¿Por qué la Fiscalía pide condena contra César Manrique Soacha, actual director de la Función Pública, por hechos ocurrridos en la alcaldía de Gustavo Petro?

En la diligencia, la representante de la Fiscalía solicitó condena para el funcionario, toda vez que consideró que sí estuvo involucrado con una serie de irregularidades en el contrato de las motos.

"La Fiscalía reitera su solicitud de sentencia condenatoria por los delitos de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y el de peculado por apropiación", señaló la funcionaria del ente acusador.

Para el momento en que se remonta el caso, Manrique Soacha era gerente del Fondo de Vigilancia y Seguridad (FVS) (actual director del Departamento istrativo del Servicio Civil Distrital) y, al parecer, se presentaron presuntas irregularidades en el contrato para la compra de las motos.

En la diligencia de este miércoles, Manrique Soacha, expuso sus alegatos y explicó: “Yo no recibí las motos, se recibieron 8 meses después de yo dejar el cargo”, dijo.

El contrato firmado en 2012 que contó con una inversión de $ 4.357 millones y según las autoridades, se eludió el deber de realizar una licitación pública y se contrató de manera directa, “vulnerando las normas de contratación, advirtiendo, además, un inusitado afán del entonces gerente por suscribir el contrato”.

Según la investigación, se hizo la contratación directa de las motocicletas eléctricas tipo cross para el fondo, al servicio de la Policía Metropolitana de la capital, a un costo individual era de $43 570 000.

De hecho, se señaló que Manrique firmó el contrato con un representante legal que no tenía la capacidad jurídica para comprometer la empresa que representaba.

Frente a ese hecho, el hombre clave del gobierno Petro, señaló que “eso fue objeto de investigación de la Contraloría Distrital para mirar si hubo sobrecostos en la adquisición y si se compraron de acuerdo a los procedimientos que existen para estos temas, y la Contraloría falló en favor nuestro diciendo que no hubo ninguna responsabilidad (fiscal), sobrecosto o detrimento patrimonial”.

​Sin embargo, la Fiscalía reiteró que hubo un redireccionamiento para que las motos fueran adquiridas por una sola empresa oferente, por lo que consideró que Manrique es “responsable del delito de celebración de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales”.

En su momento, la Personería calificó el caso como “gravísimo”.

En agosto de 2019, Manrique fue condenado a 10 años de cárcel, no obstante, en agosto de 2020, el Tribunal superior de Bogotá revocó la condena por “violaciones al debido proceso”, pero este proceso siguió andando en la Fiscalía, pero una vez Manrique fue nombrado en la Función Pública el caso pasó a la Corte Suprema de Justicia.

En la diligencia de este miércoles, la fiscal del caso puso de presente varios aspectos que sustentaron la acusación contra el funcionario. Entre ellas, que las motos estarían usadas en terrenos no apropiados para las características de las motocicletas, además que estás no podrían ser utilizados por espacio de 6 horas al día, toda vez que ese tiempo sería requerido para cargarlas.

En la diligencia también intervino el representante de víctimas y del Ministerio Público, sin embargo, la Sala aplazó la diligencia para el próximo 18 de julio para continuar escuchando a las partes para tomar una decisión de fondo en el caso. 

JESÚS BLANQUICET
​Redacción Justicia
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