Las investigaciones que tienen en vilo al proyecto Hidroituango

Desde que el proyecto hidroeléctrico Ituango entró en una contingencia, a finales de abril de 2018, se empezaron a conocer una serie de investigaciones que desarrollan distintas instituciones con el fin de detectar presuntas irregularidades desde los procesos de contratación hasta la adjudicación de la obra, pasando por el cumplimiento de medidas ambientales.

Este miércoles 27 de febrero se conocieron las primeras decisiones de la Fiscalía General de la Nación en el proceso penal que adelanta por el caso Hidroituango. Desde el año pasado el ente acusador desarrolla cinco líneas de investigación relacionadas con la hidroeléctrica, desde el proceso de contratación hasta la adjudicación de la obra.

En enero del año pasado se abrió investigación sobre presuntas irregularidades con incidencia penal en la fase precontractual de la adjudicación del proyecto y en la celebración de los contratos, así como en los procesos de diseño, construcción y ejecución de la obra y sus adiciones a través de otrosíes.

El fiscal Néstor Humberto Martínez indicó que se encontraron evidencias de irregularidades en la primera fase relacionada con el mismo proceso de adjudicación de la obra. Por esos hechos, la Fiscalía decidió imputar cargos a Luis Guillermo Gómez, gerente de Hidroituango, y Luis Javier Vélez Duque, gerente de EPM-Ituango, para la época de los hechos.

Se citó a interrogatorio a Álvaro Villegas Moreno, Ana Cristina Moreno Palacios, Hugo Alejandro Mora Tamayo, Juan Felipe Gaviria Gutiérrez, Jesús Arturo Aristizábal, Maximiliano Valderrama Espinosa, Luis Javier Vélez Duque (en calidad de gerente EPM Ituango) y Juan Esteban Calle Restrepo (gerente de EPM E.S).

Entre tanto, la Contraloría General de la República asumió por completo las investigaciones sobre Hidroituango mediante una medida denominada control excepcional para los recursos propios que financiaron el Proyecto Hidroituango. Así lo dejó saber el ente de control mediante cartas enviadas, respectivamente, a las contralorías de Antioquia y Medellín para que se abstuvieran de seguir las investigaciones que estuvieran realizando sobre la megaobra.

Justamente, este 27 de febrero, en una audiencia preventiva que se realizó en Medellín, el contralor general, Carlos Felipe Córdoba, dejó claro que Hidroituango es vital para el país, pero que quienes tomaron malas decisiones tendrán que pagar.

"No estamos dispuestos a tolerar ni validar malas planificaciones, malas contrataciones. Hay más de 200 contratos que suscribió EPM, entre 2011 y 2017, que serán materia de revisión por parte de la Contraloría General, de los cuales 77 aún se encuentran en ejecución, 14 ya fueron liquidados, 2 están en estado de suspensión, 106 terminados y uno en trámite de declaratoria de incumplimiento.", expresó el contralor.

De igual forma, indicó que examinarán los contratos por 2,9 billones para construir la presa, la casa de máquinas y los túneles, para determinar si hubo fallas y presuntos detrimentos.

En agosto del año pasado, la Contraloría dio a conocer detalles de una auditoría de cumplimiento, en la que determinó “graves errores en el proceso de licenciamiento ambiental y en el desarrollo constructivo del Proyecto Hidroeléctrico de Ituango”.

De hecho, reveló 35 hallazgos, 29 con presunta incidencia disciplinaria y 8, penal relacionados con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla). Además, concluyó que, “por la falta de estudios detallados, a lo largo de la ejecución, Empresas Públicas de Medellín (EPM) tomó decisiones sin el sustento técnico suficiente”.

Entonces, la multilatina emitió un comunicado respondiendo a los señalamientos, en el que afirma que “el proceso de construcción y desarrollo del proyecto hidroeléctrico Ituango siempre ha estado acompañado por las autoridades competentes”.

La Contraloría de Antioquia ya había iniciado procesos de control en 2017 y 2018. En total había 11 procesos de los cuales 5 estaban aperturados y 6 en indagación preliminar. Los aperturados ya estaban en etapa probatoria, se habían recibido declaraciones, pruebas documentales y estaban en la etapa de garantizar el debido proceso en su trámite. Ya con esta situación, todos los procesos fueron trasladados a Bogotá.

Asimismo, por el daño ambiental y las decisiones que se tomaron en el proyecto Hidroituango, la Procuraduría abrió una investigación disciplinaria contra la junta directiva de EPM y funcionarios de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla).

"Prácticamente se secó el río Cauca y eso ha generado un daño que muchos sostienen que es irreparable", dijo Fernando Carrillo, procurador General, quien agregó que este proyecto afecta a cuatro departamentos, ha causado afectaciones a más de 20.000 familias de pescadores, la obra tiene un retraso de por lo menos 3 años y un costo de recuperación de más de 2 billones de pesos.

Vale recordar que en días pasados, tras el cierre de las compuertas de casa de máquinas, el caudal del río Cauca disminuyó dramáticamente aguas abajo, lo que ocasionó la muerte de más de 80.000 peces y afectó los ecosistemas.

Carrillo expresó que EPM debe levantar la reserva de los estudios técnicos sobre Hidroituango que se entregaron desde el año 2009, porque este es un proyecto de interés nacional. Asimismo, dijo que presentarían "una acción popular ante el Tribunal istrativo de Cundinamarca, junto con los gobernadores de las regiones afectadas, para que haya decisiones de la justicia sobre cómo proteger las poblaciones y el medioambiente y garantizar la reparación del daño causado".

En cuanto a investigaciones ambientales, hay 13 procesos por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), de los cuales ya uno falló en contra de EPM y deberá pagar 2.600 millones de pesos por presuntas faltas a la licencia ambiental en la construcción de una vía de a la obra. Dicha decisión será apelada.

MEDELLÍN