Álvaro Uribe: Esta es la tutela del abogado Jaime Granados con la que pide frenar la preparatoria de juicio

En una tutela de 58 páginas radicada ante el Tribunal Superior de Bogotá, el abogado Jaime Granados enumeró los argumentos por los cuales busca suspender la preparatoria de juicio en contra del expresidente Álvaro Uribe, acusado de los delitos de soborno a testigos y fraude procesal. 

La diligencia se está llevando a cabo este jueves, pero para poder armar el documento, Granados dejó a Juan Felipe Amaya como el defensor suplente en la diligencia.

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En el oficio, el penalista pidió que se tomen medidas cautelares en ese sentido debido a que a su parecer, la juez 44 de Conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, está violando los derechos al debido proceso, esto porque no les concedió un plazo de siete días para hacer el peritaje a un computador y celular incautados al testigo Juan Guillermo Monsalve, información clave en este expediente contra el político antioqueño.

"No haber concedido –mediante orden judicial-, la prórroga justificada que se le había solicitado, con miras a poder verificar, por parte de la defensa, evidencia digital relacionada en el descubrimiento de la Fiscalía, a la cual la defensa sólo tuvo hasta el lunes 30 de septiembre de 2024, a las 6:53 P.M", dice uno de los pedidos.

Como lo indicó en una rueda de prensa del miércoles, al término de la audiencia en la que la juez negó tal pretensión, Granados invocó en su tutela que esta acción es el único camino que les queda para lograr su objetivo. 

En gran parte del documento, el defensor principal de Uribe se dedicó a explicar los hechos por los cuales llegó hasta esta instancia, describiendo las fechas clave de esta preparatoria de juicio contra el expresidente, quien en 2018 habría instruido a su abogado Diego Cadena para sobornar a presos que declararan a favor suyo, a cambio de beneficios judiciales.

Granados recogió que en la diligencia, el también exsenador "cuestionó que se manifestara que se dijera que se pretende dilatar cuando se pretende es verificar, en pocos días, un aspecto sustancial al proceso. Así mismo rechazó la jurisprudencia invocada pues no se está generando ningún desorden en la audiencia, sino haciendo planteamientos serios de fondo".

En la tutela, el abogado también señaló que "si bien esta defensa activó el mecanismo de la queja, como extraordinario, el riesgo que se advierte en el presente asunto es la inusitada prisa que el Juzgado 44 Penal de Conocimiento de Bogotá tiene para adelantar este trámite, pues una cosa es la celeridad procesal máxime cuando existe un riesgo de prescripción y otra es que so pretexto del fenómeno de la prescripción se desconozca el bacilar derecho que tiene una persona en un juicio penal de acceder y analizar elementos materiales probatorios con miras a desvirtuar la tesis acusatoria".

También se hizo referencia a que los recursos ordinarios que da la ley son reposición y apelación, los cuales no fueron concedidos por la juez, "en tanto que la queja no implica un mecanismo idóneo para enfrentar el riesgo inminente de la decisión judicial trasgresora de derechos fundamentales, por su demora en el tiempo, en tanto que el recurso de apelación más cercano sería el del decreto probatorio". 

Al mencionar el recurso de queja, Granados hace referencia a que en la audiencia del miércoles, él pidió hacer uso de ello, y la togada lo concedió para que lo revise su superior jerárquico, pero ese recurso no impedía el desarrollo de la diligencia, por lo que le indicó al abogado seguir con el descubrimiento probatorio.

Otro de los argumentos que enumeró Granados es "el hecho inherente a que la Fiscalía evidencia en sus actuaciones falta de imparcialidad, especialmente porque en una falta de 'buena fe' ofertó al juzgado una prueba que no tenía disponible, ni en y que obligó a la defensa tener que acudir a la fuente donde está prueba se encontraba, lo que dificultó el proceso de su obtención y

extracción de la información". En este capítulo se refieren a la mencionada copia espejo de lo que contienen el computador y celular de Monsalve, que según la fiscal Marlenne Orjuela desde el 12 de septiembre estaba disponible para ser revisados por la defensa técnica.

Los comentarios sobre la actuación del ente acusador no pararon allí. En la tutela también se describió que "llama poderosamente la atención de la defensa, el hecho inherente a que se obviara el papel pasivo y poco leal de la Fiscalía en el presente asunto, pues es francamente inconcebible que advierta que se iba a 'descubrir' las copias espejo y las fuentes originales a sabiendas que no tenía en custodia dicha información y omitió realizar las gestiones pertinentes ante el Juzgado 44 en la preparatoria, para excusarse e indicar que 'el descubrimiento se había efectuado el 12 de septiembre de 2024'".

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En sus conclusiones, Granados expuso que la violación alegada al debido proceso se sustenta en que el despacho "privilegió el formalismo de dar celeridad desmesurada a la presente actuación, por encima de velar porque las partes se hubieran hecho a la garantía de acceder a la totalidad de elementos materiales probatorios que pudieren ser usados en el juicio oral que se avecina".

Luego de que terminó de intervenir la fiscal Orjuela, este jueves la diligencia finalmente se aplazó para el 8 de octubre, ya que el procurador Bladimir Cuadro indicó que necesita días para analizar la exclusión, el rechazo y la inisión de los medios de prueba. A ese pedido se sumó el defensor suplente Juan Felipe Amaya.

Carlos López - Redacción Justicia - @CarlosL49 - [email protected]