Piden a la Corte revisar condiciones de detenido por magnicidio de Haití

Karla Gómez Carvajal, esposa del capitán en retiro del Ejército Germán Alejandro Rivera García, preso en Haití por el magnicidio del presidente de ese país Jovenel Moïse, perpetrado el 7 de julio de 2021, busca con una tutela que se le ordene al Gobierno buscar una forma para poder comunicarse con su marido.

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Gómez Carvajal señaló que, a pesar de la gestión adelantada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, desde su captura las autoridades de la República de Haití han desconocido los derechos de su esposo y de los otros detenidos que habría sido sometidos a actos de tortura y que estarían en precarias condiciones.

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En la tutela, la mujer indica que desde el 1.° de septiembre de 2021 se ha impedido el ingreso de Julio Cesar Santa Martínez, cónsul honorario de Colombia en Puerto Príncipe -capital de Haití-, y se le ha indicado que solamente podrá tener comunicación virtual con los detenidos. Gómez también indicó que desde el 8 de septiembre de 2021 la comunicación con su esposo fue interrumpida y que las autoridades de Haití cancelaron la autorización que habían otorgado a su suegro para visitar a Rivera.

Por eso, para ella la Presidencia de la República de Colombia y el Ministerio de Relaciones Exteriores habrían desconocido los derechos fundamentales a la vida digna y al debido proceso de su esposo y sus compañeros, “al no presionar a la República de Haití al cumplimiento de los tratados internacionales que, bajo el principio de reciprocidad, están llamados a respetar y hacer valer en beneficio de los detenidos extranjeros”.

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Y pide que se tomen medidas con el propósito de restablecer la comunicación con los detenidos, conocer diariamente las condiciones en las que se encuentran, que les garanticen una debida defensa técnica, y que “presenten una denuncia ante la Corte Penal Internacional en contra de las autoridades de la República de Haití por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad en su contra”.

El 25 de noviembre de 2021, la Sección Cuarta del Consejo de Estado negó la tutela al indicar que el Gobierno sí ha procurado estar al tanto de la situación en la que se encuentran los detenidos y suministrarles los elementos necesarios para atender sus necesidades. Indicó que en el proceso se pudo establecer que el suegro de la mujer sí pudo visitar a Rivera y señaló que la denuncia ante la I no se puede adelantar porque Haití no ha ratificado el Estatuto de Roma.

En segunda instancia, la Sección Quinta del Consejo de Estado ratificó el fallo e instó al Ministerio de Relaciones Exteriores a seguir cumpliendo con la guía de asistencia consular a connacionales privados de la libertad.

Sin embargo, el magistrado de la Corte Constitucional José Fernando Reyes le está pidiendo a sus colegas que seleccionen esta tutela para revisión al estimar que sería una oportunidad para pronunciarse sobre las obligaciones que tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores con los colombianos que se encuentran detenidos en el extranjero.

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El jurista explicó que, por ejemplo, el Congreso “no ha delimitado el alcance concreto de las obligaciones que tiene el Estado colombiano en materia de asistencia consular, por lo que la función consular en este ámbito se ha regulado a través de normas de rango reglamentario”.

De otro lado, el magistrado dijo que “el reclamo presentado por la señora Karla Gómez Carvajal a través de su escrito de tutela contiene elementos de discusión que enriquecen el escrutinio que podría realizar esta corporación de cara al concepto de la asistencia consular, pues se trata de un caso en el que un grupo de connacionales se encuentran privados de la libertad en condiciones precarias de reclusión y sin que al parecer se respete su debido proceso”.

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