Con condena a juez se dio la estocada final contra los involucrados en el caso Mattos

El escándalo que protagonizó el empresario condenado Carlos Mattos, en su intento de torcer procesos judiciales para favorecerse en un lío que involucró a la casa automovilística en Colombia de Hyundai, llegó a su fin en cuanto a la judicialización de todos los implicados.

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El abanico de procesados por las dádivas ofrecidas para el desvío de expedientes terminó con la condena a nueve años de cárcel al juez Reinaldo Huertas, proferida el jueves por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.

En su caso, los delitos por los que lo acusó la Fiscalía fueron cohecho impropio y utilización ilícita de redes de comunicación, abusivo al sistema informático y daño informático, pues se comprobó que recibió 700 millones de pesos del empresario.

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Esta plata llegó a sus manos con el fin de que influyera favorablemente en un proceso judicial, pues la empresa de Mattos había demandado a la casa matriz de Hyundai, alegando la terminación injusta en 2015 de la relación comercial entre ambos.

Eso llevó a los investigadores de la Fiscalía, en su momento los fiscales Daniel Hernández y Álvaro Betancur, a recopilar información que dio con que en el conocido ‘caso Hyundai’ había no solo dos jueces involucrados, sino otros funcionarios públicos. En total fueron 12 personas a las que llevaron a los estrados judiciales.

Para el abogado penalista Francisco Bernate, representante de la Rama Judicial como víctima en este episodio, “con la condena del juez Huertas se cierra el capítulo de todo lo que tiene que ver con participación de funcionarios judiciales, en lo que se conoce como el escándalo Hyundai, en el que la justicia colombiana, una vez más, logra resultados impresionantes. Se lograron las condenas en todos los procesos, en un tiempo relativamente corto”.

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La cabeza de este caso de corrupción en la justicia fue Carlos Mattos, quien tiene en contra dos condenas que ha venido cumpliendo en diferentes cárceles del país. El resto de judicializados hacen parte de un organigrama que investigaron los fiscales para esclarecer los hechos.

Fue así como llegaron a Ligia del Carmen Hernández, jueza 16 Civil Municipal de Bogotá, quien fue condenada por la Corte Suprema y que precisamente ayer fue destituida por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial (CNDJ) por haberle recibido a Mattos 30 millones de pesos. El objetivo fue el mismo: favorecer al empresario con unas medidas cautelares contra la firma Global Car World S.A.S. para así impedir que pudiera importar repuestos y vehículos de Hyundai, o utilizar los signos distintivos de la marca y de propiedad industrial.

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En el caso de la CNDJ, en su fallo de segunda instancia advirtió que por parte de Ligia del Carmen hubo dolo, “por cuanto estaba demostrado que su proceder fue consciente, voluntario y con pleno conocimiento”, y omitió, además, los mandatos constitucional, legal y reglamentario, que regulan el ejercicio de las funciones jurisdiccionales a su cargo; mucho más cuando recibió dinero del empresario para favorecerlo en un conflicto judicial.

De ahí para abajo, otros de los implicados fueron los abogados Luis David Durán Acuña y Francy Milena Molina; el oficial mayor Dagoberto Rodríguez; los ingenieros Ramón Rodríguez, Edwin Angulo y Wilmar Patiño; el escribiente Edwin Macías, y el auxiliar Wilmar Casas.

Además, está el abogado Alexandre Vernot, quien por este escándalo fue absuelto por un juzgado y condenado por un tribunal, por lo que su defensa está a la espera de la instancia de doble conformidad que está revisando la Corte Suprema de Justicia.

Para el abogado Bernate, en el transcurso de este escándalo “se logró la reparación más alta en la historia de nuestro país en favor de la Rama Judicial, que se aplicará para fortalecer la virtualidad, el avance tecnológico de los y las jueces. Lo más relevante es que no hubo impunidad”.

Ligia del Carmen Hernández y Reinaldo Huertas actuaron como jueces en un pleito empresarial en el que Carlos Mattos, millonario y conocido en su sector para la época, los ó a través de dádivas que llegaron a sus manos empacadas en regalos.

Por lo menos en el caso de Hernández, durante las audiencias se indicó que le hizo llegar varios millones de pesos en una caja de zapatos con motivo de un obsequio. Esa plata la envió entre mayo y julio de 2016, a través de Dagoberto Rodríguez, el oficial del despacho. Para la defensa de la togada, esos detalles que le envió el empresario fueron cuando su despacho no tenía relación alguna con sus procesos, también dijo que la Fiscalía había leído en la imputación hechos distintos a los de la acusación.

Luego de analizar el proceso, la Corte Suprema la condenó a un año y ocho meses; mientras que el Tribunal de Bogotá le dio a Mattos –por este caso de la juez– cuatro años de cárcel y 72 meses de inhabilidad en cargos públicos.

Carlos López

Redacción Justicia

En X: @CarlosL49