Lo que se sabe de la denuncia de la Corte Constitucional a Fiscalía y Policía por supuestas interceptaciones

El pasado lunes, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, se conectó vía virtual a una reunión que se sostuvo en el Palacio de Justicia, en Bogotá, con las máximas autoridades de la Rama Judicial para discutir temas rutinarios de agenda, cuando en una de las intervenciones se empezó a hablar de la seguridad de los magistrados de la Corte Constitucional y el temor de que supuestamente están siendo perfilados e interceptados teléfonos de un despacho.

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El encuentro fue una de las tantas sesiones de los integrantes de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, que en esta vez mencionaron el delicado tema que después se desarrolló a profundidad el miércoles, cuando la fiscal Camargo llegó a reunirse presencialmente con la Sala Plena de la Corte, cita que fue revelada en primicia por EL TIEMPO en la noche del viernes 21 de junio.

El fuerte de esta denuncia que interpuso el alto tribunal a la jefa del ente acusador -que los escuchó el miércoles por cerca de media hora- tiene que ver con supuestos espionajes, seguimientos e interceptaciones a la magistratura -según trascendió al despacho de Jorge Enrique Ibáñez y sus trabajadores-, encargada de analizar asuntos trascendentales en cuanto a la constitucionalidad de las leyes que proponen los gobernantes y legisladores.

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Por el momento, la Fiscalía se pronunció al respecto anunciando una investigación en su delegada ante la Corte Suprema. El delicado asunto, sin embargo, desde hace varios días se ha venido hablando en los pasillos de la Corte Constitucional, y fue por eso que aprovecharon la cita en la Comisión Interinstitucional de la Rama para tomar cartas en el asunto.

De hecho, este 14 de junio periodistas de Caracol Radio revelaron un mensaje en el que subrayaron que un magistrado de alta corte había escrito “Me permito informar que este teléfono y este chat han sido intervenidos ilegalmente por los órganos de inteligencia del Estado”, afirmación que le corresponderá establecer a la justicia.

EL TIEMPO conoció que si bien la Fiscal General se conectó de manera virtual a la primera reunión de la semana, el resto de convocados asistieron presencialmente, siendo uno de ellos el coronel Juan Pablo Cubides Salazar, el jefe de la Dirección de Protección y Servicios Especiales (Dipro) de la Policía.

Junto a él estuvieron los magistrados Jorge Enrique Ibáñez como vicepresidente de la Corte Constitucional; Gerson Chaverra, presidente de la Corte Suprema de Justicia; Milton Cháves, presidente del Consejo de Estado; Jorge Enrique Vallejo, vicepresidente del Consejo Superior de la Judicatura, y Mauricio Rodríguez Tamayo, vicepresidente de la Comisión de Disciplina Judicial.

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Quien tomó la palabra fue el magistrado Jorge Enrique Ibáñez para decir que en la Corte Corte Constitucional hay temor por la seguridad de sus integrantes -un tema que se ha tratado en reuniones pasadas de la Comisión-; y además para explicar las versiones alrededor de posibles seguimientos e interceptaciones.

Después de ello, los presentes tomaron nota, salieron del salón y se conoció un informe que elaboró el magistrado Ibáñez sobre la situación denunciada. Fue con ese documento ya elaborado con el que la Sala Plena -compuesta por nueve magistrados: Jorge Enrique Ibáñez, Cristina Pardo, Diana Fajardo, José Fernando Reyes, Antonio José Lizarazo, Natalia Ángel Cabo, Juan Carlos Cortés, Vladimir Fernández y Paola Meneses,- decidió invitar para dos días después y de manera presencial a la fiscal Luz Adriana Camargo.

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Será la jefa del ente acusador ahora quien designe cuál de sus delegadas asumirá la denuncia desde la Corte Constitucional, que por tratarse de una denuncia de tal magnitud podría recaer en una de las dependencias más especializadas del ente acusador.

Por el momento, a nivel político ya se pronunció el representante a la Cámara por el Centro Democrático Andrés Forero, quien en su cuenta de X este sábado afirmó que "empezaron 'chuzando' a Marelbys y ya van en magistrados de la Corte Constitucional". 

A propósito de reacciones políticas a la denuncia de la Corte Constitucional, hace unos días el senador David Luna convocó a Carlos Ramón González, jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), para preguntar si desde dicha corporación están 'chuzando' a determinadas personas, quien le respondió que no tiene cómo realizar ese tipo de procedimientos, y que además la ley prohíbe en su entidad. 

El senador Luna también les trasladó el interrogante a la Unidad de Investigación y Análisis Financiero (UIAF), la Dian y la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Carlos López y Ana María Cuesta - Redacción Justicia - @JusticiaET - [email protected]