Magistrado Juan C. Granados pidió que su caso se envíe al Congreso

El magistrado de la Comisión de Disciplina Judicial, Juan Carlos Granados, le pidió a la Corte Suprema de Justicia que envíe su proceso a la Comisión de Acusaciones del Congreso. 

El argumento de Granados y de la misma Comisión, que también hizo esa solicitud al alto tribunal, es que como él es aforado -pues en enero se posesionó como magistrado para un periodo de 8 años- su proceso debería enviarse al legislativo para que allí se defina si se lo acusa o no. 

Granados es investigado porque supuestamente cuando era candidato a la gobernación de Boyacá, y luego como mandatario de ese departamento, habría intentado favorecer a la multinacional Odebrecht con contratos a cambio de sumas de dinero. 

Esa petición de Granados para que su caso salga de la  Corte y pase al Congreso (donde fue elegido como magistrado con los votos de 186 congresistas de una terna que envió el presidente Iván Duque) se da a pesar de que el funcionario había dicho que se presentaría a la instancia que lo requiriera. 

En entrevista con Yamid Amat para EL TIEMPO, el pasado 6 de diciembre, al ser consultado sobre si creía que su caso debía pasar a la Comisión de Acusación dijo que esa no era una consideración suya. "Acudiré a la instancia que me requiera", dijo en ese momento. 

Tras darse a conocer esta noticia, Granados le dijo a EL TIEMPO que ni él ni su abogado han pedido enviar su proceso a la Comisión de Acusación.

Sin embargo, este medio conoció que en la Corte hay un documento en donde, en efecto, Granados afirma que para él quien tiene competencia para investigarlo es el Congreso. 

Esa afirmación la hizo cuando pidió la primera suspensión de la acusación en su contra, antes del 7 de diciembre. En el documento asegura que había sido elegido por el Congreso como magistrado, y como había aceptado ese cargo, entonces tenía fuero y eso significaba que había cambiado la competencia sobre quién debía investigarlo. Así, dijo Granados en esa comunicación a la Corte, el expediente debía ser remitido a "su juez natural, a "la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes".  

"Por tal razón, entiendo que las diligencias deben ser enviadas a quien ahora es mi juez natural (Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes) y con el procedimiento aplicable en atención al fuero constitucional", dijo Granados en esa comunicación enviada a la Corte. 

En la Corte también está la solicitud que radicó el primero de febrero la Comisión de Acusación de la Cámara, firmada por su presidente Carlos Alberto Cuenca Chauz, quien pide que se le remita "de manera expedita" el proceso contra Granados por su fuero de magistrado. 

La Corte aún no se ha pronunciado sobre esas solicitudes de Granados y de la misma Comisión de Acusación ya que, al tratarse de un proceso que se lleva a cabo por la ley 906 de 2004 (Sistema Penal Acusatorio), sus pronunciamientos se deben dar de forma oral.

Así, la Sala de Juzgamiento en Primera Instancia está esperando a definir una nueva fecha de audiencia de acusación para que en ese espacio las partes involucradas, como la defensa del magistrado Granados, hagan su solicitud de trasladarle la competencia del caso a la Comisión de Acusaciones. Tras esa diligencia es que el alto tribunal determinará si es procedente enviarle el caso al Congreso o no. 

La nueva fecha aún no se ha decidido ya que la Sala está priorizando otros casos que están próximos a prescribir en ese alto tribunal. 

Aunque  la Sala de Juzgamiento en Primera Instancia de la Corte había citado en dos oportunidades a Granados para poder realizar la acusación en su contra y así darle luego paso al juicio por el caso Odebrecht, esas audiencias no han podido realizarse por peticiones de Granados que han dilatado el proceso. 

La primera audiencia se citó desde el 20 agosto del año pasado para ser realizada el 7 de diciembre de ese año. Pero un día antes Granados pidió aplazar esa diligencia afirmando que no había llegado a un acuerdo sobre los honorarios de su abogado Darío Bazzani.

La Corte accedió a la solicitud de aplazamiento, pues sin abogado no podía realizarse la acusación, y el 12 de enero de este año volvió a citarlo de nuevo para que asistiera a una audiencia el 2 de febrero. Llegada esa fecha, sin embargo, una vez más Granados logró que no se realizara la acusación afirmando que su nuevo abogado Óscar Fernando Mesa Granados no había tenido tiempo para analizar todo el proceso y prepararse para el caso. 

La actitud de Granados ha llamado la atención ya que, como magistrado de la Comisión de Disciplina Judicial, debe investigar las malas prácticas de jueces, fiscales o abogados que presenten, por ejemplo, recursos dilatorios sobre los procesos. 

REDACCIÓN JUSTICIA