Capturaron a 40 personas por amenazas a jueces, asesinatos y microtráfico en Tuluá

Un nuevo golpe a la delincuencia en Tuluá fue dado a conocer este jueves por la Fiscalía General de la Nación, que con 40 personas capturadas pretende esclarecer si fueron partícipes de amenazas a abogados, jueces y otros delitos en el municipio vallecaucano. 

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Aunque no precisaron nombres, "la mayoría de los procesados son presuntos integrantes de estructuras criminales, con injerencia delictiva en este municipio. De estas, 12 fueron judicializadas por homicidio, 26 por concierto para delinquir y 2 por amenazas a un juez y un fiscal", explicó el ente acusador en un comunicado.

De acuerdo a la estrategia implantada para dar con los responsables de estos hechos, hay cinco líneas de acción con las que han actuado los investigadores. La primera es por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio doloso; la segunda está ligada con hechos de terrorismo urbano y conductas asociadas; la tercera es por amenazas; y las otras son por lavado de activos y extinción de dominio.

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Las capturas se dieron con el apoyo del CTI de la Fiscalía, la Sijín, la Dijín, la Sipol y el Gaula de la Policía Nacional, órganos que han documentado que en los últimos meses se redujo el homicidio. Tanto así que en diciembre no van asesinatos y en octubre se dieron cinco casos.

A comienzos de octubre, el general William Salamanca, director de la Policía, viajó hasta Tuluá para desplegar un plan candado en el que hicieron varios anuncios y dieron a conocer resultados como la captura de alias Lápiz.

De acuerdo al director, el detenido "estaría vinculado con la estructura 'La Inmaculada', y la orden de captura, la orden judicial, se profiere por el delito de homicidio, por un hecho que tuvo lugar en este municipio en meses anteriores, en donde asesinó presuntamente a un policía de la unidad de la base de antinarcóticos con sede en Tuluá".

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El ente acusador, en cabeza de Francisco Barbosa Delgado, también explicó que en cuanto a golpes a las finanzas criminales en Tuluá, sus agentes declararon la extinción de dominio sobre cinco bienes inmuebles, tres vehículos y dos títulos valores, avaluados en cerca de 2.000 millones de pesos.

Esas propiedades serían de una organización criminal dedicada a la extorsión, el homicidio y el microtráfico en el municipio del Valle del Cauca.

Por otro lado, se procesó a Rubiel Antonio Tobar Gutiérrez por presuntamente haber ordenado el homicidio de Diego Fernando Vega, comerciante de café asesinado el 10 de marzo de 2014 en la región. "Este hombre presuntamente asociado a una organización criminal, fue judicializado en septiembre pasado por los recientes ataques y amenazas en contra de jueces, funcionarios públicos y abogados en esta zona", concluyó la Fiscalía.

Carlos López

Redacción Justicia

En X: @CarlosL49