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Historia de la estatua humana que puso a responder a generales por crímenes de guerra

La JEP imputó por esos delitos de lesa humanidad a 35 integrantes del Ejército en Huila.

William Andrés Capera Vargas Foto: Archivo particular.

21.11.2023 06:21 Actualizado: 21.11.2023 06:21

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Miller Andrés Blandón Álvarez era conocido como la 'estatua humana', se ubicaba todos los días frente al Palacio de Justicia de Neiva y disfrazado de blanco pedía dinero para poder subsistir.

Él, junto a Juan Diego Martínez y Álvaro Hernando Ramírez, fueron desaparecidos en julio de 2008 por integrantes del Ejército que se hicieron pasar como finqueros de la zona que buscaban mano de obra para recoger una cosecha de café. Se volvió a saber de ellos cuando fueron presentados como supuestos integrantes del frente 13 de las Farc que murieron en un combate.

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Familiar de Miller Andrés Blandón Álvarez durante acto de reparación realizado por Obsurdh. Foto:Obsurdh.

Ese es uno de los 200 crímenes que habrían sido perpetrados por integrantes del Ejército entre 2005 2008, y que pusieron a responder ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a 35 uniformados, entre ellos cinco generales como el excomandante de la institución Jaime Lasprilla Villamizar. Por ejecuciones extrajudiciales ya fue imputado el excomandante del Ejército Mario Montoya.

Según relata el Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos, Paz y Territorio (Obsurdh), Miller Andrés Blandón Álvarez vivía desde los 16 años en Neiva, en donde ganaba dinero vendiendo afiches en la calle.

Luego, un instructor del Sena le enseñó a personificar a una estatua, hasta que logró tener un 'performance' con atuendos elaborados por él mismo y con pintura blanca en su rostro. En el centro de la capital huilense, Blandón exhibía su arte a cambio de dinero que transeúntes le dejaban.

En los hechos, recopilados por la JEP, en julio de 2008 soldados del Batallón de Infantería No. 27 'Magdalena' (BIMAG) se hicieron pasar por finqueros que buscaban mano de obra para recoger café y les ofrecieron ropa para el viaje que los reclutadores habían comprado en Neiva y se les pagó el transporte hasta Pitalito.

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"Se habrían dado instrucciones en torno a qué tipo de personas buscar, para evitar el escrutinio por parte de las autoridades y las familias", dijo la JEP en uno de sus autos.

Finalmente, Miller Andrés Blandón Álvarez, Juan Diego Martínez y Álvaro Hernando Ramírez aceptaron el ofrecimiento con el deseo de ganar un dinero extra, pero sin saber que su vida estaba en riesgo.

Uniformados del Ejército previo a entrar a El Plateado, Cauca. Foto:Alicia Liliana Méndez / EL TIEMPO

Camino hacia Pitalito, la tropa simuló un retén en el que se detuvo y requisó a las víctimas, y se les quitaron los documentos de identidad. Luego, tras los asesinatos a todas las víctimas les fueron implantadas armas. Además, "los comparecientes que reconocieron la ilegalidad del hecho confirmaron que a las víctimas se les cambió de ropa antes de ser asesinadas".

De acuerdo con la JEP, en este caso hubo una "preparación, ejecución y encubrimiento evidencian un alto nivel de planificación" contra personas que "no eran consideradas integrantes o afines al enemigo, sino que eran atraídas o reclutadas por de la tropa o por civiles que, por contraprestaciones económicas, las convencían bajo engaño para ser trasladadas".

El 18 de julio de 2008, los tres hombres fueron reportados como “dados de bajas” en la vereda Jerusalén del municipio de Isnos, Huila, por parte del Batallón Magdalena adscrito a la IX Brigada.

De acuerdo con el periódico La Nación de Neiva, el general William Fernando Pérez Laiseca, quien en ese entonces ejercía el cargo de comandante de esa brigada, dijo en su momento que "el grupo terrorista, al notar la presencia de los soldados, atacaron con arma de fuego, produciéndose como resultado en la reacción la muerte en combate de tres individuos".

La imputación de la JEP

192 de las 264 muertes reportadas por esas unidades militares, entre 2005 y 2008, fueron en realidad homicidios cometidos contra personas fuera de combate.

Esta brigada del Ejército, según la JEP, realizó "acciones contra supuesta delincuencia común o milicias de las Farc en contravía de los lineamientos del DIH, del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y de la doctrina militar", y añadió que "192 de las 264 muertes reportadas por esas unidades militares, entre 2005 y 2008, fueron en realidad homicidios cometidos contra personas fuera de combate".

Ahora, 15 años después, la JEP decidió imputar como máximos responsables a tres antiguos comandantes de la IX Brigada a título de autores por omisión: el mayor general Miguel Ernesto Pérez Guarnizo, el general (r) Jaime Alfonso Lasprilla Villamizar y el brigadier general William Fernando Pérez Laiseca.

Bogotá. 20 de noviembre de 2023. y Magistrados de la JEP como Óscar Javier Parra Vera, Magistrado sala de reconocimiento de verdad, Alejandro Ramelli Arteaga, Magistrado en Movilidad sala de reconocimiento, Roberto Carlos Vida López, presidente de la JEP Y Catalina Díaz Gómez, Magistrada sala de reconocimiento de verdad, entregaron declaraciones, por la imputación de crímenes de guerra y de lesa humanidad a 35 integrantes del Ejército Nacional en Huila, entre ellos a Jaime Lasprilla Villamizar y a otros cuatro generales Foto:Sergio Acero Yate / El Tiempo

Las actuaciones de los tres altos oficiales, dijo la JEP, “transmitieron la percepción de que desde la IX Brigada se permitía el lanzamiento irregular de operaciones para perpetrar homicidios bajo la modalidad de combate simulado y, con ello, que era posible acudir al pago irregular de recompensas para financiarlos. Las presiones se dieron en un contexto de estricta jerarquía militar, falta de un control efectivo y la imposición de las muertes en combate como único indicador de éxito militar”.

Y añadió que más allá de la responsabilidad penal individual que se les atribuye en el subcaso, la Sala de la JEP observa una falla sistémica de las instituciones, militares y civiles, encargadas de la protección de la población en el Huila.

Igualmente se subrayó que, a pesar de la gravedad de los hechos, la Justicia Penal Militar no logró avances significativos.

En la investigación, la JEP señaló que se identificaron varios patrones criminales, como la estigmatización de víctimas mediante señalamientos arbitrarios de pertenecer a un grupo armado, y “la preparación, ejecución y encubrimiento evidencian un alto nivel de planificación. Se buscaba lograr la percepción de ‘debilitamiento del enemigo’ y se alegaba debilidad institucional para la judicialización de los supuestos colaboradores de los grupos armados”.

Ahora, los 35 imputados fueron notificados y tienen 30 días hábiles para reconocer o rechazar los hechos y su responsabilidad para que la JEP decida si programa una fecha para una Audiencia Pública de Reconocimiento de Verdad, al considerar que hay reconocimiento y aporte a la verdad plena.

Juan Diego Torres Lasso

Escuela de Periodismo Multimedia de EL TIEMPO

Redacción Justicia

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