Al ritmo actual, indemnizar a víctimas del conflicto tomaría 73 años más

Tras cumplirse una década de la Ley 1448 de 2011 (de víctimas y restitución de tierras), apenas 983.038 de los más de 9 millones de personas afectadas por la guerra han recibido indemnizaciones, el 12 por ciento de quienes tienen este derecho.

A estos rezagos se suma que los 135,5 billones de pesos destinados por el Gobierno desde el año 2012 para reparar a las víctimas y devolverles sus predios van a ser insuficientes, por lo que se requerirán 328,3 billones adicionales de aquí a 2031, año hasta el que fue prorrogada la ley.

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Entre las mayores preocupaciones está la “profundización” del conflicto armado en Colombia, que no deja de generar víctimas: en el primer semestre de este año se duplicaron los desplazamientos forzados, en comparación con el mismo periodo de 2020.

Estos fueron algunos de los hallazgos que dieron a conocer ayer la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo y la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas, durante la presentación del octavo informe de seguimiento y monitoreo a la implementación de la ley 1448 y los decretos leyes étnicos.

Los organismos de control y las víctimas reconocieron la gestión del Gobierno Nacional e instaron a las entidades a que se redoblen los esfuerzos institucionales y presupuestales para implementar la Política Pública de Asistencia, Atención y Reparación de las Víctimas del Conflicto Armado, con el fin de avanzar de forma contundente en la garantía de los derechos de esta población.

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Según revelaron las entidades, el 91 por ciento de las víctimas están en situación de pobreza o vulnerabilidad.

En cuanto a la meta de reparación de este cuatrienio, la Procuraduría indicó que va apenas en el 19 por ciento, lo que evidencia “un rezago importante”.

De hecho, en términos generales, si se tiene en cuenta que en una década solo fueron indemnizadas 983.038 de los 8'127.019 de víctimas que tienen este derecho, la proyección indica que —al ritmo actual y si no aumentara el número de afectados por el conflicto— reparar a los 7'143.981 restantes tomaría 73 años más.

Sobre la restitución de tierras, los delegados indicaron que de 276.434 órdenes proferidas por jueces especializados, se han logrado 6.483 sentencias que beneficiaron a 33.028 personas.

“Se requieren mayores esfuerzos de la institucionalidad para una gestión eficiente y segura”, indicó el Ministerio Público, y agregó que entre 2020 y el primer trimestre de 2021 se presentaron 6.656 solicitudes de restitución, de las cuales solo el 13 por ciento se resolvieron de fondo durante el año pasado y el 9 por ciento en los primeros tres meses de 2021.

En promedio, resolver dichas solicitudes toma 26 meses, aunque la ley contempla que el plazo es de 90 días.

Sin embargo, los organismos de control destacaron la inversión realizada por el gobierno Duque frente a la implementación del acuerdo de paz.

De otro lado, el Ministerio Público también alertó sobre las dificultades de implementación de la ley 1448 en términos de reparación colectiva para pueblos étnicos. “Luego de 10 años de expedición de los decretos leyes étnicos, se registra apenas 7 por ciento de avance en acciones de reparación dirigidas a comunidades negras, afrocolombianas y palenqueras, y 12 por ciento para indígenas”.

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El representante indígena Edgar Velazco señaló que desde que se puso en marcha la ley 1448 han existido una serie de incumplimientos a las garantías de las comunidades. “Estas instituciones, recursos, voluntad de los diferentes gobiernos están diseñados para no cumplirles a los pueblos étnicos en Colombia”, dijo.

De hecho, al cierre del evento, la procuradora general, Margarita Cabello, afirmó: “El principal reto es saber que han pasado 10 años de vigencia de la ley 1448 y los decretos leyes étnicos, y debemos reconocer que a pesar de que se han hecho esfuerzos, no se ha podido cumplir a cabalidad todo lo allí previsto. La demanda para atender a las víctimas ha superado la capacidad de respuesta del Estado”.

Cabello destacó que por primera vez se contó con un estudio específico en materia de género, que señaló que más de la mitad de las víctimas del conflicto armado son mujeres afectadas de manera diferencial. 

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EL TIEMPO se comunicó con la Unidad para las Víctimas, una de las entidades claves en la ejecución de la ley 1448, desde donde indicaron que aún no se pronunciarán sobre el informe, pues está siendo revisado.