2025 será el año clave para la lucha contra la extorsión carcelaria: director del Inpec

La extorsión es uno de los delitos en números rojos. Según las cifras del Ministerio de Defensa, entre enero y noviembre de 2024, registró un incremento de más de 2.000 casos en comparación con el mismo periodo del año anterior, siendo las cárceles el principal epicentro.

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En diálogo con EL TIEMPO, el director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez, habló de la segunda fase de la operación Dominó, con la que buscan combatir este flagelo y llevarlo a los estrados judiciales. Asimismo, indicó que en los dos últimos años ha incrementado el hacinamiento, debido a que han atendido las órdenes de la Corte Constitucional de trasladar a los presos desde estaciones de la Policía a diferentes prisiones.

Fue un año con muchos retos para un sistema penitenciario con tantas necesidades que ha tenido a lo largo de los años, en términos de resocialización, de atentados y de hechos violentos en contra de funcionarios. Pero también quiero resaltar un gran apoyo que hemos tenido de parte del Gobierno Nacional, del Ministerio de Justicia y de la Policía. Tenemos varios aspectos. El primero es la seguridad humana, que tiene que ver con todos los fenómenos criminales que se presentan en las cárceles, y para eso se hizo una muy buena articulación con la Fiscalía, con la Policía, los ministerios de Justicia y Defensa, y es donde hablamos acerca de la operación Dominó. Pudimos decomisar 31.240 teléfonos en todo el año, con un promedio de 24.300 operativos a nivel nacional. Aparte, el enfoque de Dominó fueron cuatro establecimientos donde logramos identificar 35 actores criminales, donde fueron decomisados 9.600 celulares, y pudimos realizar 1.700 operativos. También hicimos 120 traslados a nivel nacional.

Iniciamos con 35 actores, con delitos únicamente de extorsión, pero hoy en día se está apuntando al blanco multicrimen, es decir cualquier fenómeno criminal que salga de las cárceles. Y tenemos una segunda fase de la operación Dominó, que es una parte investigativa.

Ya se está trabajando en la investigación penal para determinar a los responsables de cualquier delito que se presente en las cárceles, tanto en cuanto a los funcionarios del Inpec, como las amenazas, los atentados y otros delitos que afectan la istración pública, incluida la corrupción. La intención es contar con cuatro fiscales distribuidos en esos cuatro establecimientos de operación Dominó a nivel nacional. Estamos considerando Girón, La Dorada, Cómbita e Ibagué, tentativamente, que son los lugares con mayor incidencia de extorsión. Además, se designará un fiscal en Bogotá especializado para articular estos resultados con los investigadores de la Policía.

Yo creo que lo más pronto posible, la idea es arrancar este año, ya hemos hecho varios meses de trabajo con la Fiscalía, con la ministra de Justicia y con la Policía. El Gaula lideraría esta estrategia desde la Policía.

Son varias las condiciones especiales. La primera es la ubicación en celdas individuales, y la segunda ha sido la implementación de traslados permanentes. Para Dominó se realizaron alrededor de 120 traslados por razones de seguridad. El propósito es cortar ese nexo criminal con otras estructuras y frenar el control territorial que pueden ejercer en los establecimientos. Contamos con el apoyo tecnológico de cámaras de videovigilancia, con las que se está implementando inteligencia artificial, que permite la identificación de rutinas, rostros y momentos clave en los que podría generarse un intento de fuga.

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Sí, ha aumentado el hacinamiento en estos dos años. Cuando recibimos el Instituto, teníamos un hacinamiento del 19 %, y hoy en día se encuentra alrededor del 27 %, lo que equivale a casi 104.000 personas privadas de libertad, cuando la capacidad instalada es de 82.000 cupos. Esto refleja la criminalidad en las calles, ya que, según las capturas realizadas por la Policía, hay un promedio aproximado de más de 1.000 detenciones mensuales en todo el país. Por lo tanto, a medida que aumentan las capturas, más personas ingresan al sistema. Además, desde julio de 2024, con el Auto 1096 de la Corte, que obliga al Inpec a recibir a los condenados, hemos recibido a 15.345 personas provenientes de estaciones y URIs.

La primera de ellas, que ya se ha venido realizando, es la articulación con los entes territoriales para que cumplan con la obligación constitucional de crear centros de detención transitoria. Actualmente, tenemos más de 70 convenios en todo el país. También se está evaluando la posibilidad de construir patios para sindicados en establecimientos carcelarios que cuenten con el espacio adecuado. Es fundamental contar con más cupos, ya que tenemos un déficit de aproximadamente 40.000. Otra estrategia es trabajar de la mano con el Ministerio de Justicia y la Defensoría del Pueblo para llevar a cabo campañas y comenzar a reducir el hacinamiento mediante la revisión de los beneficios istrativos.

Este ha sido un tema muy mediático e importante. Quizás para la opinión pública existe la concepción de que ser director del Inpec o de una cárcel como La Picota implica contar con un esquema de seguridad, y la realidad es que no es así. Los esquemas de seguridad los otorga la UNP a través de los protocolos establecidos. Se asignan según la necesidad o un estudio del nivel de riesgo. A raíz de los atentados, se priorizó a 16 directores a nivel nacional, y algunos cuentan con vehículos blindados, mientras que otros tienen chalecos.

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Se ha estado trabajando con el Ministerio de las TIC, de Justicia y de Defensa. El objetivo es vincular a los operadores para generar denuncias. Es decir, si una persona recibe una llamada con amenazas o extorsión, podrá reportarla, indicando el número desde el cual la llamaron. Cuando la denuncia llegue al Gaula, se coordinará con el Inpec para solicitar a los operadores el bloqueo de la llamada, sin necesidad de que el teléfono haya sido incautado. Para materializar esto, es necesario contar con tecnología adecuada, lo cual podría ser clave para reducir la extorsión.

Tenemos 358 extraditables a nivel nacional, pero únicamente tenemos dos pabellones: uno en La Picota para hombres, y uno en El Buen Pastor para mujeres, donde tenemos un promedio de 20 a 30 extraditables. Es importante decir que en 2024 fueron extraditadas 247 personas a diferentes países y tenemos un ingreso de aproximadamente 217 personas.

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Redacción Justicia