Respeto por la autonomía y más recursos: el duro reclamo del presidente de la Corte

En el marco de la Gran Cumbre de Justicia 2023, Hernando Herrera Mercado, director ejecutivo de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), señaló que escalarán ante organismos internacionales cualquier iniciativa que afecte la estructura de la rama judicial y su independencia y autonomía.

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Durante este evento se reconoce el trabajo de los funcionarios judiciales más destacados, las sentencias de mayor impacto, el liderazgo estudiantil y académico, el trabajo de las facultades de derecho y se galardonan los trabajos de investigación en materia de justicia.

Durante la ceremonia, realizada en el auditorio del edificio Jorge Hoyos Vásquez S.J. de la Pontificia Universidad Javeriana, en Bogotá, se contó con la presencia de los presidentes de las altas cortes y de los máximos representantes de organismos y entes de control en Colombia, con el objetivo de socializar un pormenorizado balance de su gestión en el último año.

"Este encuentro permite el diálogo e intercambio que nutre al juez en sus apreciaciones, aclara conceptos al ciudadano y a los empresarios y denota las mejoras a los acuerdos que garantizan que la justicia, autónoma e independiente, funcione armónica y céleremente en procura de garantizar los derechos de todos", expresó Fabián Hernández Ramírez, presidente de la Junta Directiva de la CEJ.

A su turno, Herrera Mercado se refirió a los casos en los que en Colombia se trató de modificar o pasar las facultades de la justicia a otros órganos que "terminan siendo estropicios institucionales".

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"Nuestro continente está plagado de experiencias desafortunadas en las cuales se ha coartado el papel de la justicia en favor de dictaduras de derecha o de regímenes totalitarios de izquierda en menosprecio de la justicia. Como dicen los hermanos ecuatorianos, hablar de la implantación de 'pichicortes', es decir, organismos al servicios del ejecutivo de turno", dijo el director de la corporación.

Asimismo, explicó que la corporación no vacilará a nivel nacional ni internacional frente a cualquier agresión de la independencia y autonomía judicial. 

"No es ni será el caso del país. En cualquier escenario, como lo hicimos en el cuatrenio pasado cuando se hablaba de la alocada idea de una corte única y la Corporación Excelencia en la Justicia plantó cara en desacuerdo, no se puede afectar la estructura de la rama judicial con ideas que intentan sustituir nuestra Constitución", añadió.

De este modo, en la intervención del director ejecutivo de la CEJ se advirtió que escalarán ante organismos internacionales cualquier idea que pretenda alterar el curso de la independencia judicial.

"Iremos a la Comisión Interamericana de Derechos humanos o a la Relatoría para la Independencia Judicial de la Organización de las Naciones Unidas, cuando se trate de alterar ese curso o implantar otras ideas desmesuradas. Como la creación de la 'Corte Electoral' o también el planteamiento anodino e irrespetuoso de crear al interior de la Corte Suprema de Justicia una 'sala especial de impunidad', o como también despreciar la función de esta corte en velo y sigilo de nuestro estado social de derecho", aseveró Herrera.

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Y añadió el ejemplo de lo que sucedió con la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que "por cotejo de lo que fue ese organismo que terminó perturbándose y generando una inquietud institucional de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria".

"La Corporación Excelencia en la Justicia se compromete a que seguirá al pendiente de defender la independencia y la autonomía judicial", concluyó.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Fernando Castillo, sostuvo que “la salud de la democracia depende en gran medida de la libre actuación de la justicia” y que en el transcurso del año han insistido en la importancia de la independencia judicial.

Dijo que eso pasa no solo por el respeto por las decisiones judiciales sino por la adjudicación de recursos para ser más eficiente y tener más jueces, especialmente en las regiones.

“Cualquier discrepancia con las sentencias o fallos se debe gestionar por las vías legales establecidas, de otra forma se vulnera la institucionalidad, los acuerdos pactados en la Constitución Política y el poder de la justicia como salvaguarda de la democracia”, indicó el magistrado.

Y advirtió que los jueces y fiscales no pueden cumplir adecuadamente con sus funciones “si en la palestra pública cuestionan su actuación que no es otra que aplicar la ley y la Constitución”.

También señaló que “la independencia judicial garantiza que nadie está por encima de la ley independientemente de nivel de poder que puedan ostentar, es deber del Estado proteger a los jueces; atacarlos causa fisuras en los pilares y valores que sostienen sus actuaciones”.

El magistrado enfatizó en que la independencia judicial debe “proteger a la sociedad del nepotismo y el autoritarismo, la concentración de poder y la arbitrariedad” y a renglón seguido criticó los anuncios del Gobierno sobre recortes al presupuesto del sector.

La semana pasada el presidente Gustavo Petro, tras la decisión de la Corte Constitucional de tumbar una parte de la reforma tributaria sobre las regalías, trinó: ”le toca al ministro de hacienda después de esta decisión que no puedo compartir recortar el presupuesto de las tres ramas del poder público”.

Sin mencionar el trino, el magistrado Castillo dijo: “Anunciar un recorte de la Rama Judicial como consecuencia de una decisión de una alta Corte es inaceptable. Prefiero pensar que el Gobierno Nacional está muy pendiente de la expedición de nuestra ley orgánica y nos empiece a dar las garantías para comenzar a subir el presupuesto al 3 por ciento del presupuesto de rentas, que es muy importante para la Rama Judicial. Los jueces deben estar en todo el territorio nacional”.

