Por problemas técnicos, aplazan audiencia en la que Fiscalía pide cárcel para Sandra Ortiz por escándalo de la UNGRD

La exconsejera para las Regiones Sandra Ortiz llega a Paloquemao, en Bogotá, para la imputación en su contra por supuesto lavado de activos y tráfico de influencias. A su entrada al complejo judicial dice a los medios "soy inocente". 

El Juzgado 3 de Control de Garantías instala la audiencia de imputación. Da paso para la presentación de los presentes, empezando por la fiscal María Cristina Patiño, líder de la investigación. Después lo hacen los representantes de víctimas, la defensa, el procurador delegado y la procesada.

La fiscal María Cristina Patiño, delegada ante la Corte Suprema, se refiere a Sandra Ortiz para decirle que va a anunciarle los hechos por los cuales la imputarán por dos delitos, "iniciando por el tráfico de influencias, para luego puntualizar lo relacionado al lavado de activos".

La investigadora empieza a narrar la imputación contra Ortiz, y dice que "en Bogotá, entre septiembre y de diciembre de 2023, Carlos Ramón González, director del Dapre e integrante del mismo partido de Sandra Ortiz, esto es, Alianza Verde, le ordenó a Olmedo López entregar contratos por 60.000 millones a favor del también copartidario suyo y presidente del Senado Iván Name; por un valor superior a los 10.000 millones también para el presidente de la Cámara, Andrés Calle, asuntos que debería atender con Sandra Ortiz. Debido a la premura con que los congresistas mencionados exigían los recursos, durante septiembre González y López variaron la oferta ofrecida a Name a una suma en efectivo de 3.000 millones de pesos, y a Calle de 1.000 millones, dinero que sería obtenido de la contratación de la UNGRD, que Olmedo López entregaría".
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"​El 21 de septiembre, aproximadamente a las 4 de la tarde, a la espera del consejo de ministros, usted, señora Ortiz, abordó a Olmedo López y le preguntó si había hablado con González, aclarándole que 'solo era lo de Name'", añade Patiño. Y al parecer, narra, Ortiz después le pidió a López adicionar con 11.000 millones un contrato que la UNGRD tramitaba en Atlántico. "En esta reunión, González le indicó a usted presentar a Name con Olmedo, para lo cual tenía que organizar un desayuno para el día 25 siguiente, con el fin de generar confianza, siendo tal su influencia que este hecho se materializó", dice la fiscal.

​Efectivamente, el 25 de septiembre, al parecer se concretó la cita, y en ella Ortiz le habría dicho a López que tocaba aumentar el contrato que se ejecutaba en Atlántico, el cual tendría interés de Name, "solicitud reiterada por usted el 19 de octubre siguiente.​
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Para la Fiscalía, al parecer, "creó riesgos jurídicamente desaprobados, idóneos y sustanciales al utilizar indebidamente en provecho del presidente del Senado, valiéndose de su posición prevalente en la Rama Ejecutiva. Usted ejerció influencias indebidas, producto de su importante cargo sobre el director de la UNGRD, entidad funcionalmente dependiente del Dapre, influencias con las cuales usted transgredió los parámetros de comportamiento que le exigían anteponer el interés general por el particular".

Patiño pasa a hablar de la supuesta entrega de dinero al senador Iván Name. "En Bogotá, entre el 12 y 13 de octubre de 2023, usted, Sandra Ortiz, creó riesgos jurídicamente desaprobados, idóneos y sustanciales al transportar en dos oportunidades las sumas de 1.500 millones de pesos en efectivo, para un total de 3.000 millones, dineros recibidos de los funcionarios de la UNGRD Olmedo López y Sneyder Pinilla, derivado de la contratación ilícita de dicha entidad, con destino al presidente del Senado, Iván Name. Al parecer, esa plata ilícita fue obtenida cometiendo delitos como peculado y interés indebido en la celebración de contratos. 
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​La fiscal, además, narra cómo fue que la exconsejera recibió el 12 de octubre recibió en el Hotel Tequendama una maleta con la plata a darle al congresista, "el desplazamiento se llevó a cabo en las camionetas de la UNP asignadas a su seguridad". Después, en la noche del 13 de octubre, Pinilla le habría dado 1.500 millones en dos maletas, "dinero que fue contado por usted y Pinilla, y que adicionados al monto anterior suman 3.000 millones", resalta la investigadora.

