Los cobros que tienen enredado a Anatolio Hernández, congresista de ‘la U’

Raúl Emilson López Cruz se posesionó como asistente III en la Unidad de Trabajo Legislativo del representante a la Cámara por el departamento de Guainía Anatolio Hernández Lozano el 11 de febrero de 2019. Allí llegó, al parecer, porque conocía de vieja data al político del partido de ‘la U’, quien le habría prometido ayudarle si ganaba la curul.

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Antes de ese cargo, López se dedicaba a labores varias desde la construcción hasta manejar motocarro. Ya en marzo, según cuenta López, en un encuentro en Inírida, Hernández le dijo que tenía que “darles una plata”, proveniente de su sueldo, a cinco personas.

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Luego, en mayo y agosto de ese año, le entregó dos millones a Jaime Gaona, y en octubre, otro millón a Lorenzo Leyva, para cumplir con las supuestas exigencias.

Estos detalles están consignados en la decisión de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia de abrirle investigación formal y llamar a indagatoria a Hernández, por la presunta comisión de los delitos de peculado y falsedad ideológica en documento público, a la que tuvo EL TIEMPO en exclusiva.

En testimonio rendido el 20 de noviembre de 2020, Gaona reconoció que los dineros eran del sueldo de López y que de esto había “plena autorización y conocimiento del señor Anatolio Hernández”. El congresista habría pedido el dinero a través de uno de sus asesores, un millón por cada orden de sueldo.

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Designado, según los otros integrantes de la UTL, como enlace territorial, López aseguró que el 18 de enero de 2019 solicitó un empréstito a la cooperativa Cootregua por 7 millones de pesos que, luego de ser desembolsado, entregó a Hernández. Esto se habría hecho porque el congresista, al parecer, estaba endeudado y no podía sacarlo, pero le tocó pagar las cuotas hasta cuando salió de la unidad.

“Me dice que le haga el favor que le saque un préstamo para él, que él me da la plata a mí para él pagar, después me toca pagarlo a mí de mi sueldo”, narró el denunciante a la Corte Suprema. Entre las pruebas recaudadas y que fueron claves para llamar a indagatoria al congresista está un certificado de la cooperativa que explica que el crédito se dio a 18 cuotas y que como deudor aparecía el propio Hernández.

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Allí se registra que López Cruz pagó 4’778.000 millones de pesos y que el resto, en efecto, los pagó el representante. Para la Corte Suprema, estos hechos, hasta el momento, “sugieren, en el grado de probabilidad, la presunta configuración del tipo penal de peculado por apropiación”.

“De acuerdo con el informe de policía judicial del 19 de noviembre de 2020, para el año 2019, la única fuente de ingresos de Raúl Emilson López Cruz provenía del ‘salario’ sufragado por la Cámara de Representantes. Esto permitiría vislumbrar que el dinero proveniente del erario habría sido empleado para cubrir el aludido préstamo”, dice el documento.

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Según la Sala de Instrucción, Hernández habría podido incurrir en el delito y, además, a título de autor porque habría actuado tanto para beneficiar a un tercero como para satisfacer sus propios intereses. Esto, además, si se tiene en cuenta que López no habría hecho las funciones que supuestamente tenía asignadas.

Las versiones entregadas por el momento a la Corte señalan que, como enlace territorial, López debía llevar la agenda en las actividades en las que Hernández participara en Inírida, tomar fotos para publicar en redes sociales, canalizar peticiones de la comunidad para transmitirlas luego al equipo de trabajo, entre otros.

No obstante, el mismo denunciante reconoció no haber hecho nada, hasta el 14 de enero de 2020 cuando fue declarado insubsistente. “De vez en cuando venían y me pedían un favor, yo lo hacía; de resto, doctora, pues la verdad yo no hacía nada, pues es la verdad”, dijo.

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Pero en el expediente aparecen certificaciones de cumplimiento de funciones, para los meses de febrero a diciembre de 2019, firmadas por Hernández, en la que se dice que las personas allí nombradas, entre ellas Raúl López Cruz, “han cumplido cabalmente con sus respectivas obligaciones”.

Por eso, la Corte Suprema también le abrió investigación formal a Hernández por el delito de falsedad ideológica en documento público ya que, según lo dicho en la resolución, sería contrario a lo realidad.

“Se tiene que las respectivas constancias fueron extendidas por el hoy investigado en su condición de servidor público y en ejercicio de sus atribuciones, entrañando evidente capacidad probatoria al resultar idóneas para producir los efectos jurídicos esperados; esto es, el pago de salarios y el reconocimiento de prestaciones sociales a favor de Raúl López”, agregó la Sala.

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Este caso está en manos de la magistrada Cristina Lombana, quien deberá fijar fecha para la indagatoria y quien solicitó varias pruebas como certificaciones de cuánto dinero fue entregado a López Cruz como integrante de la UTL, por salarios, prestaciones y otros.

Además, se ordenó el rastreo de las cuentas bancarias del denunciante, los giros que este haya hecho y si en estos los destinatarios fueron algunas de las cinco personas a quienes Hernández habría ordenado entregar dineros.

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Además, se solicitó a policía judicial verificar si en tres proyectos de ley, las proposiciones se fundamentaron en informes, reseñas o cualquier documento que haya sido redactado por López Cruz.

En la indagatoria, el representante a la Cámara podrá dar su versión sobre los hechos que se denunciaron. EL TIEMPO lo buscó y no lo pudo ubicar.

@JusticiaET