Así funcionará la polémica elección popular de jueces en México, sobre la que se refirió el presidente Gustavo Petro

En junio de 2025 los ciudadanos mexicanos saldrán a las urnas para elegir, por primera vez en su historia, a los jueces locales. Dos años después, en junio de 2027, votarán por sus jueces federales en unos comicios sin precedentes en ese país y que fueron producto de la Reforma a la Justicia que tramitó el gobierno de López Obrador, el 5 de febrero de este año. Una medida que ya ha provocado la reacción negativa de organismos como Human Rights Watch y la Relatoría Especial de las Naciones Unidas que la consideran inconveniente por arriesgar la independencia de poderes y por politizar la justicia.

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El presidente mexicano, desde el inicio de su mandato, venía aceitando el camino para que una reforma de semejante talante fuera aprobada en el Congreso Federal. "Sostuvo una retórica muy beligerante contra los jueces. Decía que eran corruptos, que no hacían bien su trabajo, que soltaban a delincuentes. Pero la verdad es que nada de esto se documentó. Quedó en un discurso político porque no hubo procesos judiciales en contra de presuntos actos de corrupción de jueces", asegura Miguel Carbonell, constitucionalista mexicano. "Lo que se quiere es poner jueces afines al Gobierno. Esa es la motivación de fondo de esta reforma", agrega. 

Esa retórica preparó al poder legislativo para recibir esta reforma constitucional que cursó su trámite parlamentario y finalmente fue aprobada. Aunque está bajo impugnación en este momento y la Suprema Corte está analizando si cumplió con todas las reglas, según expertos hasta ahora todo parece indicar que se instaurará este modelo y ya se están promulgando las normas para que se lleve a cabo la elección.

Lo que propuso López Obrador fue un sistema de elección popular de todos los jueces. México es un Estado Federal y los jueces locales y federales serán electos en dos procesos diferentes. Uno en junio de 2025 y otro en junio de 2027. Los candidatos se definirán a través de tres listas que presentarán el poder judicial, el legislativo y el ejecutivo respectivamente, harán una campaña que durará dos meses y finalmente los ciudadanos saldrán a votar.

Cualquier persona licenciada en derecho podría ser aspirante a juez. Para no saturar las opciones de candidatos se acotaría a un número determinado por la ley a través de un sistema de insaculación, que básicamente implica un sorteo, y luego se presentarán los seleccionados, que aparecerán en las boletas electorales.

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La Reforma contempla que estas campañas tendrán financiamiento público, prohíbe el financiamiento privado, y tienen únicamente a medios de comunicación del Estado para hacer su promulgación. 

Actualmente y hasta el 2025, el sistema de nombramiento judicial en el país azteca se hace, en el caso de los jueces inferiores, a través de carrera de méritos. Y los cargos de mayor relevancia, como los de la Corte Suprema y las Cortes Supremas Locales son nombrados por el poder legislativo como propuesta del poder ejecutivo. Muy similar a lo que pasa en Colombia en el que algunos magistrados son ternados por las dos ramas.

"En México esta reforma ha caído bastante mal en general. Para quienes nos dedicamos a cuestiones jurídicas nos parece que es una barbaridad y va en contra de los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (de la que Colombia también hace parte). Estamos haciendo reformas que no son convenientes de acuerdo a los tratados internacionales", recalca el constitucionalista Carbonell. 

Sin embargo, para Yair Mendoza, investigador mexicano, "la propuesta ha generado simpatía, porque el poder judicial goza de mala percepción en la ciudadanía por falta de . Si bien es cierto que la reforma no va a resolver este problema estructural, por lo menos genera jueces cercanos al pueblo", asevera. 

Para Mendoza, esta reforma, como efecto colateral, terminará fortaleciendo a los partidos políticos. "Aquellos que tienen maquinarias para mover gente y sacarlos a votar son aquellos que tendrán más posibilidad de colocar un juez y un ministro". 

Otros dos aspectos generan preocupaciones. El primero es el relacionado con la financiación de campañas, pues se tendrá que disponer de unos recursos adicionales para las elecciones populares de jueces. "Significará un gasto al erario que entra en tensión con los valores de austeridad que el gobierno de AMLO y el de ahora Sheinbaum propugnan".

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Y por otra parte, la violencia política. En la elección presidencial pasada, en México se vivieron varios episodios de amedrentamientos de los grupos armados. Hubo más de 800 víctimas. "Esa violencia que ejerce el crimen organizado sobre los electores es muy probable que se reproduzca en el proceso electoral de los jueces. Abrir esta posibilidad también sería hacerlos a ellos vulnerables a estas estructuras", concluye Mendoza. 

De hecho, el pasado domingo fue encontrado decapitado Alejandro Arcos, alcalde de la ciudad de Chilpancingo, capital del estado mexicano de Guerrero, y tres días antes había sido asesinado el secretario del Ayuntamiento, Francisco Tapia.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación mexicana se pronunció frente a la reforma y enumeró una serie de problemas que traería la iniciativa. Entre estos, que la elección de jueces no garantiza legitimidad, ni una mayor calidad de las decisiones judiciales, ni que estas personas cuenten con los conocimientos y las competencias necesarias para desempeñarse en el cargo. 

Así mismo definió inconveniente la destitución injustificada de jueces federales y estatales y los riesgos de posibles influencias indebidas de intereses privados y el crimen organizado.

SARA VALENTINA QUEVEDO

Redacción Justicia