Ciudades colombianas, en el epicentro de crimen organizado

Dos notas periodísticas publicadas el domingo 9 de febrero en EL TIEMPO hacen evidente cómo algunas ciudades importantes de Colombia no solo son epicentros regionales de la economía formal nacional, sino que también son epicentros de las economías ilícitas, en especial para el negocio del narcotráfico.

La primera nota hace referencia a la investigación que adelantan el FBI y la DEA, en coordinación con la Policía de Colombia, en contra de los que se han denominado ‘narcos invisibles’. La nota titulada ‘El crimen en lujosa discoteca Dubái que puso en la mira a los nuevos amos de la mafia en Cali’ expone cómo un grupo de 10 narcoempresarios, a través del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, en Palmira, Valle, vía San Andrés, sacan hacia el exterior 1.500 kilos de cocaína cada 15 días.

La segunda nota tiene que ver con los decomisos de drogas en Bogotá, que en el primer mes de este año superan las 2,5 toneladas, cantidad no despreciable de drogas, que seguramente representan una mínima parte de lo que llega a la ciudad, que sale hacia el exterior vía el aeropuerto El Dorado, droga que se camufla en transporte de mercancías hacia los puertos del Caribe colombiano, y la que se queda para ser distribuida en la ciudad y los municipios circunvecinos.

Esto solo hace evidente lo que algunas autoridades en muchas oportunidades han querido negar, especialmente en Bogotá: que bandas criminales organizadas, en su momento las famosas ‘bacrim‘ y en la actualidad grupos de delincuencia organizada (GDO) y grupos armados organizados (GAO), operan en las principales ciudades colombianas. Este desconocimiento no permite reconocer que algunas ciudades importantes se han convertido en verdaderos epicentros del crimen organizado, lo que imposibilita una caracterización adecuada de la criminalidad actual que opera en los centros urbanos y dificulta la acción estatal de seguridad y justicia en contra de los distintos grupos del crimen organizado.

Desde hace más de dos décadas no se está ante actividades criminales de oportunidad, de individuos que por hambre o necesidad tienen que recurrir a la comisión de delitos; se pasó de lo que mayoritariamente se conocía como ‘delincuencia común’ a ‘delincuencia organizada’, a verdaderas empresas criminales que manejan las distintas rentas criminales, como el narcotráfico, el lavado de activos, la extorsión, el secuestro, el contrabando, la trata de personas, el comercio de armas y el hurto en todas sus modalidades, hasta negocios cuasilegales, como casinos, prostitución, prestamos paga diarios, chance ilegal, máquinas tragamonedas, etc. 

La Policía Nacional, a la fecha, ha identificado distintos grupos delincuenciales organizados que operan a lo largo y ancho del país, en su gran mayoría a nivel urbano. Son más de 2.000 grupos de delincuencia común organizada (GDCO) con cerca de 8.000 , 18 GDO con más de 1.900 integrantes y 4 GAO con más de 15.000 que afectan la seguridad de los ciudadanos y dinamizan factores asociados al narcotráfico y demás rentas ilícitas locales.

Este fenómeno criminal ha crecido de manera exponencial en los últimos años, debido a que se creyó que con la firma del acuerdo de paz y la desmovilización de las Farc en 2016 era “el fin del fin” del conflicto armado colombiano y que quedaban las jugosas rentas criminales que dejaban las Farc a disposición del ‘clan del Golfo’, el Eln, las disidencias de las Farc y otros grupos criminales.

Así mismo, las recientes decisiones tomadas por el gobierno de Gustavo Petro, como el desmantelamiento de la cúpula de las Fuerzas Armadas, el debilitamiento de la inteligencia en manos de gente inexperta, la no inversión y obsolescencia de los equipos militares y policiales y los distintos ceses del fuego en el marco de la ‘paz total’ que fortalecieron a las estructuras criminales armadas y maniataron la acción de la Fuerza Pública.

Hoy las propias Fuerzas Armadas reconocen el fortalecimiento y crecimiento que han tenido los distintos grupos armados que se disputan violentamente las jugosas rentas criminales en 11 confrontaciones armadas, que ya no corresponden a enfrentamientos en contra del Estado y con la intención de tomarse el poder; atrás quedó la revolución, hoy el conflicto es entre grupos mafiosos que buscan enriquecerse. 

Este problema de orden público también se ha hecho evidente en algunas ciudades como Cúcuta, Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín, centros urbanos importantes que, además de ser epicentros nacionales y regionales de la economía formal, también se han constituido en epicentros de las economías ilegales.

Como se puede ver en el gráfico anexo, entre 2018 y 2024, en tres de las cinco ciudades se incrementó la violencia homicida, en Barranquilla, 56,3 %;Bogotá, 18,5 % y Cúcuta, 61,2 %; en Medellín se registra en los últimos años una reducción importante de los homicidios con un -47,9 %. En los dos años del actual gobierno, en cuatro de las cinco ciudades se incrementó este delito: Barranquilla, 43%; Bogotá, 18 %; Cúcuta, 18 % y Cali, 4 %. 

