Xenofobia y discriminación, barreras para que venezolanas aborten en Colombia

Una investigación realizada por la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres reveló que las mujeres migrantes venezolanas o refugiadas que están en Colombia enfrentan barreras para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo como la xenofobia, la discriminación, la petición de documentos sobre su estatus migratorio y otras que también enfrentan las colombianas como falta de información, entre otros.

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La investigación, realizada con apoyo de Oriéntame y Médicos del Mundo –Francia, se basó en el caso de las venezolanas en Bogotá, Cúcuta, Soacha e Ipiales entre los años 2018 y 2021, en el contexto del aumento de la migración desde el vecino país y de la pandemia de covid-19.

En ese sentido, los datos tienen que ver con un escenario en el que el aborto era legal solo en tres causales, dado que el fallo que lo despenalizó hasta la semana 24 es de febrero de este año.

Se hicieron visitas de campo, entrevistas a migrantes, a profesionales de salud, grupos focales y se pidió información a 43 entidades del orden nacional. El documento conocido por EL TIEMPO indica que las mujeres migrantes y refugiadas venezolanas se enfrentan a un marco restrictivo y discriminatorio para el a la prestación del servicio de IVE, producto de su condición migratoria.

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La autora del informe Juliana Martínez Londoño, doctora en Ciencias Humanas y Sociales y exsecretaria de Mujeres en Medellín, dijo que las barreras están basadas en prejuicios y estigmas sobre el aborto, a las cuales se añada la xenofobia y los patrones culturales que influencian las prácticas en torno a la salud, la sexualidad y la reproducción.

En primer lugar el informe documenta que por por la crisis que se vive en Venezuela, para 2021, en Colombia se encontraban 1.842.390 migrantes provenientes de ese país, 344.688 en condición regular, 1.182.059 en proceso de regularización y 315.643 en condición irregular.

A agosto de 2021, la mayor cantidad de población venezolana se encontraba en Bogotá (21.37 %), Antioquia (14.34 %), Norte de Santander (8.91 %), Atlántico (7.6 3%) y Valle del Cauca (7.15 %).

Entre 2018 y 2021, la Mesa acompañó a 154 mujeres en procesos de aborto de las cuales, el 73 por ciento tenían entre 15 y 29 años, vivían en Cúcuta, Bogotá y Tibú y casi todas no tenían ni resuelta su situación migratoria ni servicio de salud. Por cuenta de barreras para acceder el servicio, el 86 por ciento superó las 20 semanas de gestación, el 66 por ciento logró el aborto y el 12 por ciento desistió.

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Por su parte, Oriéntame atendió en este mismo período a 3.051 mujeres nacidas en Venezuela, presentándose un aumento constante año tras año, aun durante la pandemia.

Estas mujeres en su mayoría eran jóvenes entre los 20 y los 24 años (35.2 %), y entre los 25 y los 29 (27.3 %) y residían principalmente en Venezuela, Bogotá, Medellín y Cúcuta. El 81.7 % no estaba afiliadas al sistema de salud lo que condujo a que el 40.8 % accediera mediante subsidio de Oriéntame y sus donantes, el 34 % costeara de manera particular el procedimiento, y las EPS cubrieron un porcentaje menor (3.5 %).

“El 97 por ciento de los casos se inscribían en la causal salud. El 75 por ciento de las mujeres atendidas tenían menos de 12 semanas de gestación, 12 por ciento tenía entre 13 y 20 semanas y un 1.7 por ciento entre 21 y 24 semanas”, dice el reporte.

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A su turno, Médicos del Mundo – Francia, entre julio 2020 y julio 2021, atendió a 27 migrantes venezolanas irregulares en procedimientos de aborto por la causal salud, principalmente en Ipiales, Soacha y Bogotá. Estas mujeres estaban entre los 13 y los 33 años de edad. El 81% se encontraba en el primer trimestre de gestación y el restante en el segundo.

Juliana Martínez Londoño le dijo a EL TIEMPO que en los cuatro años estudiados, la mayor vulnerabilidad de las migrantes, especialmente las que tienen estatus migratorio irregular, se refleja en un recrudecimiento de las barreras, aun cuando comparten varias de estas con las colombianas.

