Racero: los líos penales y disciplinarios a los que se enfrentaría tras filtraciones de supuestas irregularidades

Salieron a la luz chats en los que se le vincula a una serie de actuaciones irregulares sobre su función pública.

David Racero, representante a la Cámara del partido Pacto Histórico. Foto: Prensa Cámara de Representantes

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Sara Valentina Quevedo Delgado

REDACTORA A27.05.2025 13:04 Actualizado: 27.05.2025 16:05

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Al menos tres delitos enfrentaría el representante del Pacto Histórico, David Racero, tras la filtración de audios y conversaciones de WhatsApp que lo vinculan con un entramado de favores políticos y clientelismo en dos entidades del Estado, además de graves indicios de explotación laboral en su negocio familiar.

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El periodista Daniel Coronel reveló audios y chats en los que Racero, de las entrañas del petrismo, le pidió pista a Jorge Eduardo Londoño, director del Sena, para cargos específicos, sueldos y la posible ubicación de un familiar en la entidad.

Amalia Salgado promueve campaña para solicitar la renuncia de David Racero Foto:Redes sociales

En otro capítulo de un supuesto canje de puestos, el interlocutor fue Stalin Ballesteros, antiguo director de Colombia Compra Eficiente, entidad que tramita la contratación estatal a través del Secop. En la conversación se habla de un trueque: una vicepresidencia en la aseguradora estatal Positiva, a cambio de la subdirección en la agencia gubernamental.

A estos presuntos hechos de corrupción se suman las graves denuncias de contratación sin los requisitos legales de empleados de su negocio familiar, un fruver en el barrio Modelia. Sobre este tema también salieron a la luz chats en los que enumera las tareas y la retribución económica para una cajera: un millón de pesos por 13 horas de trabajo, en las que tendrían que lavar baños, hacer aseo, despulpar la fruta, recibir los pagos y lavar los pisos.

Su negocio de venta de frutas y verduras, que según el congresista cerró por iliquidez durante la pandemia, también le generó ruidos por el supuesto uso de funcionarios de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) en funciones de la microempresa —ajenas al trabajo del Congreso— y el cobro de un porcentaje de su salario. Ese escándalo salió a la luz en octubre del año pasado.

Desde ese momento, la Procuraduría puso la mira en el congresista y abrió investigación preliminar para establecer si hubo una falta de carácter disciplinario. Por las nuevas denuncias ventiladas, el Consejo de Estado también itió una demanda en la que se pide su 'muerte política', es decir, la pérdida de investidura. Estaría peligrando su curul e incluso podría ser inhabilitado.

David Racero en la marcha del 1. ° de mayo exigiendo dignificación laboral Foto:Intagram de David Racero

En el ámbito penal, a la Corte Suprema le correspondería determinar si el congresista incurrió en al menos tres delitos. Según el penalista Francisco Bernate, se pudo configurar el tráfico de influencias de servidor público, que ameritaría una pena de cárcel de hasta ocho años.

"En el caso de los funcionarios de la UTL, pagos por los recursos públicos usados en su negocio familiar podrían constituir peculado por apropiación a favor de terceros. Por la cuantía, al ser salarios que no superan los 20 millones de pesos, la pena podría ser de hasta 15 años", agregó Bernate.

Frente a estos dos delitos coincide el abogado Hollman Ibáñez. “Claramente hay un tráfico de influencias, que se configura cuando hay un interés indebido y una coacción aprovechándose de la investidura; en este caso, se cumplirían ambas causales”.

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Pero además se atreve a plantear el delito de peculado por apropiación, por el uso indebido de recursos públicos al poner a funcionarios al servicio de intereses personales, e incluso el de concierto para delinquir. “Con base en los chats, habría puesto de acuerdo a varias personas para cometer irregularidades en el tema contractual del Sena y de Colombia Compra Eficiente”.

La Corte Suprema ya le abrió dos indagaciones. Una por el uso de funcionarios públicos en su negocio personal, y otra por la repartija de puestos en el Sena.

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EL TIEMPO conoció que en septiembre del año pasado la presidencia de la Sala de Instrucción, en cabeza del magistrado César Augusto Reyes, ordenó el reparto de las denuncias contra David Racero, que quedaron en manos del magistrado Francisco Farfán. “En ambas se vienen practicando testimonios y pruebas. Ambas están en indagación previa”, le dijo una fuente a este diario.

Sara Valentina Quevedo Delgado

Redacción Justicia

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