La alerta de la Corte por riesgo de colapso en sistema penal: ‘los índices de impunidad ya superan el 90 por ciento’

El presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Diego Corredor, elevó esta semana una grave alerta sobre el futuro del Sistema Penal Acusatorio (SPA), es decir, el andamiaje que funciona desde hace veinte años para procesar y juzgar a la mayoría de personas señaladas de delitos en Colombia –a excepción de los aforados, que tienen régimen propio–.

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“Es lamentable que ahora se tenga que itir que los índices de impunidad superan el 90 por ciento”, aseguró el magistrado ante decenas de servidores de la justicia. 

“Desde la Corte somos conscientes de esa situación y sabemos del reto que tenemos para atemperar semejante cifra tan escandalosa”, agregó el presidente de la sala que es el órgano de cierre de los procesos tramitados con el SPA, reglamentado en la Ley 906 de 2004.

“El reto que tenemos es solucionar los problemas que registra el sistema penal porque, de no hacerlo, entraríamos en una grave crisis”, sentenció Corredor, aludiendo a las circunstancias que llevan a la grave congestión judicial.

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Según datos de la Fiscalía, en 2022 se reportaron 1,6 millones de noticias criminales; en 2023 se presentaron 1,8 millones y en lo que va del año, con corte al 30 de mayo, el ente acusador recibió 559.313 noticias por presuntos delitos

“Lo cual denota el aumento en el número de actuaciones penales y la eventual congestión de la Fiscalía y de la justicia en general, máxime, cuando hoy los procesos activos superan los 3,3 millones”, agregó el magistrado.

Corredor manifiesta que la crisis del sistema es un coctel que integran los procesos eternos, que se prolongan indefinidamente y se convierten en “temas tortuosos para fiscales, jueces y abogados”; sumado a la impunidad que se produce por las “graves dilaciones que atentan contra el sentido mismo de justicia y conducen a que deban decretarse libertades por vencimiento de términos y, en casos extremos, a generar la prescripción de la acción penal”; y la problemática que han generado las reformas legales que han restringido la concesión de beneficios a los delincuentes.

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Los beneficios son pactados a través de preacuerdos o principios de oportunidad que permiten, en el primero de los casos, la terminación anticipada de los procesos penales mediante una sanción disminuida, y, en el segundo escenario, la terminación anticipada con la anulación de la sanción.

Pero en estos pactos avanzamos mal, según revela el magistrado. “En 2023, la Fiscalía radicó 52.278 escritos de acusación, de los cuales, únicamente, 2.742 fueron producto de preacuerdos, cifra que corresponde a poco más del 5 por ciento del total de aquellos. Estos datos acreditan cómo se procede de manera contraria a los propósitos consustanciales de un Sistema Penal Acusatorio”, expresó.

Corredor asegura que los preacuerdos, allanamientos y las negociaciones son la ‘llave maestra’ para descongestionar los despachos judiciales y aseguró que la Fiscalía tiene cuota en la deficiencia actual de dichas medidas. “Hay la necesidad de descongestionar el principio de oportunidad porque siendo un mecanismo tan idóneo no se está cumpliendo. Y no se cumple, entre otros, por el cuello de botella que la misma Fiscalía ha generado de que todos los principios de oportunidad deben ser resueltos en sede de la Vicefiscalía, en una ‘comisión de sabios’ que se suele reunir para tramitarlos”.

El Ministerio de Justicia, la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia avanzan en la redacción de un proyecto de ley –cuyo borrador fue revelado en primicia por EL TIEMPO– que pretende impulsar la justicia premial, es decir, los mecanismos de negociación para lograr condenas más rápidas, con menores sanciones para los implicados, incluso por delitos graves como el abuso sexual y el homicidio cometidos en niños y menores.

La iniciativa pretende, en los cálculos de la Corte, lograr que solo un mínimo porcentaje de los procesos penales llegue a la etapa de juicio pues actualmente, según advierte Corredor, ocurre todo lo contrario. La terminación anticipada “evita la congestión judicial en la medida en que se logre que solo el 10 por ciento, o menos, llegue a juicio, cuando hoy en día la proporción es inversa, esto es, el 90 por ciento de las actuaciones se someten hasta el debate oral final”, expresó.

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La Sala Penal ha “mostrado su preocupación por la inflación legislativa, el aumento de penas y la supresión de beneficios (...) se busca regresar al origen de la Ley 906 de 2004 que otorgaba beneficios para todos los delitos”, agregó su presidente durante un conversatorio de la Rama Judicial en Ibagué.

Corredor sentenció que, si no se modifican las reformas que han obstaculizado las rebajas de penas, se provocará que los procesados acudan a todo tipo de recursos para prolongar sus procesos pretendiendo que la prescripción de la acción penal juegue a favor de la delincuencia.

Según el Consejo Superior de la Judicatura, las prescripciones de los procesos han aumentado considerablemente. En 2023 prescribieron 4.134 procesos penales, en 2022 fueron 3.182 y en 2021, 2.857. Entre enero y marzo de este año, 802 casos se cerraron porque se extinguió el tiempo de la justicia a favor de los procesados.

La Corte advierte que actualmente la tasa de condenas de casos en juicio en el sistema penal acusatorio es del 50 por ciento. “En Bogotá, Putumayo y Chocó, la tasa de absolución por acusación directa fue superior al 77 por ciento. En esas regiones se pierden dos de cada tres casos que son llevados a juicio”, aseguró el magistrado Jorge Hernán Díaz.

La situación es grave pues, en cálculos de la Sala, a los delincuentes les conviene hoy con esas cifras ir a juicio ante la altísima probabilidad de quedar absueltos.

Editora Justicia.