Archivan caso por enriquecimiento ilícito contra exfiscal clave en caso Hyundai

Tras dos años de investigaciones por supuesto enriquecimiento ilícito, la Fiscalía decidió archivar  el proceso contra Álvaro Betancur, que en su momento fue uno de sus funcionarios estrella y tuvo a cargo varias de las investigaciones claves en casos de corrupción.

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Betancur hizo parte del ente acusador hasta el 25 de noviembre de 2022, fecha en la que la istración del exfiscal Francisco Barbosa lo declaró insubsistente. Durante su paso por la entidad estuvo en investigaciones como la del condenado empresario Carlos Mattos y los sobornos de Hyundai Colombia, el capítulo ilegal de la multinacional Odebrecht, las chuzadas en la Fiscalía y el caso de Álex Vernot, polémico abogado que es muy cercano al presidente Gustavo Petro.

EL TIEMPO tuvo a la decisión proferida por el fiscal delegado ante la Corte Suprema Néstor Millán, en la que se anotó "el archivo de las diligencias en favor de Álvaro Betancur por inexistencia de la conducta denunciada".

La denuncia contra Betancur surgió del periodista Gonzalo Guillén el 22 de noviembre de 2022. Según Guillén, los ingresos mensuales del fiscal (28 millones de pesos) no encajaban con su patrimonio: supuestamente, ocho inmuebles y cuentas bancarias que representaban en total 16 mil millones de pesos. Sin embargo, el equipo de investigadores notó, en sus primeras pesquisas, que en la denuncia se incluyeron reportes de dos cuentas bancarias y dos inmuebles que presentaban inconsistencias.

En el proceso se ordenaron varias pruebas. Los fiscales oficiaron a la Dian, la Superintendencia de Notariado y Registro y al Instituto Agustín Codazzi para a los cuales se les pidieron documentos para verificar si las propiedades y sus montos efectivamente correspondían a lo afirmado por Guillén. En la decisión de cerrar la investigación fue clave un análisis contable año a año -desde 2016 a 2021- del patrimonio del exfiscal.

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Uno de los puntos claves en la denuncia fue la supuesta existencia de un leasing por 9.940 millones de pesos. Betancur explicó que no sabía por qué le aparecía registrado ese monto en su declaración, ya que tenía una deuda pero por 99 millones 402 mil pesos.

"Con estos documentos, el investigador del CTI concluyó que 'al momento de realizar la digitación para presentar la declaración de bienes y rentas, incurrieron en el error de eliminar la coma de centavos, lo que hizo que se incrementara el valor de 99.402.239 pesos al de 9.940.223.935 pesos", dice la decisión de la Fiscalía. Y añade: "lo cierto es que la coincidencia de cada uno de los 10 dígitos, sin tener en cuenta la acomodación de los puntos y las comas, explica el error en el que pudo haber incurrido el procesado al alimentar las bases de datos" en las que los funcionarios públicos reportan sus bienes.

En consecuencia, para el fiscal Millán no hubo más razones de fondo para mantener abierto el proceso: "Luego de agotar las pesquisas tendientes a esclarecer las hipótesis delictivas planteadas en la denuncia y descartar su ocurrencia, mal puede este despacho continuar la actividad investigativa para entrar en honduras desconocidas".

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Por el momento, el exfiscal Betancur tiene una demanda contra el Estado por el daño que le generó la salida de la entidad. Sobre el archivo, dijo que "no quisiera volver a la Fiscalía", pero agregó que aún no toma una determinación final. "Soy litigante, estoy aprovechando mi experiencia como juez", señaló Betancur. En sus planes está litigar con la firma Betancur Martínez Abogados.

El exfiscal asegura que su salida de la Fiscalía, hace dos años, habría sido una especie de "ofrenda de no agresión" de la istración Barbosa hacia el gobierno Petro, si bien lo cierto es que las relaciones entre el Búnker y la Casa de Nariño siguieron siendo tortuosas. Por esos días, en un trino, el presidente Gustavo Petro se refirió a la denuncia y la señaló como supuesta prueba de corrupción en la Fiscalía.

Fuentes de la istración Barbosa aseguraron que de decisiones istrativas como el retiro de fiscales no se encargaba él como cabeza del ente acusador, sino la Dirección Ejecutiva.

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Carlos López - Redacción Justicia