el 10 por ciento del valor de los contratos, colectas entre unidades militares para justificar licitaciones por productos que no fueron entregados y hasta una estrategia para entorpecer la investigación de la Fiscalía.

Este lunes, la Fiscalía le solicitó al magistrado medidas de protección a los testigos que han declarado en el caso, puesto que, dijo el ente acusador, este fin de semana testigos fueron abordados en Medellín por de la Inspección General del Ejército.

La Fiscalía detalló que personas adscritas a la inspección general se trasladaron a Medellín y abordaron a dos de los testigos para pedirles informes sobre lo que han contado. "Abordar a los testigos les generó preocupación. Ellos están activos aún en el Ejército lo que los hace vulnerables a afectaciones en su desarrollo laboral", dijo la fiscal.

De otro lado, la defensa del general Romero rechazó las afirmaciones de la Fiscalía de que por "línea de mando" sea el general Romero quien debe responder por las irregularidades presentadas en la IV Brigada del Ejército, con sede en Medellín.

La abogada dijo que en la Brigada la responsabilidad del general era solo operativa, que él no tenía nada que ver con la parte istrativa que era dirigida por el segundo comandante o jefe de Estado Mayor, que en 2016 era Heiber Norberto Dueño, dijo la defensa, quien es una de las personas que rindió las declaraciones a la Fiscalía.

"Tendríamos que la responsabilidad del comandante en este caso en la Cuarta Brigada es operacional, por eso no puede estar ocupándose de los aspectos istrativos”, dijo la abogada.

La Procuraduría apoyó la petición de la Fiscalía de privar de la libertad en una cárcel al general Jorge Romero Pinzón. La delegada de la Procuraduría indicó que se evidenció que hubo un grupo de personas, entre militares y particulares, que se pusieron de acuerdo para adjudicar contratos irregularmente y lograr beneficios económicos.

En la audiencia del viernes pasado, el ente acusador señaló que habría más generales involucrados en esta red de corrupción a la que habría pertenecido el general Romero, llamado a calificar servicios hace menos de un mes, y que ese entramado seguía funcionando hasta hace tres semanas.

Para el ente acusador, con la captura de nueve personas, entre militares, exmilitares y contratistas, el 23 de julio se pudieron frenar las acciones irregulares de la red que habría logrado adjudicar con trampas contratos por 3.296 millones de pesos.

La fiscal añadió que por la línea de mando en la Cuarta Brigada de Medellín, el general Romero era quien daba el direccionamiento de los contratos.

Abordar a los testigos les generó preocupación. Ellos están activos aún en el Ejército lo que los hace vulnerables a afectaciones en su desarrollo laboral

Además, el ente acusador señaló que Romero intentó obstruir la investigación en su contra, pues cuando el general fue notificado de la investigación se detectó que un hombre de su confianza sacó documentos claves que “los hundirían a todos”.

Además, añadió la Fiscalía, el oficial estuvo monitoreando los movimientos de los testigos e, incluso, de los investigadores, “haciendo seguimientos a las personas que estamos cumpliendo con este deber constitucional”.

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