¿Se caerán cambios a Ley de Garantías?: Corte priorizará demandas

La Sala Plena de la Corte Constitucional declaró la urgencia nacional para estudiar rápidamente las demandas en contra de la reforma legal que suspendió la aplicación de la Ley de Garantías durante la vigencia de 2022, y que fue aprobada ad portas de los comicios al Congreso y a la Presidencia de la República.

La decisión se tomó con votación 6-3 y ponencia del magistrado Jorge Ibáñez. Además, la Corte negó la petición de suspender la norma como medida cautelar, como habían pedido varios ciudadanos que presentaron demandas.

EL TIEMPO estableció que la magistrada ponente de este caso, en el que la Corte estudia 30 demandas, Diana Fajardo, inicialmente propuso suspender efectivamente la norma. Esa petición solo tuvo tres votos: el de Fajardo, Alberto Rojas y José Fernando Reyes. Y la Sala Plena optó por mayoría por declarar la urgencia nacional.

¿Qué estudia la Corte? Se trata del artículo 124 de la Ley 2159 de 2021 que decretó el presupuesto para este año y que permite a la Nación celebrar convenios interistrativos con las entidades territoriales para ejecutar programas y proyectos correspondientes al Presupuesto General “con el propósito de promover la reactivación económica”.

La reforma, criticada por diversos sectores políticos, tenía 42 demandas tanto por congresistas como por abogados, organizaciones, entre otros, que alegan en términos generales que dicha reforma debió haberse tramitado en una ley estatutaria; que es un ‘mico’ porque no tiene relación con el resto del contenido de la ley de presupuesto; que se votó sin las mayorías requeridas y que se desconoció el principio democrático.

Las demandas también aseguran que la reforma es inconstitucional porque afectó el sistema de frenos y contrapesos, y porque habría abierto la puerta a “favorecer a algunos sectores políticos y hasta para financiar la compra de votos en algunas regiones del país”.

También se alega que el presidente Iván Duque habría desacatado una orden judicial al firmar la ley en vez de objetarla, y que se trata de una reforma que solo rige para 2022, que solo permite la intervención posterior de la Contraloría, entre otros. Y algunas de ellos piden la suspensión de esta disposición como medida cautelar, así como que el trámite se de en la Corte como "urgencia nacional".

Todas las acciones presentadas contra este artículo fueron acumuladas en un solo expediente, el encabezado por el senador Roy Barreras, y quedaron a cargo de la magistrada Diana Fajardo. En un auto de 34 páginas el despacho había considerado que antes de entrar a revisar las peticiones de medida cautelar, debía pronunciarse sobre la isión.

En ese sentido, la Corte itió de manera integral las demandas presentadas por Barreras, Álvaro Garro Parra, el senador Iván Cepeda Castro y otros; y la de Juan Manuel López Molina.

Igualmente, itió parcialmente las demandas presentadas, por separado, por Edwing Fabián Díaz Plata, Carlos Alberto Maya Restrepo, Juan Sebastián Ramírez García, Juan David Gamboa González, el congresista Antonio Sanguino Páez, el también congresista Luis Fernando Velasco Chaves y la de David Andrés Luna Sánchez.

A estas se suman las demandas de Juliana Valentina Cruz Sánchez, Valentina Álvarez Castro, Laura Montes Salazar, Angie Bibiana Burgos Fajardo, Francy Lizeth Rincón Tejedor, Henry Camilo Estupiñán Ballesteros, Karina Victoria Reyes Gutiérrez, Mile Vanessa González Estupiñán, María Paula Alvarado Niño y Danna Valentina Dallos Soto. 

El presidente Iván Duque ha defendido el cambio promovido por el ejecutivo. “En Colombia ya no hay reelección, tenemos una circunstancia distinta”, dijo. Y, también se refirió al escenario que creó la pandemia.

El jefe del Estado puso sobre la mesa este tema. Dijo que los alcaldes y gobernadores elegidos que tomaron posesión en enero del año 2020 han tenido ese muro que les ha impedido llevar a cabo todas sus aspiraciones y programas.

Según el primer mandatario, el mensaje no es eliminar los problemas de alcaldes y gobernadores con cheques en blanco, sino tomar determinaciones, suspender efectos y también eliminar componentes, de tal manera que puedan ejecutar proyectos que beneficien a las comunidades.

@JusticiaET