¿Por qué el Gobierno Petro ha sido el que más ha extraditado?: van 18 personas cada mes

Tres meses después de asumir la presidencia, el presidente Gustavo Petro enfrentó una de las pruebas de fuego que mediría las relaciones judiciales bilaterales con Estados Unidos, país con el mayor número de solicitudes de extradición.

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Tras su posesión, le aguardaba el documento que, una vez firmado, avalaría la extradición de Álvaro Córdoba, hermano de Piedad Córdoba, senadora del Pacto Histórico, quien era requerido por el Gobierno estadounidense por cargos de narcotráfico, en asociación con de las extintas Farc.

El 23 de noviembre de 2022, el mandatario autorizó el envío de Córdoba a Estados Unidos para responder ante una corte de Nueva York, que lo condenó en mayo a 14 años de cárcel.

En la primera mitad del gobierno de Petro, las extradiciones han sido un tema clave en la agenda de las relaciones bilaterales.

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Desde agosto de 2022 hasta octubre de este año, se ha dado el visto bueno y se han hecho efectivas 488 solicitudes, de las cuales 332 provienen de Estados Unidos. Así lo reveló el último informe del Ministerio de Justicia conocido por EL TIEMPO.

Este número es superior al registrado por las istraciones anteriores durante el mismo periodo. 115 más que el de Iván Duque y 97 por encima del segundo gobierno de Juan Manuel Santos.

Corresponde al 12 por ciento del total de extradiciones desde 1997, año en el que la figura fue incluida en la nueva Constitución Política, tras ser prohibida por la Constituyente seis años antes.

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La jefe de la cartera de Justicia, Ángela María Buitrago, le dijo a este diario que “se ha logrado generar una dinámica de resolución de peticiones de manera ágil y con la convicción de que este mecanismo de colaboración es muy importante para el sistema colombiano”.

Atrás quedó el anuncio del presidente Petro, quien recién posesionado, en agosto de 2022, dijo que narcotraficante que negociara en Colombia y dejara de delinquir no sería enviado a las temidas cárceles estadounidenses. Hoy, desde su gabinete, reconocen la extradición como un mecanismo que “combate la impunidad, la criminalidad y fortalece la justicia local”, agregó la ministra.

En los últimos meses, el Gobierno ha firmado los decretos que envían a tribunales de Estados Unidos a poderosos capos como Jhon Kerlys Sepúlveda, primo de alias Chiquito malo, cabecilla del ‘clan del Golfo’ y uno de los enlaces de esa estructura criminal para exportar toneladas de cocaína a ese país. Y, por el mismo delito, aprobó la extradición de Henry Loaiza, hijo de alias el Alacrán, exjefe del cartel de Cali.

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Para el abogado Francisco Bernate, este pico responde al fortalecimiento de las relaciones judiciales bilaterales, especialmente con Estados Unidos, principal destinatario de presuntos delincuentes que han violado sus leyes y han sido capturados en el país. Así como a nuevas dinámicas del delito transnacional que han extendido sus tentáculos en Colombia.

“Ha habido una mayor cantidad de requerimientos de todos los países. No es que la política haya cambiado, sino que se han hecho más solicitudes. La presencia de organizaciones criminales transnacionales, sumado al auge del narcotráfico, terminan influyendo en la cifra”, explicó el abogado.

De hecho, de las 488 extradiciones efectivas en los dos años del gobierno Petro, 328 han sido por delitos relacionados con el tráfico de drogas, lo que representa el 67,2 por ciento. De estas, 265 fueron aprobadas bajo el tratado multilateral con Estados Unidos.

También saltan a la vista delitos como abuso sexual, lavado de activos y concierto para delinquir.

Aunque solo hay un caso por contrabando de vida silvestre, corresponde a una de las extradiciones más sonadas en el periodo Petro: la de la reconocida diseñadora del jet set Nancy González, requerida por la justicia norteamericana por traficar con pieles de caimán y pitón, especies protegidas utilizadas en la elaboración de bolsos.

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España ha sido el segundo país que más ha recibido vuelos de extradición desde Colombia. 49 personas han aterrizado en su territorio para ser procesadas. El narcotráfico se sigue imponiendo como el principal motivo de las solicitudes, seguido por el lavado de activos y el abuso sexual.

A nivel regional, los países a los que el actual gobierno ha concedido el mayor número de extradiciones son Argentina, con 16 resoluciones efectivas, Ecuador, con 14, Perú, con 12, y Panamá y Brasil con 8.

Las extradiciones de personas requeridas por el Gobierno venezolano han generado debate en la justicia colombiana. En noviembre pasado, el magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia Gerardo Barbosa Castillo emitió un contundente salvamento de voto para replantear el convenio con un “régimen fundamentalmente desconfiable en términos de respeto a los derechos humanos”.

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Barbosa se opuso a la autorización que dieron sus colegas para la extradición del exsubintendente de la Guardia Nacional Venezolana Juan Ernesto González Herrera, requerido por el vecino país por los delitos de secuestro agravado con muerte en cautiverio, uso indebido de arma de fuego y asociación para delinquir agravada, por el homicidio del estudiante de informática Kevin Omar Moreno Páez, en febrero de 2022.

El argumento del magistrado apeló a los riesgos a la integridad y a la vida del acusado en manos del gobierno de Nicolás Maduro.

“Entregar a una persona al régimen como el que actualmente ejerce el poder en la República Bolivariana de Venezuela, declarado por varios organismos internacionales como violador sistemático de los derechos humanos como política de Estado, implica un grave riesgo para su vida e integridad, así los delitos que se le imputen no tengan carácter político”, sustentó en su salvamento de voto.

Amparados en este argumento, varios de los venezolanos capturados en Colombia han recurrido a la figura del asilo para evitar enfrentarse a la justicia de su país. Entre ellos, se encuentran importantes del ‘Tren de Aragua’, como Yonayke Martínez Carrion, alias Ojitos.

Desde 2022, solo se han hecho efectivas dos extradiciones a Venezuela, una por secuestro, en marzo pasado, y otra por abuso sexual, en mayo.

En sentido contrario, el Gobierno colombiano está pendiente de varias extradiciones de delincuentes locales. Diego Marín, alias el Pitufo o el ‘zar del contrabando’, es uno de los nombres que está en esta lista de espera. 

La primera semana de diciembre fue recapturado en Portugal luego de escapar de las justicia de España -país con el que comparte nacionalidad-. Su pedido para responder ante la justicia colombiana ha tenido gran interés del Presidente, quien ha asegurado que podría dar información sobre redes de corrupción.

Redacción Justicia.

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