Además, se identificaron dos momentos. En los dos primeros años, de 2018 a 2019, las barreras versaron principalmente sobre documentos que dieran cuenta de un estatus migratorio regular y la negación de los servicios justificada en esto. A partir del 2020, con la pandemia, las barreras se agudizaron para estas mujeres, quienes además estaban en un contexto de mayor empobrecimiento.

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"El hecho que los servicios de salud estuvieran centrados en la pandemia produjo dos efectos. Uno, que las mujeres tuvieran que trasladarse con mayor frecuencia y tuvieran que costearlo por su cuenta y, dos, que la atención se concentró en terceros distintos al Estado, puntualmente en la cooperación internacional y en algunas organizaciones", dijo.

De otro lado, se encontraron barreras relacionadas con el marco legal sobre el aborto en Colombia bien porque las migrantes no sabían que en Colombia el aborto en ese entonces era legal en tres causales (en Venezuela es delito) y que hay una obligación estatal para practicarlo o porque se enfrentaban a interpretaciones sobre el mismo de parte del personal del servicio de salud que pedían documentos innecesarios como conceptos de psiquiatría.

También, por no tener documentos ni estar afiliadas al sistema de salud, las mujeres temían solicitar los servicios e incluso, hubo casos en los que, aun estando regularizadas, no estaban afiliadas, proceso que podía tardarse perjudicando la oportunidad en el . Esto también generaba una barrera en casos de urgencia, en los que a estas mujeres se les debe atender de manera inmediata.

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“La interpretación médica sobre en qué casos la IVE es una urgencia juega un papel importante, no obstante, es pertinente señalar que las decisiones reproductivas deben recaer en las mujeres como sujetos morales”, indica el informe.

De otro lado, se identificaron barreras como la interferencia de la pareja o del grupo familiar en la toma de decisiones, la falta de disponibilidad y de redes para la prestación del servicio en las zonas estudiadas que lleva a desplazamientos y que con ello aumente el tiempo de gestación.

Incluso, hay casos de fallas en casos de violencia sexual, en donde las mujeres temen por represalias de los agresores, cuestionamientos de las autoridades, prejuicios que existen sobre las víctimas de violencia sexual o riesgo de deportación.

De otro lado, el informe destaca que la barreras de a otros servicios de salud sexual y reproductiva de las mujeres migrantes, lleva a que estas personas no cuenten con métodos anticonceptivos, ni siquiera a través de urgencias, “así que las mujeres migrantes irregulares solo pueden acceder a estos en la atención post parto o post aborto sin lograr controlar su fecundidad”.

“En cuanto a la atención del embarazo y el parto, las mujeres refugiadas y migrantes venezolanas con estatus irregular solo logran ser atendidas al momento del trabajo de parto, sin haber tenido , en muchas ocasiones, a controles prenatales", señala el  documento.

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"También se identificaron hechos constitutivos de violencia obstétrica, ya que las mujeres informan haber recibido maltrato tanto con comentarios que cuestionaron sus decisiones reproductivas, como al dejar de ser consultadas sobre los procedimientos médicos llevados a cabo en sus cuerpos”, agrega el informe.

Con este panorama, el informe recomienda concretar una visión integral del a la IVE en relación con estos derechos y que considere los prejuicios y estigmas sobre el aborto, la xenofobia y discriminación de la que es objeto la población migrante, y los patrones culturales que influencian su visión y prácticas en torno a la salud, la sexualidad y la reproducción.

Por eso, recomendó hacer un "trabajo conjunto entre países de la región y la cooperación, de manera que deje de pensarse como un problema aislado. En este sentido, se requiere aumentar la financiación de la atención en salud de la población

migrante con programas específicos en salud sexual y reproductiva".

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El informe dice que como en Colombia el impacto fiscal de la migración en el sistema de salud requiere aumentar la inversión y plantear alternativas creativas para hacerlo, como la que propone el Observatorio Nacional de Venezuela sobre crear una nueva categoría de afiliación para personas migrantes.

Igualmente, indica que es necesario ampliar la regularización de la población migrante y proponer medidas más complejas y de mayor temporalidad en cuanto a garantía de derechos, entre otros.

@JusticiaET