¿Su casa se vio afectada en el paro minero? Hay un caso en curso que le interesa

El 10 de marzo pasado, en pleno paro minero en el Bajo Cauca antioqueño, los enfrentamientos entre personas que protestaban y la policía, terminaron con daños estructurales graves en la casa de Sandra, una mujer que ha vivido toda su vida en el municipio de Cáceres.

Su vivienda queda a unos metros de la estación de Policía, foco de la protesta.

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El techo se perdió por completo, hubo daños estructurales en la entrada de la casa, que la obligaron a salir de ella y prácticamente vivir en la calle.

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La mujer presentó una tutela que está en estudio en el Consejo de Estado en contra de la Presidencia, la Policía, la Gobernación de Antioquia, la Unidad para las Víctimas y las autoridades locales, buscando una solución para su caso.

Además, en la tutela, la mujer reclama que el Ministerio Público haga presencia en Cáceres para censar población víctima, que se tome sus declaraciones para que estas personas puedan acceder a la reparación integral y que se ordene a las entidades territoriales  y el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas que “se coordinen para garantizar a condiciones humanitarias inmediatas, las cuales de ser posible se otorguen evitando un desplazamiento forzado de mi vivienda”.

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La tutela también busca que se “ordene respetar las normas humanitarias a las partes en disputa, así como establecer protocolos a la Policía Nacional para evitar los daños a la población civil que rodea la estación de policía de Cáceres en situación de hostilidad o en situación de protestas o disturbios”.

Sandra explicó que “si bien esta acción se presenta a título personal, es una situación que vivimos todos los colindantes de la Estación de policía, más cuando esta queda en medio del casco urbano del municipio rodeada de población civil que está en riesgo de que nuevamente ocurra una situación similar”.

La mujer, de  escasos recursos económicos, precisó que “no es la primera vez que ocurren ataques a la estación de policía, recientemente en 2022 se presentaron al menos 2 ataques contra las estaciones de Policía en Cáceres uno de ellos igualmente a pocos metros de mi vivienda”.

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El caso está en manos del magistrado Jaime Enrique Rodríguez de la Sección Tercera del Consejo de Estado que ordenó vincular a esta tutela a todas aquellas personas que, como Sandra, puedan estar en su misma situación en el municipio de Cáceres y en la región del Bajo Cauca.

Sandra, en el proceso, explicó que luego le tocó seguir viviendo en esa casa, a merced de la lluvia, con paredes destruidas, quemadas y señaló que solo luego de presentar la tutela, tuvo o con la Personería del municipio y pudo dar su declaración para ser reconocida como víctima y tener a una vivienda digna.

El Consejo de Estado, al itir la tutela, le solicitó precisamente a la Unidad de Víctimas y al Ministerio Público que alleguen un censo “de los daños a la población civil y a los bienes que se generó en el marco del paro minero que inició el 2 de marzo de 2023”, entre otros.

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El Departamento istrativo de la Presidencia de la República se opuso a las pretensiones de la tutela la indicar que las afectaciones a la vivienda de la mujer no se pueden endilgar a la entidad y que “los hechos ocurridos en el municipio de Cáceres desbordan las competencias de la Entidad, que tampoco tiene capacidad legal para atender sus exigencias en materia de indemnizaciones y demás reclamos”.

“La Presidencia de la República expresa su solidaridad con la accionante y lamenta los daños sufridos en su vivienda por los disturbios generados por el accionar de violentos en el marco del paro minero. Sin embargo, es nuestra opinión que los temas planteados por la accionante, escapan al objeto de la acción de tutela, por el hecho de que (i) se persigue la reparación de los daños sufridos y el reconocimiento de una indemnización y (ii) se pretende que la Presidencia adopte medidas de protección de la población civil frente a hechos violentos de terceros”, dijo la entidad.

En escrito de 10 páginas allegado al alto tribunal, la Presidencia dijo que no se puede reclamar vía tutela “el reconocimiento de daños y perjuicios” ya que la vía para hacerlo sería una demanda ante la justicia contencioso istrativa.

“Las eventuales inconformidades que pueda tener la señora deben ser ventiladas ante las entidades correspondientes, que deberán, en el marco de sus competencias y posibilidades reales, adoptar las mejores soluciones posibles”, insistió el Departamento istrativo de la Presidencia que aseguró que no puede intervenir en el manejo de asuntos que sean de competencia de otras entidades al referirse a la pretensión de la tutela para que se tomen medidas como diálogos en el paro minero.

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Y sobre la petición de ser reconocida como víctima para recibir ayudas, la entidad dijo que esa función no le compete y que, en todo caso, “el otorgamiento de ayudas de emergencia y de subsidios estatales no es una concesión graciosa, sino que está sujeto a procedimientos reglados”.

“La solicitud de la accionante de obviar esos requisitos, y que por orden judicial se disponga la inclusión en los programas asistenciales, el desembolso de recursos, el reconocimiento de indemnizaciones, etcétera, no puede ser atendida. Priorizar el turno de reconocimiento y pago de las ayudas, o la condonación de créditos legalmente otorgados y vigentes por vía de acciones de tutela, lejos de garantizar el derecho a la igualdad de la accionante, supondría una alteración anormal de la organización de los diversos programas de asistencia, pensados para solucionar las necesidades de miles de colombianos”, dijo la entidad.

Las otras entidades implicadas aún no ha respondido a la tutela.

Redacción Justicia

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