Los congresistas y ex altos funcionarios salpicados en el caso de 'las marionetas'

La Fiscalía pidió este miércoles que Pierre Eugenio García, exdirectivo del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), reciba en contra una medida de aseguramiento por su presunta participación en el entramado corrupto en el que está implicado el senador Ciro Ramírez, y por el cual ya fue condenado Mario Castaño, protagonista de 'las Marionetas'.

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Todo empezó al parecer con la convocatoria 001 del DPS en 2020, la cual destinó recursos a entes territoriales para que hicieran 28 procesos contractuales bajo el mismo modus operandi en varias regiones (Quindío, Tolima, Valle, Risaralda), esa veintena de contratos es la que le señalan a García, con hechos que vienen desde 2021.

Ese modus operandi fue teniendo a varios proponentes para un determinado contrato, pero en realidad los interesados eran un solo grupo. Es decir, previo a presentarse, ellos sabían que solamente un proponente iba a pasar porque era el que cumplía con los papeles necesarios, mientras que los otros no aptos se quedaban en el camino de la contratación.

"No corresponde al azar, corresponde a la forma que la organización criminal ideó cómo se debía gestar ese direccionamiento a la contratación estatal, y sobre todo esa apariencia de legalidad en el marco de esos procesos de selección", indicó la fiscal.

En este entramado, el DPS contrató con Proyecta Quindío, una empresa industrial y comercial del Estado que -al tener esa figura- pudo manejarse supuestamente en beneficio de los interesados, entre quienes estaban los congresistas y contratistas.

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De esto sabría Pablo César Herrera, exgererente de Proyecta Quindío que en documentos oficiales aparece reunido en Armenia con varias personas implicadas en este escándalo, pues habría ayudado a direccionar las negociaciones que tenían un segundo fin: ganar reconocimiento político . Hoy él es testigo de la Fiscalía, y tiene un principio de oportunidad por declarar en contra de Ramírez.

En total, cerca de 17 personas -entre ellas senadores y políticas- se habrían querido quedar con una bolsa de recursos del DPS que asciende a los 116.000 millones de pesos, pero como llegó para esa época la Ley de Garantías, la bajaron a 70.000 millones.

Finalmente, en el entramado se decidió que no era "prudente" -narró la fiscal- que Proyecta Quindío tuviera la potestad de contratación en Boyacá y Cundinamarca, por lo que el presupuesto final fue de 48.000 millones de pesos dentro del contrato 670. Ese es el que tiene encerrado en la cárcel La Picota a Ciro Ramírez por orden de la Corte Suprema de Justicia.

Para esos fines, al parecer "Pierre sostuvo reuniones de manera directa en las instalaciones del DPS con diversos senadores y políticos (Ramírez, Barreto) y el excandidato García, así mismo con Pablo César Herrera", dijo la fiscal, agregando que Pierre García "tenía la particularidad de no hablar, o de no dejar entrar celulares a su oficina". Al parecer también escribía en papelitos o en una tableta y después borraba.

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Además, en el quinto piso del DPS, el exalcalde de Armero Guayabal Medardo Ortega -quien está implicado y según medios locales logró un preacuerdo- declaró que supuestamente se vio con Pierre García. Según la fiscal, Ortega dijo que "a mí me llamó la atención que lo que me dijo me lo dio en un papelito y después lo rompió. Yo le dije 'bueno, doctor'. Me escribió en un papelito que iba a esperar a la Gobernación, eran lápices de esos que se le ponen mina, la hoja era blanca, de bloc".

Otro día, ya sin Medardo Ortega, supuestamente el exdirectivo del DPS y Ciro Ramírez -congresista del Centro Democrático- le preguntaron al testigo Pablo César Herrera si era viable que por las obras que contrataron recibieran el 10 por ciento de ganancias, pues tenían que dar las dádivas correspondientes.

Para la fiscal del caso, en total son 17 personas debidamente individualizadas en su rol respectivo en esta contratación. De senadores están supuestamente Miguel Ángel Barreto, Carlos Fernando Motoa y Ciro Ramírez.

También el excandidato a la Cámara Julio César García; la exsecretaria del DPS Tatiana Buelvas, exsecretaria del DPS; el exgerente Pablo César Correa; la exasesora Katherine Rivera; los contratistas Anderson González y Alejandro Noreña; los familiares Raúl Cardozo Nuncira, Raúl Cardozo Navas, Raúl Cardozo Ordóñez; los enlaces Óscar Humberto Leyton, Geancarlo Storino y Jhon Jairo Tejada.

Según el ente acusador, cada congresista contó con un grupo para obtener los fines ilícitos en la contratación en varios departamentos. Y de hecho, mencionó que otros senadores se habrían visto beneficiados, como lo son Sammy Merheg, Carlos Abraham Jiménez y Juan Felipe Lemos. En el caso de Jiménez, este político le manifestó a EL TIEMPO que no tiene nada qué ver en estos hechos de corrupción, y que así lo demostrará.

Carlos López

Redacción Justicia

En X: @CarlosL49