Los cabos sueltos de la ‘paz total’ que impactan el orden público en el país

Una de las banderas con las que el presidente Gustavo Petro llegó al poder fue la de la ‘paz total’. La estrategia trajo nuevos lineamientos para la Fuerza Pública y un énfasis en las negociaciones con insurgentes y grupos armados. En su discurso de posesión, el jefe del Estado le propuso al país la consolidación de la paz. “Tenemos que terminar, de una vez y para siempre, con seis décadas de violencia y conflicto armado”, dijo.

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Pero, transcurridos 24 meses de su mandato, varios sectores consideran que las intenciones del Presidente no se han traducido en una hoja de ruta clara. Algunos analistas reconocen a la ‘paz total’ como el punto de partida para el actual deterioro del orden público en algunas regiones. Departamentos como Nariño, Arauca, Meta y Cauca, por nombrar algunos, se han convertido en el epicentro de la arremetida violenta de los grupos armados, en especial de las disidencias.

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Solo en Cauca, entre 2022 y principios de 2024, se cometieron más de 25 masacres que dejaron más de 85 víctimas, y en 2023 fueron asesinados 38 líderes sociales.

La Fundación Paz y Reconciliación (Pares) hizo un corte de cuentas a la política de ‘paz total’. La ONG expone que se han instalado formalmente tres mesas de diálogo con el Eln, el ‘Estado Mayor Central’ de las Farc (Emc) y la ‘Segunda Marquetalia’, señalando que hay crisis en las primeras dos mesas. También se han declarado cinco ceses al fuego.

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En su informe ‘¿Plomo es lo que viene? Dos años de balance y retos de la Paz Total’, Pares agregó que entre 2022 y 2023 “se presentaron incrementos en extorsiones, masacres y secuestros” y entre 2023 y 2024 “aumentaron los accidentes por minas antipersonales, las amenazas y la extorsión en un grado significativo”.

Luis Fernando Trejos, profesor de la Universidad del Norte y experto en conflicto, destaca dos aspectos positivos de la “confusa” ‘paz total’: se volvió a incluir en la agenda pública el tema de paz y se “logró una reducción de la violencia homicida” en Buenaventura, Quibdó y Medellín, en el marco de las mesas sociojurídicas que lograron treguas entre los distintos grupos criminales. 

Pero el académico también dice que esta política no cuenta con un documento técnico que oriente su implementación y carece de indicadores que midan su éxito o fracaso. “Pareciera que hay mucha improvisación y poco método en torno al avance y las decisiones de la ‘paz total’ ”, dijo.

Trejos agregó que durante la istración del presidente Gustavo Petro “se sacrificó la seguridad en aras de la paz (...). Se esperaba que el avance en las mesas de negociación se tradujera en una disminución en cuanto a afectaciones humanitarias, pero, en la práctica, produjo un incentivo perverso para los grupos armados”.

Que la Fuerza Pública ha quedado maniatada es otra de las críticas lanzadas a la estrategia de paz del actual gobierno.

El presidente de la Asociación de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares (Acore) y excomandante de la Fuerza Aérea Colombiana, general (r) Guillermo León León, advierte que el Gobierno entró con un “campanazo” que sucedió a la firma del acuerdo de paz de 2016 porque “no se coparon por el Estado los territorios que fueron dejados por las Farc”.

El oficial en retiro añadió que el gobierno Petro incursionó en su política de ‘paz total’ con algo de “debilidad”, pues al comienzo de las negociaciones que fijó la Ley 2272 de 2022 se iniciaron unos ceses bilaterales “mal planeados, sin protocolos, sin georreferenciación ni localización y sin determinación clara de las acciones permitidas y no permitidas”.

Además, resaltó: “Se perdió el alistamiento de los equipos para atender todas las tareas y misiones. Ya no tenemos los helicópteros MI-17, los Black Hawk del Ejército están también en una condición de muy bajo alistamiento por temas de presupuesto y de contratación, también hay problemas de recursos que hacen que no se cuente con la movilidad suficiente para las operaciones y las tropas”.

Melisa Franco, experta en seguridad, coincide con el excomandante León en que las Fuerzas Militares y la Policía, en los últimos dos años, se han visto afectadas por el retiro masivo de generales y por el cambio constante de cúpulas. 

“Estas situaciones han impactado negativamente la seguridad del país, ya que no se logran consolidar de la mejor forma los planes y programas implementados en la Fuerza Pública, que requieren una reinducción constante debido a los cambios de mando”, señaló la experta.

JESÚS BLANQUICET

Redacción Justicia