Alcaldes alertan por riesgos si Uspec suspende el suministro de comida a presos en URI

Procuraduría pidió a mandatarios locales planes logísticos para garantizar alimentación de internos.

Hacinamiento en estaciones de Policía de Candelaria y Uri de Puente Aranda Foto: Sergio Acero Yate. El Tiempo

PERIODISTA05.07.2023 11:51 Actualizado: 05.07.2023 11:59

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La decisión de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) de interrumpir el servicio de alimentación que viene dando en Centros Transitorios de Detención y URI en todo el país, a partir del próximo 31 de julio de 2023, prendió las alertas de alcaldes en todo el territorio nacional.

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Según la Uspec, la entrega de alimentos se suspenderá en concordancia con una sentencia de la Corte Constitucional de 2022, que asignó dicha responsabilidad a las entidades territoriales.

Sin embargo, Asocapitales y Asointermedias, que reúnen a los mandatarios de ciudades capitales e intermedias, advirtieron que esa decisión pone en riesgo los derechos fundamentales de los detenidos y se aparta de lo establecido por la Corte Constitucional, que habló de la obligación de asesorar, acompañar y cofinanciar a las entidades territoriales.

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Hacinamiento estación de policía de Usme Foto:Mauricio Moreno. EL TIEMPO

Mediante un comunicado, Asocapitales y Asointermedias sostuvieron que la Uspec no solo tiene la obligación legal, sino que tiene el presupuesto suficiente para garantizar la alimentación en estos centros.

“En 2023, le fueron asignados $647 mil millones de pesos para la alimentación de las personas privadas de la libertad incluidas las que se encuentran en las URI y estaciones de policía”, señalaron.

Añadieron que de las 22.000 personas que están en URI, estaciones de policía y centros transitorios, 1.600 ya están condenadas y deberían, por tanto, estar en las cárceles nacionales, lo cual no está sucediendo.

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También indicaron que las ciudades capitales han tenido que asumir la custodia de incontables personas de otros municipios y que este debería ser un trabajo coordinado con las gobernaciones.

La alerta sobre el tema de los alimentos la lanzó también la Procuraduría General de la Nación, que solicitó al Ministerio del Interior, al de Justicia, a las gobernaciones y alcaldías del país, presentar sus planes logísticos, istrativos y cronogramas de implementación para para garantizar el suministro de alimentación en los centros de detención transitoria en cada departamento y municipio del país.

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El procurador Delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento Olarte, será quien verifique la respuesta de las entidades territoriales frente a esta contingencia y, adelantó que se tomarán las medidas preventivas o disciplinarias necesarias para que se asegure la alimentación y los derechos humanos de las personas recluidas en estos centros.

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