¿Por qué lo que se dijo en imputación contra Sandra Ortiz por caso UNGRD complica al exjefe del Dapre Carlos Ramón González?

En la imputación contra la exconsejera Sandra Ortiz por su presunta participación en el escándalo de la UNGRD, el exdirector del Dapre Carlos Ramón González fue blanco de varios señalamientos que hizo la fiscal María Cristina Patiño a la hora de describir quiénes estarían detrás del entramado de corrupción para saquear a la entidad.

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González, copartidario de Ortiz en la Alianza Verde, sería quien en septiembre del año pasado le ordenó a Olmedo López entregarles a los congresistas Iván Name y Andrés Calle contratos de la UNGRD por 70.000 millones de pesos. Al parecer, a cambio de que en el Legislativo favorecieran las reformas del gobierno del presidente Gustavo Petro.

La promesa, sin embargo, no se materializó. “Debido a la premura con que los congresistas mencionados exigían los recursos, durante septiembre González y López variaron la oferta ofrecida a Name a una suma en efectivo de 3.000 millones de pesos, y a Calle de 1.000 millones”, dijo la fiscal.

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Estas acusaciones contra el exjefe del Dapre -que ha dicho que es inocente- comprometen su situación, y se suman al sonajero de pesquisas que adelantan las autoridades frente a altos funcionarios del Ejecutivo que estarían involucrados en el escándalo. Por su lado, la Corte Suprema documentó cómo el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, tendría relación con otro capítulo de direccionamientos irregulares en la Unidad a congresistas.

La intermediaria en el caso de Name y Calle habría sido Sandra Ortiz, quien supuestamente sacó provecho de su influencia en el Ejecutivo como consejera para las Regiones y el 21 de septiembre, en Casa de Nariño, al parecer le preguntó a Olmedo López si había hablado con Carlos R. González, subrayándole -dijo la Fiscalía- que con ella “solo era lo de Name”. A favor de este hombre, Ortiz le habría solicitado a López, entonces jefe de la UNGRD, una adición de 11.000 millones de pesos de un contrato que se tramitaba en Atlántico. “En esta reunión, González le indicó a usted presentar a Name con Olmedo, para lo cual tenía que organizar un desayuno para el día 25, con el fin de generar confianza, siendo tal su influencia que este hecho se materializó”, dijo la fiscal.

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Luego del encuentro es que habrían venido las entregas, que la Fiscalía tiene soportadas con documentos, testimonios e inspecciones que ha venido haciendo. Es así como el 12 y 13 de octubre, Ortiz supuestamente le llevó a Name los 3.000 millones en efectivo desde el Hotel Tequendama a su apartamento del norte de Bogotá. De tal acusación, que también pesa sobre Sneyder Pinilla, ella se declaró inocente y no aceptó los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias: “presentaron cargos, pero no pruebas”, afirmó, aunque al momento en que la prensa le preguntó sobre el papel que habría jugado Carlos Ramón González en esto, guardó silencio.

Luego de la imputación, empezó la audiencia en la que la Fiscalía anticipó que pedirá enviar a la cárcel a la exconsejera, pero por problemas técnicos en su conexión virtual, la juez la aplazó para el próximo martes.

En otro capítulo del mismo escándalo, la situación para el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, se complica. El expediente de la Corte Suprema contra cinco de las comisiones económicas por supuesta venta de su voto, como lo reveló esta semana EL TIEMPO, compromete al jefe de la cartera como supuesto articulador del plan para entregar contratos de la UNGRD a cambio de apoyos en el Congreso.

Este viernes, Noticias Caracol reveló el testimonio que le entregó a la fiscal María Cristian Patiño su mano derecha en ese proceso: María Alejandra Benavides, quien era su enlace con el Legislativo.

En su declaración ante la fiscal, que tendrá que definir una eventual imputación de cargos contra Bonilla, Benavides lo acusó de presuntamente haberla utilizado para conseguir a como diera lugar el concepto favorable de los congresistas para los empréstitos.

También dijo que el Ministro estaba al tanto de las maniobras que supuestamente hacían Olmedo López y Sneyder Pinilla para direccionar tres proyectos de la UNGRD, por valor de 92.000 millones de pesos, hacia esos parlamentarios. “Todo, absolutamente todo, necesitaba autorización. Todo se necesitaba que él (Bonilla) supiera”.

Carlos López y Deyner Caicedo - Redacción Justicia - [email protected]