Corte mantiene nulidad de Carlos Hernán Rodríguez como contralor, pero ordena rehacer elección con él como candidato

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En esto se deberá tener en cuenta: “ i) el listado de veinte habilitados entregado al Congreso de la República por la Universidad Industrial de Santander el 14 marzo de 2022; ii) las reglas de la convocatoria, en particular, los criterios de paridad de género y de mérito, de conformidad con la parte motiva de esta sentencia”.

En ese listado de 20 candidatos estaba incluido el excontralor Rodríguez Becerra, quien también había quedado en la lista de 10 elegibles por el puntaje que había obtenido en la prueba de la Universidad Industrial de Santander.
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​Ahora, el Congreso deberá volver a elaborar la lista de 10 elegibles, a partir del listado de 20 habilitados y, por puntaje, Rodríguez Becerra volvería a quedar entre los candidatos.

Adicionalmente, la Corte levantó la medida provisional que había decretado este alto tribunal el 6 de marzo de 2024, en la que se ordenaba al Congreso de la República suspender el proceso de elección del Contralor General de la República.

Es de recordar que en la decisión del Consejo de Estado que había anulado la elección se ordenaba al Congreso de la República rehacer todo el proceso de la convocatoria, con el fin de elegir Contralor General de la República para lo que le restaba a Rodríguez de periodo constitucional.

Pero en el fallo de este miércoles la Corte modificó esa orden, pues señaló que se debe  reiniciar el proceso de elección a partir de la lista de 10 elegibles, es decir desde el punto en el cual se había presentado el vicio en el trámite que llevó a la nulidad.

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Rodríguez Becerra había sido elegido para el cargo en agosto de 2022, sin embargo, esta designación fue demandada y el 25 de mayo de 2023 la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró la nulidad de la elección para el periodo 2022 a 2026, por irregularidades en el proceso de su elección.

Según señaló el alto tribunal, en la elección se desconocieron los artículos 126 de la Constitución Política, 21 de la Ley 5 de 1992 y 6 y 9 de la Ley 1904 de 2018 por que, entre otras cosas, "se elaboró una tercera lista de elegibles y se variaron los parámetros de calificación inicialmente fijados en la convocatoria, sin ninguna justificación".

El alto tribunal de lo contencioso istrativo consideró que la Resolución 003 del 3 de agosto de 2023 de la Mesa Directiva del Congreso de la República "introdujo cambios sustanciales a los criterios y valores fijados en la convocatoria inicial del proceso de elección, los cuales fueron injustificados y variaron de manera grave los parámetros de evaluación de los participantes", esto pese a que ya se conocían los resultados de las pruebas de conocimientos y de la evaluación de las hojas de vida, actividad que había adelantado la Universidad Industrial de Santander, en la primera fase de la elección.

En ese sentido, para el Consejo de Estado se afectó la objetividad y legalidad del proceso electoral y se "desconoció la inmodificabilidad de las convocatorias sin razón válida".

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Contra esa decisión versaba la tutela de Rodríguez, en la cual él pedía amparar sus "derechos a ser elegido y a acceder a cargos públicos, al debido proceso y al efectivo a la istración de justicia”.
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​Además, él en su momento cuestionó el fallo del Consejo de Estado señalando que los vicios que se encontraron en el proceso, frente a la lista de elegibles, los cometió el Congreso pero no él como aspirante, por lo que pedía la protección de sus derechos.

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