Dentro de los llamados a a declarar por la Fiscalía en el caso de Hidroituango está el empresario antioqueño Álvaro Villegas Moreno, quien, para la época de la adjudicación del contrato para construir la hidroélctrica, era uno de los de la junta directiva de Hidroituango.
Villegas Moreno, exgobernador de Antioquia y constructor, es además el fundador de la firma CDO, constructora del derrumbado Edificio Space, en el barrio El Poblado de Medellín, hecho que causó la muerte de 12 personas.
Por el homicidio culposo de Juan Esteban Cantor, único residente que murió en tras el derrumbe, su hijo Pablo Villegas Mesa, quien aparecía como representante legal de CDO, fue condenado a 51 meses de prisión.
Antes de los hechos del Edificio Space, Villegas Moreno era uno de los ingenieros más reconocidos de Antioquia. Y durante varios años se desempeñó como presidente de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros.
Fue dos veces gobernador de ese departamento, antes de que hubiera elección popular de alcaldes y gobernadores. La primera vez fue designado por el presidente Julio César Turbay, y la segunda, por Belisario Betancur.
Villegas Moreno fue también alcalde de Medellín, Secretario de Hacienda y de Obras, concejal y senador de la República. Fue incluso presidente del Senado, además de representante de Colombia ante la ONU.
Dentro de la investigación por las presuntas irregularidades en Hidroituango, la Fiscalía encontró que el contrato fue adjudicado 'a dedo' a Empresas Públicas de Medellín (EPM). Dice que hubo celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales.
Por esos hechos, el ente acusador también llamó a interrogatorio a Luis Guillermo Gómez, gerente de Hidroituango, y a Luis Javier Vélez Duque, gerente de EPM-Ituango, para la época de los hechos.
Además fueron citados Ana Cristina Moreno Palacios, exdirectora del Departamento istrativo de Planeación de Antioquia; Hugo Alejandro Mora Tamayo, exsecretario general del Instituto para el Desarrollo de Antioquia, IDEA; Juan Felipe Gaviria Gutiérrez, exgerente de EPM; Jesús Arturo Aristizábal, exmiembro suplente de la junta directiva de Hidroituango; Maximiliano Valderrama Espinosa, asesor de estructuración de inversiones del IDEA; Luis Javier Vélez Duque, en calidad de gerente EPM- Ituango y exdirector del proyecto de Hidroituango, y Juan Esteban Calle Restrepo, exgerente de EPM.
Cinco líneas de investigación
Por las presuntas irregularidades en el proyecto hidroeléctrico, la Fiscalía tiene abiertas cinco líneas de investigación desde comienzos del año pasado.
Las investigaciones abarcan desde el proceso de contratación hasta la adjudicación de la obra.
En enero del año pasado se abrió investigación sobre presuntas irregularidades con incidencia penal en la fase precontractual de la adjudicación del proyecto y en la celebración de los contratos, así como en los procesos de diseño, construcción y ejecución de la obra y sus adiciones a través de otrosíes.
El proceso de contratación culminó con la adjudicación del contrato de obra pública de construcción de la presa, la central de máquinas y varias obras asociadas al mismo, al Consorcio CCC Ituango, conformado por las firmas Camargo Correa, Coninsa Ramón H. y Conconcreto, en desarrollo del proyecto.
Dentro de la investigación se ha establecido que en la ejecución del contrato se incluye la construcción del túnel del Sistema Auxiliar de Desviación (SAD), que ha sufrido inconvenientes.
Igualmente se investigaba el contrato que hace parte de Pescadero – Ituango, cuyo objeto corresponde a la construcción de varios túneles para la desviación del río Cauca.
Desde febrero de 2017, la Fiscalía investiga a Hidroituango con ocasión de las denuncias presentadas por el movimiento Ríos Vivos, que dan cuenta de posibles afectaciones al medio ambiente. Este proceso avanza en la Dirección Especializada de Derechos Humanos.
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