En el 2019 el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) reportó casi una víctima diaria por minas antipersonales, con 352 personas afectadas en el año. De ellas, 42 fallecieron.
Además, más de 25.300 personas fueron desplazadas masivamente y hubo 218 agresiones a la Misión Médica. En total, el Comité documentó 987 violaciones al Derecho Internacional Humanitario.
Esas son algunas conclusiones del informe que entregó este miércoles el CICR en el que reportó la situación humanitaria de Colombia en el último año.
La situación de las víctimas de minas preocupa al CICR porque no paran de crecer. Mientras en el 2017, tras la firma del acuerdo de paz, se registraron 57 víctimas, y en el 2018 hubo 221, en el 2019 esa cifra aumentó un 59 por ciento. Además, más de la mitad de las víctimas están en tres departamentos: Norte de Santander, Arauca y Antioquia.
En el informe, el jefe de la delegación del CICR en Colombia, Cristoph Harnisch, recuerda que en el país hay cinco conflictos armados que no han cesado y que se mantienen con grupos armados organizados que están generando daños a la población civil. De los 352 afectados el año pasado por minas antipersonales y explosivos, 159 son civiles
Pero además el CICR habla del recrudecimiento de las acciones armadas que muestra que "las promesas de paz aún no se han materializado en las regiones más vulnerables, donde no ha habido una consolidación integral de la presencia del Estado y donde la llegada de migrantes implica nuevos desafíos".
Las promesas de paz aún no se han materializado en las regiones más vulnerables, donde no ha habido una consolidación integral de la presencia del Estado
Otra de las muestras del deterioro humanitario es que, según el CICR, el año pasado 27.600 habitantes estuvieron confinados debido a las acciones de grupos ilegales y la presencia de explosivos. El 83 por ciento de estas personas viven en Chocó, un departamento que ha vivido en pobreza histórica. El 10 por ciento viven en Antioquia, el 5 por ciento en Nariño y el 2 por ciento en Putumayo.
Pero al CICR también la preocupa la situación de Nariño, Antioquia (en el Bajo Cauca), Arauca, Norte de Santander, Cauca, Caquetá, Meta, y Córdoba.
El CICR, además, reportó nuevas dinámicas de violencia que se registran después del proceso de paz, y que constituyen un capítulo en la violencia histórica que ha sufrido el país.
El CICR dice que los "abusos de la guerra no han menguado", por lo que el reto de esa organización internacional sigue siendo identificar a estas estructuras, establecer un diálogo con ellas para recordarles su obligación se cumplir las normas humanitarias.
El año pasado, por ejemplo, el Comité encontró que muchas de las víctimas de los grupos armados fueron violentadas sexualmente. Luego, otros grupos las desaparecieron o asesinaron.
De otro lado, el CICR asegura que hay un subregistro evidente en la desaparición forzada, que incluye a más de 83.000 víctimas, según el Centro Nacional de Memoria Histórica. El año pasado el Comité registró 93 nuevas desapariciones en el país.
Aunque en 2019 el CICR logró obtener información de 913 de las 2.158 personas que está buscando, solo se pudieron resolver 116 casos (el 5 %).
En cuanto a las 218 agresiones a misiones médicas, el 74 por ciento de las que el CICR registró en el 2019 fueron amenazas y lesiones al personal de salud. Esa cifra es mayor a la del año pasado, cuando los ataques a misiones médicas fueron 101. Al Comité le preocupa que detrás de la mayoría de casos (56 %) los presuntos responsables son pacientes, familiares, y de la comunidad.
En su informe el Comité también se refiere a la penosa situación del sistema carcelario del país en donde cada año "las condiciones de los detenidos empeoran en las cárceles colombianas". Esto, asegura el Comité, con el agravante de que las políticas en materia carcelaria en lugar de querer resolver los problemas estructurales del sistema, a largo plazo, han tomado medidas coyunturales.
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