EL TIEMPO estableció que desde el 13 de agosto la Fiscalía radicó un preacuerdo con Roberto Prieto, exgerente de las campañas Santos Presidente, para rebajar a más de la mitad la pena que le espera por enriquecimiento ilícito de particulares, falsedad e interés indebido en contratación.
En efecto, en dos reuniones de alto nivel con funcionarios de la entidad, se puso sobre el tapete que, a cambio de que le quiten el cargo de enriquecimiento ilícito, Prieto aceptaría haber intervenido de manera indebida en el contrato para la Ruta del Sol III con la firma Yuma, de la que hizo parte la empresa Impregilo.
Así mismo, aceptaría el cargo de falsedad en documento privado, que se configuró al haberse extendido una factura falsa por 650 millones de pesos, a través de la empresa Megaland.
Ese habría sido el monto de la coima que Prieto recibió por gestionar el contrato para los diseños del puente entre Plato y Zambrano, Magdalena.
A pesar de que el preacuerdo aparece en la página de la Rama Judicial, EL TIEMPO estableció que está congelado pues la defensa de Prieto dice que el compromiso para seguir adelante era la confidencialidad.
"Por ahora, las partes no seguirán adelante con lo previamente firmado", le dijo a este diario una fuente cercana al caso.
El proceso
En la acusación, la Fiscalía aseguró que en el 2015 Prieto buscó, con la estrategia de ‘tapar huecos’ por gastos electorales, a los italianos de Impregilo y ofreció sus influencias en la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para que lograran mejores condiciones en sus negocios. El expediente dice que aunque debió convocarse una licitación pública para construir ese puente, la ANI firmó ilegalmente un otrosí con el consorcio Yuma.
Según el preacuerdo, el ente acusador accedería a quitarle el cargo que más años de cárcel le significarían a Prieto: enriquecimiento ilícito que contempla penas de 8 años en adelante.
"Si las partes aceptan borrar ese cargo, le quedarían tan solo los que que contemplan penas de 5 años, que si le suman lo que ya lleva detenido, le garantizarían estar libre en menos de tres años", explicó una fuente cercana al tema.
En todo caso, de destrabarse, el preacuerdo debe ser aprobado por un juez de garantías.
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