Por haber transportado supuestamente ese monto de dinero dirigido a Name -que se ha declarado inocente-, la Fiscalía dice que la exconsejera para las Regiones habría cometido el delito de lavado de activos, delito que da una pena entre 10 a 30 años de cárcel.
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​Para el ente acusador, "Sandra Ortiz conocía que en acopio con Carlos Ramón González estaba traficando influencias en Olmedo López para obtener recursos ilícitos de la contratación de la UNGRD, que estaban destinados a satisfacer las necesidades básicas de la población vulnerable, derivada de las calamidades públicas, en favor de Iván Name. Dinero que una vez obtenido, transportó hasta el lugar de residencia de Name, donde se lo entregó y así quiso hacerlo". 

La fiscal subraya que hará un resumen de los delitos contra la exfuncionaria del Gobierno. El primero es tráfico de influencias en calidad de coautora, que tiene prevista una pena de cinco a 12 años de cárcel; el otro es el lavado de activos, cometido supuestamente en calidad de autora. Patiño añade que la pena partiría de 10 años de cárcel, pues el lavado es el cargo más alto; y que, en todo caso, puede aceptar los delitos para obtener una rebaja en la condena.

La juez le pregunta a la procesada si acepta los dos delitos que le endilga la Fiscalía, a lo que ella responde que no. "No, su señoría". La directora del despacho le advierte que en los próximos seis meses no podrá enajenar sus bienes. 

La jueza reanuda la jornada e instala la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento intramural contra la procesada. María Cristina Patiño, como fiscal, toma la palabra para decir en qué se basará para pedir que la envían a prisión. "La solicitud que hoy se eleva a su despacho no se basa en sospechas", empieza resaltando, y se vuelve a referir a Carlos Ramón González como quien le habría ordenado a Olmedo López, exjefe del Dapre, entregar 70.000 millones de pesos en contratos a Iván Name y Andrés Calle.

La fiscal vuelve a enumerar hechos anunciados al momento de la imputación, como por ejemplo que supuestamente "el 21 de septiembre, en la Casa de Nariño, Ortiz le dice a López que ella solo gestionaba lo de Name, y que añadiera 11.000 millones de pesos a un contrato de la UNGRD en Atlántico".Sandra Ortiz, siguiendo instrucciones de González, programó un desayuno en la habitación 23-12 con el propósito de presentar a Name con López. Allí, le insistió a López la necesidad de adicionar presupuestalmente el contrato de la UNGRD en Atlántico, en el cual tenía interés su copartidaria Name", lee Patiño.

Con ese tipo de reuniones y gestiones para acercar a los interesados en la contratación, según la Fiscalía "Sandra Ortiz ejerció influencias indebidas producto de su importante cargo de consejera presidencial para las Regiones, adscrito al Dapre, sobre el director de la UNGRD Olmedo López. Influencias con las cuales Ortiz transgredió los parámetros de comportamiento que le exigen interponer el interés general al particular, y ceñir su conducta a los principios rectores".

Todas las partes de este caso están presentes en la sala de Paloquemao en la que se desarrolla la audiencia. No obstante, la jueza está conectada de manera virtual. Durante un par de minutos, la directora del despacho pierde la comunicación con los otros intervinientes y se retrasa la cita. "Señoría, señoría, mire el chat", dice la fiscal; mientras que la jueza subraya "no se escucha lo que hablan allá (en la sala)".

La fiscal asegura que contra la imputada tienen varios documentos, declaraciones e inspecciones que les permiten hacer un pronóstico de cómo fue que se delinquió en este caso. Uno de los interrogados fue Olmedo López, quien viene colaborando con la justicia a cambio de que le rebajen la condena en contra.

Por inconvenientes en la logística, en la sala de Paloquemao se acordó aplazar la audiencia para el martes 3 de diciembre a las 8 de la mañana. La cita se hará, para evitar problemas técnicos de conexión, de manera presencial para todas las partes, incluyendo a la jueza. A ese acuerdo se llegó vía telefónica y todos estuvieron de acuerdo.