Indígenas y afros serían consultados sobre procedimientos en la JEP

Aunque los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) fijaron para el 15 de marzo la entrada en funcionamiento de tres de las salas de esa jurisdicción, esa fecha se podría enredar por una decisión adoptada en Sala Plena de la JEP.

Los magistrados esperan activar en esa fecha las salas de Reconocimiento de Verdad, de Definición de las Situaciones Jurídicas y de Amnistía e Indulto. Y el Gobierno quiere presentar al Congreso el proyecto de procedimientos de la JEP, el cual contiene las normas que la regirán, sus principios, actores y las condiciones para su participación.

Desde hace dos semanas, los magistrados están trabajando durante largas jornadas, divididos en tres comités, para tener listo ese proyecto que no ha sido socializado con el Gobierno, además del reglamento interno y la planeación estratégica de ese órgano.

EL TIEMPO conoció que en medio de esos debates se ha discutido la necesidad de llevar a una consulta previa las partes del articulado relacionadas con las comunidades étnicas, lo que para algunos funcionarios del Gobierno y expertos consultados por este diario podría retrasar la puesta en marcha de la justicia para la paz.

Según una alta fuente del Gobierno, adelantar una consulta demanda tiempo, y el propósito es que lo más pronto posible, guerrilleros desmovilizados, militares y terceros estén compareciendo ante la justicia.

Además, precisó que, aunque todavía no esté listo el proyecto y no se pueda saber con exactitud qué se debería consultar, la ley estatutaria de la justicia de paz fue  discutida con las comunidades étnicas, por lo que ese paso ya está saldado.

No obstante, integrantes de la JEP consideran que es posible hacer las consultas y al mismo tiempo cumplir con la fecha del 15 de marzo.

Frente a los indígenas y afrodescendientes, el proyecto de procedimientos fijará la ruta de participación de las víctimas, el mecanismo para resolver los conflictos de competencias entre jurisdicciones y las normas para el cumplimiento efectivo de las sanciones para quienes resulten condenados.

Mientras integrantes de la JEP le dijeron a EL TIEMPO que ya hay consenso para realizar la consulta, lo cierto es que las fuentes del Gobierno consideran que se debe discutir al respecto con el Ejecutivo, que finalmente radicará la iniciativa y la defendería durante su trámite en el Congreso.

Los magistrados siguen trabajando a toda marcha en el articulado y este jueves estarían revisando un borrador presentado por cada una de las secciones y salas.

El director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, Kenneth Burbano, afirma que la consulta podría demorar la JEP, pero no hacerla “violaría los derechos de las comunidades”. De hecho, indica que la Corte Constitucional declaró inexequible un inciso del acto legislativo 01 del 2017 por desconocimiento a la consulta previa de las comunidades indígenas.

Y explicó que aunque la presidencia de la JEP carece de competencias para realizar el trámite, el Congreso lo podría llevar a cabo rápidamente. El abogado sostuvo que la Ley 5 de 1992 contempla la posibilidad de que el Congreso realice una consulta previa a través de una convocatoria a audiencia pública, en la cual podrían participar, además de las comunidades indígenas y afrodescendientes, otros actores involucrados del conflicto.

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