El pedido de la Defensoría que será clave para definir futuro de exalcalde Suárez Corzo

A una celda del pabellón de funcionarios públicos de la cárcel La Picota llegó hace un par de meses el exalcalde de Cúcuta Ramiro Suárez Corzo, quien paga una condena de 27 años de cárcel por su participación en el homicidio de Alfredo Enrique Flórez, en el año 2003.

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En ese patio -que cuenta con reclusos como Arturo Char e Iván Moreno- precisamente fue en el que el sábado pasado murió el exsenador Mario Castaño, producto de complicaciones en su estado de salud que venían desde hace días. Este diario conoció que justo para estos días, después de esa muerte, se agilizó un trámite que estaba previsto desde antes para que esta semana se atienda a Suárez Corzo, quien ha insistido en que necesita atención médica que en ese lugar, a su parecer, no se le puede brindar.

El requerimiento para que se le garantice ese derecho lo hizo la Defensoría del Pueblo. "Esta delegada realizó requerimiento a Sanitas EPS a fin de que se garantice los derechos fundamentales para la Protección de la vida, la salud y Dignidad humana para el a recibir tratamiento de su apoderado y realice los trámites istrativos pertinentes de manera inmediata para garantizar el derecho a la Salud con oportunidad y calidad", dice el oficio.

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Paralelo a ello, en una carta del 3 de noviembre pasado, la EPS explicó que no era posible enviarle una enfermera o enfermero a la prisión porque él no presenta ninguna condición médica que le permita tal beneficio, por lo que la vía que le queda es el acompañamiento familiar.

La atención a su cliente ha sido requerida varias veces -incluso vía tutela- por su defensa, en cabeza de la firma Alzate Hernández Abogados. En una carta de ellos del 13 de octubre -y citando un reporte de Medicina Legal-, se lee que a Suárez Corzo "no solo se le han incrementado las úlceras por presión (escaras), derivadas de una misma posición, sino que también ha sufrido una serie de impactos en el rostro y brazos, al intentar arrastrarse hasta el baño, que le han dejado cicatrices y evidentes traumas físicos".

Esa situación también se la han comunicado a la dirección de la cárcel La Picota, para que desde allí se brinde la correcta atención, sin embargo, explicaron que la competencia legal para ese trámite está en la EPS del interno.

Como Suárez Corzo comparece ante las autoridades por un proceso que salpica a guardias del Inpec, la Fiscalía General de la Nación lo citó para rendir testimonio a finales de septiembre, este no fue posible porque no había una ambulancia en el complejo carcelario.

Así reza en un documento del ente acusador al que tuvo este diario, en el que se lee que, en efecto, el sentenciado alcalde "no se puede valer por sus propios medios en pabellón Ere mal llamado 'Congresito', en la última celda de una cama sencilla".

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Ramiro Suárez Corzo llegó a Bogotá trasladado desde un hospital de la capital de Norte de Santander por orden de la Dirección General del Inpec, en medio de una controversia porque privado de la libertad y en ese estado de salud, habría dado órdenes electorales en su región para los comicios del 29 de octubre, en la que finalmente perdió su candidato Leonardo Jácome.

Además, otro cuestionamiento giró en torno a que la fiscal que ha escuchado sus versiones pidió que Corzo se mantuviera interno en el hospital de Cúcuta, y no en Bogotá, ciudad en la que ella despacha y por ende le quedaría más fácil escucharlo.

Por último, otro de los episodios que giran alrededor del exmandatario es que los procesos en los que es testigo tienen que ver con corrupción en el Inpec, pues se estarían cobrando varias sumas de dinero a cambio de beneficios. De hecho, en unos audios que reveló este diario, se le escucha a Suárez Corzo reclamarle a un guardia por la instalación de un brazalete de seguridad que le iban a poner, ya que él ya había pagado para no tenerlo.

Con estos antecedentes, se espera que en los próximos días se revise nuevamente el estado de salud del exalcalde para que así las autoridades determinen qué vías tomar, en la que su equipo de abogados busca que se le garantice su derecho con otra medida privativa de la libertad distinta a permanecer en el pabellón de funcionarios públicos de La Picota.

Redacción Justicia

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