Procuraduría reacciona a declaraciones de la ministra Jhenifer Mojica sobre la reforma agraria

El procurador delegado para asuntos medioambientales y minero-energéticos, Gustavo Guerrero, sentó este viernes la postura de la Procuraduría frente a las declaraciones que dio la ministra de Agrilcultura, Jhenifer Mojica, respecto a un informe del órgano de control en el que alerta presuntas fallas en la compra de tierras para campesinos en la reforma rural integral, y en la suscripción de promesas de compraventa por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

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Para el ente de control, el informe en el que advierten el riesgo con 136 mil millones de pesos que hacen parte del erario público no es una oposición a que se implemente la reforma propuesta por el Gobierno Nacional. 

En su informe de auditoría, la Procuraduría analizó de manera aleatoria 86 de las 288 compras que la ANT hizo entre agosto de 2022 a febrero de este año con la idea de redistribuir la tierra en favor de los campesinos. La conclusión fue que en el 62 por ciento de las compras estudiadas se presentaron falencias.

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Tras ello, el exjefe de la ANT Gerardo Vega como el actual, Felipe Harman, dieron su punta de vista, al igual que la ministra Mojica, quien dijo en entrevista con EL TIEMPO que "el tema con la Procuraduría no es de irregularidades ni actos de corrupción. Tiene que ver con interpretaciones que ellos hacen que además no compartimos. La Procuraduría sabe muy bien que en Colombia existe el principio constitucional de la defensa de la propiedad privada. Con la interpretación que la Procuraduría hace lo que quiere es que desconozcamos la propiedad privada. Cuestionan básicamente que toda la propiedad es discutida".

Tras estas palabras, la Procuraduría explicó este viernes que frente a los riesgos para comprar tierras públicas, en al menos 18 casos la "ANT había advertido que los predios ofertados podían tener traslapes con cuerpos de agua como ciénagas o humedales. Esta situación exige que los estudios de títulos se realicen con mayor diligencia, ya que podría implicar bienes de propiedad del Estado y de uso público".

A su vez, Guerrero subrayó que "la propiedad privada en tales áreas no puede ser acreditada con la simple presentación de cadena de tradiciones entre particulares y exige asegurar que los linderos no hayan sido alterados en perjuicio de ciénagas o playones comunales, conforme a lo establecido por la Ley 160 de 1994 y el Código de Recursos Naturales". 

Para la Procuraduría, los procedimientos de deslinde de tierras de la Nación deben tener estudios de títulos para identificar tierras privadas y públicas. "Este proceso debe aplicarse con la misma diligencia especial tanto para compras como para procesos agrarios", añadieron.

Por último, el procurador subrayó que recomendar garantizar que las tierras compradas estén en óptimas condiciones no frena el negocio ni la puesta en marcha de la reforma agraria. "Al contrario, asegura que se mejoren las condiciones de vida rural de los campesinos y se logre un desarrollo rural sostenido con estabilidad jurídica de sus derechos", concluyó.

Carlos López - Redacción Justicia - @CarlosL49 - [email protected]