Se abre debate en las altas cortes al aval que el gobierno otorgó a los parqueaderos exclusivos para los diplomáticos

A través de una resolución, la Cancillería y el Ministerio de Transporte reglamentaron zonas de parqueo exclusivas para el servicio diplomático y el reconocimiento de licencias de conducción.

Mal parqueados en la calle 90, en el norte de Bogotá. Foto: Cesar Melgarejo

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Ana María Cuesta

EDITORA22.10.2024 11:12 Actualizado: 22.10.2024 12:01

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El Consejo de Estado acaba de itir una demanda que pide tumbar una resolución conjunta, que expidieron el pasado 30 de enero el entonces canciller Álvaro Leyva y el entonces ministro de transporte William Camargo, autorizando zonas de parqueo exclusivo para los vehículos adscritos a las misiones diplomáticas y consulares.

La Resolución Conjunta 20243040002785 de 2024 avaló a las autoridades de tránsito a asignar espacios de las zonas de estacionamiento en vías públicas para el uso exclusivo de los vehículos asignados al servicio diplomático y consular. El acto istrativo también autorizó el reconocimiento de las licencias de conducción de los extranjeros adscritos a dichos cuerpos y a organizaciones internacionales acreditadas nacionalmente.

El magistrado Germán Eduardo Osorio Cifuentes itió la acción judicial que cuestiona, principalmente, que el canciller Álvaro Leyva no poseía facultades para suscribir dicha autorización para el servicio diplomático por cuanto, para la época de los hechos, se encontraba suspendido provisionalmente por orden de la Procuraduría General de la Nación.

"La Resolución No. 202430400002785 del 30 de enero de 2024, proferida por el señor Álvaro Leyva Durán en el periodo de suspensión provisional, vulnera de forma ostensible los requisitos de validez del acto istrativo, por cuanto carecía de aptitud legal para manifestar válidamente la voluntad estatal, razón por la cual, el acto istrativo adolece de falta de competencia", indica una demanda presentada por la Fundación para el Estado de Derecho.

(Lea también: La primera demanda que llega al Consejo de Estado pidiendo tumbar la resolución del CNE que imputa cargos al presidente Gustavo Petro)

Los demandantes solicitaron una medida cautelar de suspensión de la resolución. "Para el caso que nos ocupa la medida cautelar es urgente de pronunciamiento inmediato e improrrogable por parte del juez, en tanto la Resolución No.202430400002785 del 30 de enero de 2024, proferida con ostensible falta de competencia ya está produciendo efectos, razón por la cual, a la fecha se están disponiendo de zonas de parqueo en virtud", agrega el escrito.

El consejero ya notificó a los Ministerios de Transporte y de Relaciones Exteriores; a la Procuraduría y a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado para que participen en este debate.

La suspensión del entonces canciller Álvaro Leyva

Margarita Cabello Blanco, procuradora general de la Nación Foto:Roger Urieles

El 24 de enero de este año la Procuraduría General de la Nación ordenó la suspensión provisional por tres meses del canciller Álvaro Leyva en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en el manejo que le dio al contrato para la expedición de los pasaportes, excluyendo a la firma Thomas Greg que había ganado una licitación por $599.651.582.571.

(Lea también: La Procuraduría extiende por tres meses la suspensión del canciller Álvaro Leyva)

Aunque la suspensión fue confirmada por la Procuraduría el 7 de febrero, la Fundación para el Estado de Derecho, demandante en este proceso, considera que Leyva no pudo haber expedido el documento si no se encontraba formalmente en funciones.

La suspensión del entonces canciller desató una polémica entre el gobierno y la Procuraduría, pues el presidente Gustavo Petro cuestionó la actuación de dicho organismo en otros casos relacionados con anteriores gobiernos. "En realidad, no entiendo cómo una ministra del anterior gobierno dejó que se robaran 70.000 millones de pesos del internet de los niños y no hubo suspensión", expresó el presidente.

Recordemos que el entonces canciller acató la suspensión provisional sólo hasta el 7 de febrero, día en el que emitió un comunicado confirmando su acción, tras la notificación oficial que le llegó al presidente de la República Gustavo Petro.

ANA MARÍA CUESTA

Editora de justicia [email protected]

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