Y siguió: “los poderes Ejecutivo y Legislativo deben dar ejemplo de confianza y respeto por el poder judicial y sus decisiones. Lo contrario atenta contra la autonomía y debilita la confianza del ciudadano en la istración de justicia, lo contrario es un actuar antidemocrático”.

"No se nos puede olvidar que estamos en un Estado social de derecho debe tener un marco jurídico que mantenga un orden de acuerdo a la Constitución. Los jueces resolverán los asuntos que conozcan sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, lesionas amenazas o intromisiones indebidas, directas o indirectas, de cuales quiera sectores", concluyó el presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien indicó que antes de finalizar este año ya se tendrán los 23 magistrados en la Sala Plena.

A esta voz se sumó la de Aurelio Rodríguez Guzmán, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, quien calificó la propuesta de recortar el presupuesto para la rama judicial como "nefasta".

"Necesitamos mayores recursos para garantizar un mayor de istración de justicia a nivel de distritos y juzgados en todo el país. No podemos tener una proyección de expansión para resolver de forma pronta y oportuna los conflictos. En consecuencia sería una pésima noticia para el Estado social de derecho" dijo el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, quien añadió que "el gobierno nacional nos apropió a través del congreso 1.2 billones para inversión para la vigencia del 2024".

Aunque el ministro de Justicia, Néstor Osuna, no se refirió ante las duras críticas que realizó el magistrado de la Corte Constitucional y el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, el jefe de la cartera se refirió sobre las aristas que tendrá la reforma a la justicia en la que trabaja el gobierno nacional y que se radicaría en febrero cuando el Congreso vuelva a reunirse.

"Le presentaré al presidente del Senado (Iván Name Vásquez) unas matrices de reforma para convocar unos grupos dentro del congreso. No es un proyecto de articulado si no unas ideas para que cuando el articulado se presente en febrero ya esté socializado e incluso confeccionado por del Congreso, especialmente del Senado", dijo el ministro de Justicia.

“Este país necesita una justicia que tenga más presencia a lo largo y ancho del país, es decir más juzgados, empleados judiciales, una infraestructura física más robusta de la actual y un mayor presupuesto para el poder judicial”, indicó Osuna.

Asimismo se refirió sobre las primeras plazas de jueces rurales y agrarios y la primera sala de tribunal que tendrá su sede en Tunja. Sin embargo, “la jurisdicción pretende facilitar el a la justicia a un sector de la población que tradicionalmente no ha tenido y para una cierta litigiosidad que ha sido un tanto descuidada”.

Por otro lado, explicó que se hace necesario tener enfoques diferenciales porque “no se deben crear derechos diferentes para cada persona, sino mecanismos diferentes para lograr el goce de los mismos derechos. No es igual la estabilidad laboral para un varón profesional del derecho egresado de una universidad de Bogotá, que para una persona transexual que estudió en una universidad poco reconocida del derecho en una provincia. A pesar que sean profesionales es mucho mas difícil para la segunda tener un empleo. Se ha avanzado en el enfoque de genero, pero también debe mejorar en el enfoque étnico, territorial, etario, entre otros", dijo Osuna.

De igual forma, se tiene planeado realizar una lucha contra la corrupción e impunidad y ampliar el régimen de carrera en la justicia.

"La evidencia nos indica que un funcionario que está por mérito propio, porque se gano el concurso, tiene garantías de estabilidad en el empleo, saldrá jubilado y con una remuneración digna, es mucho menos corruptible que un funcionario que le debe el puesto a alguien, que está provisionalmente y que debe devolver el favor", aseguró Osuna.

Finalmente, el jefe de esta cartera afirmó que es necesario tener cuerpos élites de investigación, un mayor seguimiento a los a los movimientos patrimoniales de los funcionarios públicos especialmente de las altas autoridades y un cambio al sistema penitenciario que permita una resocialización en las cárceles.

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Por otro lado, la vicefiscal general Martha Janeth Mancera presentó un balance de las gestiones de la entidad y se sumó a la petición de respeto a las decisiones judiciales. Se refirió a temas como el caso Odebrecht y señaló que se han dado resultados efectivos a pesar de las críticas y que, por ejemplo, se han proyectado 104 imputaciones de cargos de las cuales ya se han adelantado 73, a lo que se suman 11 condenas.

“Algunos dirán 'muy pocas condenas'. Hay que respetar a los señores jueces quienes con su autonomía e independencia toman la decisión de manera justa y de manera que responda realmente a los colombianos con una sentencia eficaz”, dijo la funcionaria.

Y luego insistió en el respeto por la autonomía e independencia “para que no se vuelva a repetir que se tomen decisiones que no están soportadas”.

La Magistrada Magda Victoria Acosta Walteros, presidenta de la Comisión de Disciplina Judicial, dijo que Colombia tiene un alto número de abogados siendo el segundo a nivel mundial, lo que hace que la profesión esté expuesta y que requiere tener un órgano de control y vigilancia más amplio.

Precisamente entre los retos de la Comisión está el desarrollo de la Policía Judicial de ese organismo y la creación de los juzgado disciplinarios a nivel nacional para aumentar su cobertura en el país.

Juan Diego Torres Lasso

Escuela de Periodismo Multimedia de EL TIEMPO

Redacción Justicia

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