Medellín ha sido históricamente el epicentro más importante del noroccidente colombiano para la economía legal, y también de las economías ilegales, como el narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas y el contrabando, el lavado de activos, etc., actividades que se dinamizan en los límites de los departamentos de la costa Atlántica, pasando por Urabá, Bajo Cauca, Nudo de Paramillo, frontera con Panamá, Chocó, Magdalena Medio y el sur de Antioquia, y desde esta ciudad los líderes de las organizaciones criminales istran sus negocios ilegales en ese amplio territorio y lavan los recursos.

En Medellín se está ante una delincuencia estructurada que se ha mantenido y consolidado desde los años 80 con el auge del narcotráfico en cabeza del cartel de Medellín y desde esa época se ha mantenido la ‘Oficina de Envigado’, hoy conformada como cuerpo colegiado que agrupa a ‘los Chatas’, ‘Pachelly’, ‘la Terraza’, ‘el Mesa’, ‘Caicedo’, ‘la Unión’, ‘la Milagrosa’, ‘la Silla’, ‘Niquía Camacol’, ‘los Pesebreros’, ‘Altos de Aranjuez’, ‘los Triana’ y ‘la Agonía 11’, entre otros, como lo expone claramente la Fundación Ideas para la Paz (FIP) en el reciente estudio ‘Negociar la paz cuando no hay guerra’.

Igual situación tiene la ciudad de Cali, que es epicentro del suroccidente del país con Nariño, Putumayo y Cauca, frontera con Ecuador, el puerto de Buenaventura, en el Pacífico, y los límites de los departamentos de Tolima y los del Eje Cafetero. Cali fue durante los 80 y los 90 del siglo pasado sede del cartel de Cali y epicentro de actividades ilegales que se desarrollaban en el sur del país por parte de otros grupos de narcotraficantes, paramilitares y guerrilleros.

En el caso de Bogotá, esta es epicentro, punto de acopio y de paso de algunas de las drogas que se producen en la región oriental, el sur de país y una parte del Magdalena Medio; drogas que abastecen el mercado local, regional y que buscan salir a través del principal aeropuerto del país o continuar su ruta hacia puertos y ciudades fronterizas.

De acuerdo con la investigación de la Fundación Pares, en Bogotá se han identificado al menos 85 grupos criminales: 3 son GAO, como el Eln, la ‘Segunda Marquetalia’ y el ‘clan del Golfo’; 3 son GDO, tales como ‘la Oficina de San Andresito’, el ‘Tren de Aragua’ y la ‘Nueva Junta Directiva del Narcotráfico’; 79 corresponden a GDCO, que se dedican sobre todo al microtráfico, robo y extorsión, y algunos “grupos subcontratados como ‘los Boyacos’, ‘los Paisas’, ‘los Costeños’, ‘los Camilos’ y ‘los Pereiranos’ ”.

Frente a este panorama delincuencial, las autoridades en la ciudad han concentrado las acciones de seguridad y justicia en contra de grupos de tercer nivel (‘los Camilos’, ‘los Paisas’, el ‘Tren de Aragua’, ‘Satanás’, entre otros), dejando por fuera los ‘narcos invisibles’, como los denomina la Policía, y que son los verdaderos jefes que mueven el narcotráfico y istran las demás rentas criminales en Bogotá y en la gran región central del país. Entre estos grupos delincuenciales se habla y reconocen a los ‘patrones de los San Andresito, los de Medellín y los de la Costa’. 

Barranquilla es y ha sido uno de los principales puertos de la costa Atlántica y la ciudad es el epicentro más importante de esta región. En los años 70 jugó un papel muy importante en la famosa bonanza marimbera. Hoy es una de las ciudades donde se está incrementando la violencia homicida, ligada a la lucha entre distintos grupos delincuenciales por controlar la salida de droga por el puerto, por la distribución y consumo de drogas a nivel regional y por la extorsión, que está disparada en esta ciudad y región, como sucede también en los puertos de Santa Marta y Cartagena.

Cúcuta es la ciudad más importante en la extensa frontera con Venezuela, en comunicación directa con el estado Zulia en el país vecino, y es también el epicentro del Catatumbo, donde se producen en 43.000 hectáreas las toneladas de cocaína que salen por el golfo de Maracaibo, con la anuencia del Gobierno venezolano. Es también epicentro importante en lo que tiene que ver con el contrabando y la trata de personas.

Cúcuta tiene comunicación terrestre con Arauca, donde opera el Eln, una de las estructuras armadas más consolidadas en esta región, cuyo territorio fronterizo disputa con el ‘clan del Golfo’ y las disidencias.

Hay que anotar que en estas ciudades hacen presencia, para realizar negocios de narcotráfico y lavado de activos, emisarios de distintas mafias transnacionales, como la italiana, la albanesa y algunos carteles mexicanos que gozan de protección por parte de algunas organizaciones criminales colombianas, como el ‘clan del Golfo’ y la ‘Oficina de Envigado’.

Teniendo en cuenta que se está ante una delincuencia cada vez más organizada a nivel local, regional y transnacional, es necesario que las autoridades de seguridad y justicia nacionales y locales fortalezcan el trabajo en cinco campos: