Catatumbo: esto es lo que los militares tienen permitido y prohibido hacer bajo el estado de conmoción interior

Después de una semana de la peor crisis humanitaria en la región del Catatumbo, Norte de Santander, y transcurridos tres días desde que el presidente Gustavo Petro anunció vía X la declaratoria de conmoción interior y emergencia económica, aún no se conoce el decreto que deja en firme la primera medida, luego de que el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, descartara utilizar al mismo tiempo las dos figuras de excepción. Sin embargo, desde ya las fuerzas militares se están alistando para seguir las órdenes del mandatario, quien, una vez decretada la conmoción interior, tendría facultades extraordinarias para conjurar la crisis de orden público.

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El pasado 17 de enero, la masacre de tres de una misma familia, entre ellos un bebé de nueve meses, en Tibú, desató una escalada en los enfrentamientos entre las disidencias del 'Frente 33', comandadas por 'Calarcá', y el Eln, guerrillas que mantenían un pacto de no agresión en la región. 

Según las investigaciones y de acuerdo con la hipótesis que maneja la Defensoría del Pueblo, esta crisis venía cocinándose a fuego lento, y se está contemplando la versión de que los 'elenos' habrían trasladado tropas desde Arauca a Norte de Santander, presuntamente a través de las trochas fronterizas con Venezuela, para desatar la guerra que les permitiera tener el control hegemónico sobre las rentas ilegales que inundan el departamento: coca y minería.

El estallido ha generado hasta ahora un saldo de 41 muertes confirmadas por Medicina Legal y más de 36 mil personas desplazadas desde los municipios afectados por el enfrentamiento: Tibú, Teorama, Sardinata, Convención, El Tarra, San Calixto, Hacarí y Ábrego.

Debido a la magnitud de las cifras, que superan incluso la peor tragedia de orden público registrada en la región hasta la fecha, la masacre de La Gabarra, el presidente Gustavo Petro acudió a la medida de conmoción interior. Y, tras calmarse la primera racha de violencia, ahora hay expectativa por las consecuencias que pueda traer el despliegue operativo del Ejército, comandado bajo las facultades extraordinarias que tendrá el jefe de Estado como comandante supremo.

EL TIEMPO habló con líderes de la región, quienes expresaron su temor de que, debido a la declaratoria del estado de excepción, se dé la entrada de tropas a las comunidades que actualmente están confinadas, lo que podría desatar enfrentamientos con los grupos armados de tal magnitud que deje a la población civil en medio del fuego cruzado.

“Esta medida nos genera preocupación por lo que puede representar, en el afán de la recuperación del territorio, desde el punto de vista militar, en la posible vulneración de los derechos humanos por el enfoque institucional que tiene. En eso tenemos preocupación y se lo hemos manifestado al Presidente Gustavo Petro, quien debió escucharnos para recibir nuestras opiniones. Creemos que pueden haber fórmulas como la declaratoria de emergencia económica, que sería un mecanismo que sí podría generar unas facultades para resolver asuntos en términos de políticas públicas”, aseguró Juan Carlos Quintero, miembro de la Asociación campesina del Catatumbo.

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Sin embargo, para el alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, la medida es positiva, no desde la perspectiva de la militarización de la región, sino desde la integralidad de lo público. "Este decreto permite desarrollar la vía Tibú-Convención, lo que traería desarrollo y conectividad. También se podría hacer realidad el hospital de Atalaya, lo que resolvería el tema de la salud. Asimismo, se podría construir un megacolegio. En resumen, este decreto de conmoción interior podría traer soluciones estructurales para Cúcuta, el área metropolitana y los municipios de Catatumbo".

En este momento más de 5.500 uniformados de todas las especialidades llegaron a la zona para 'dar la pelea' con los 'elenos' y disidentes y recuperar el control territorial. También han ayudado con las misiones humanitarias y la evacuación de las familias hacia albergues y lugares seguros.  

El estado de conmoción interior, un comodín que ofrece la Constitución a los Gobiernos para atender graves perturbaciones al orden público, está establecida en el artículo 212 y regulada por la Ley 137 de 1994.

Allí se definen las facultades extraordinarias a las que tendría el Presidente de la República para combatir las causas que desataron la emergencia. 

En cuanto a las actuaciones y operaciones militares, así como las de la Policía que se decreten bajo esta medida, deben dirigirse a conjurar la grave perturbación del orden público y evitar la extensión de sus efectos.

De acuerdo a la Ley estatutaria, el Gobierno podrá decretar la movilización militar, caso en el cual la Fuerza Publica, la Defensa Civil y los organismos de seguridad del Estado serán apoyados con todos los medios disponibles de la Nación. Así mismo, se podrá modificar transitoriamente las normas ordinarias que regulan el servicio militar obligatorio y suspender la vigencia de los salvoconductos expedidos para el porte de armas y carros blindados en determinadas zonas.

El Presidente delegaría algunas responsabilidades y otorgaría medidas excepcionales para el establecimiento del orden público. "Por ejemplo, para que las fuerzas militares asuman funciones de la policía, puedan hacer operaciones de registros, allanamientos y capturas. Todo esto son acciones que están supeditadas ante un juez para que las otorgue", explicó el exgeneral Guillermo León, excomandante de la Fuerza Aeroespacial y presidente de Acore.

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La Fuerza Pública podrá intervenir en las restricciones a los derechos que contempla la medida: la restricción a la movilidad, a la libre circulación y los toques de queda. También tendrán más poder para ejercer control territorial, bajo la militarización, 

"Se pueden generar áreas de militarización, que son perímetros específicos bajo control militar, en los que se generan medidas de control y vigilancia (retenes) para controlar el flujo de una zona".

Pero para no sobrepasar los límites, la Constitución y la ley estatutaria de los estados de excepción establecen algunas talanqueras. "El gobierno debe respetar las reglas del Derecho Internacional Humanitario. Durante este periodo tampoco puede suspenderse los derechos humanos ni las libertades públicas", agrega el constitucionalista Jorge Kenneth Burbano.

Así mismo, se deben mantener en los operativos legítimos principios como la proporcionalidad, la temporalidad, el respeto a los derechos humanos y la subsidiariedad. "Sobre limitaciones que rocen la tortura, las desapariciones forzadas o la garantía del debido proceso, que no son derogables", puntualizó el general.

Una vez expedido el decreto, no obstante, tendrá que pasar el filtro constitucional y la supervisión del Congreso. 

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Redacción Justicia