Polémica por recorte del 50 % en meta de erradicación forzada de cultivos de coca

El Gobierno, a través del ministro de Defensa, Iván Velásquez, anunció el cambio de la meta para este año respecto al monto de hectáreas de cultivos de uso ilícito a erradicar de manera forzosa, pasando de 20.000 en 2023 a 10.000 para 2024.

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La decisión es parte de la política del Gobierno, planteada desde la campaña y que ya había llevado a cerrar la puerta a la posibilidad de fumigar con glifosato los cultivos ilegales.

En comparación, en 2022, durante el gobierno de Iván Duque, se fijó la meta en 100.000 hectáreas, de las que se cumplieron 68.893; en 2021 la meta fue de 130.000 hectáreas y se cumplió con 103.257 hectáreas. En 2020, la meta fue de 100.000 hectáreas y se concretaron 130.147, y por último en 2019 se propuso la erradicación de 80.000 y se llegó a las 94.605 hectáreas.

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Para la istración actual, el jefe de la cartera de Defensa ha dicho que “la erradicación forzada solo estaría dirigida contra cultivos industriales, no contra los campesinos pobres cultivadores de coca, y esa es una decisión que se mantiene”.

En enero de 2023 y el primer mes de este año no se erradicó, según cifras del Mindefensa, ninguna hectárea de cultivos ilegales, mientras que en el mismo periodo de 2022 fueron 2.982.

La meta trazada por el Gobierno para este 2024, que es la más baja de los últimos años, se conoce después de un crítico informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, el Reporte Anual sobre Estrategias para el Control Internacional de los Narcóticos (INCRS, por su sigla en inglés), en el que se señala que “el cultivo de coca en Colombia continúa aumentando debido a la falta de desarrollo rural y seguridad, así como por una demanda sostenida o creciente en los países consumidores”.

Ese reporte dice que “el presidente Gustavo Petro le restó énfasis a la erradicación forzosa y algunos de su istración la describieron como una táctica ineficiente, con poca utilidad a largo plazo, y efectos secundarios negativos. Además, las fuerzas colombianas fueron llamadas periódicamente para responder a protestas y abordar los problemas de seguridad ciudadana en los centros urbanos, que limitaron la capacidad general de erradicación durante el año”.

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En contraste, Néstor Osuna, ministro de Justicia, indicó que el reporte INCRS parte de cifras desactualizadas del 2022, que es la fecha de corte del último informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), que dice que Colombia registró ese año 230.000 hectáreas con coca, un 12,7 por ciento más que lo registrado en 2021, de 204.000.

Según la cartera de justicia, ya se tiene conocimiento de que los cultivos en 2023 decrecieron levemente en el segundo semestre, algo que tendrá que corroborar el Simci que se presenta este año. 

Lucas Marín, investigador del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (Cesed) de la Universidad de los Andes, consideró que reducir la meta fue “acertado si se enfoca en grandes extensiones de cultivos de uso ilícito”.

Para él, hay que empezar por aclarar que erradicar cultivos de coca no resuelve los problemas estructurales que vinculan a las familias a dicha actividad, y, en cambio, “sí afecta de manera significativa las condiciones socioeconómicas y los ingresos de los hogares vinculados a la actividad cocalera”.

Para el experto en política criminal Jorge Mantilla, la meta fijada se puede traducir en un escenario de tensión con Estados Unidos que se ha ido registrando frente a otras decisiones del Gobierno en la lucha antidrogas.

“Hay una tensión que es evidente entre ambos países y, eventualmente, se puede agravar en caso de que Donald Trump gane las elecciones y podría llevar a una descertificación de Colombia en materia de lucha contra el narcotráfico, lo cual sería un problema diplomático y político muy serio para el país”, manifestó Mantilla.

Añadió que la meta refleja una limitación, dado que si bien hay una postura de concertación con las comunidades para avanzar hacia la erradicación o sustitución voluntaria de cultivos, eso no se ha puesto en ejecución, lo que hace que los cultivos de coca no hayan disminuido.

Pedro Arenas, cofundador de la Corporación Viso Mutop, afirmó que si bien esa decisión es consecuente con la política del Gobierno, se debe garantizar que lleguen a los campesinos que cultivan coca soluciones productivas alternativas que puedan ser sostenibles en el tiempo.

El exministro de Justicia, Wilson Ruiz consideró que esta meta representa “una posición lesiva que genera retroceso en la política antidrogas del Estado (...) Es increíble e imposible pensar que al otorgarse más prerrogativas a las organizaciones delincuenciales que se nutren económicamente de los cultivos ilícitos, vamos a mejorar y a diezmar la semilla de la criminalidad en Colombia. Más incentivos a los delincuentes y menos garantías para la ciudadanía, me parece que es un despropósito”, dijo.

Aunque el énfasis del Gobierno es la incautación de los cargamentos de droga, el primer mes de este año se han decomisado 36,7 toneladas de coca y en el mismo periodo del año pasado fueron 40. Y el decomiso de heroína también bajó, pasando de 6,7 kilos a 0,8 gramos. Solo el decomiso de marihuana subió, al pasar de 28,8 toneladas en enero del año pasado, a 55,5 este año.

Redacción Justicia