Desde la firma del acuerdo de paz, Defensoría ha emitido 173 alertas por acciones delictivas del ‘clan del Golfo’

Entre 2017, cuando comenzó a implementarse al acuerdo de paz, y la actualidad, la Defensoría del Pueblo ha emitido 317 Alertas Tempranas (AT) por el riesgo para los derechos de poblaciones en distintas zonas del país y según el balance de la entidad, en 173 de ellas, es decir, del 54 por ciento del total,las alertas han sido por la presencia y operación criminal de las ‘clan del Golfo’.

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Este grupo ilegal además ha aumentado su presencia en los territorios en un 84 por ciento entre 2019 y 2024, al pasar de 213 municipios hace cinco años a 392, este año, y hoy en día el grupo está en 24 de los 32 departamentos de Colombia, consolidándose como una de las estructuras al margen de la ley con mayor crecimiento, señaló la Defensoría mediante un comunicado.

De acuerdo con el organismo de derechos humanos, los departamentos con más alertas sobre las actividades delictivas del ‘clan del Golfo’ son Antioquia, con 39; Chocó, 38; Bolívar, 21; Córdoba y Meta, 17 cada uno; Nariño, Cauca y Valle del Cauca, 15 cada uno; Cesar y Cundinamarca, con 13 AT cada uno.

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Así mismo, la Defensoría señaló que del total de las alertas tempranas emitidas hasta la fecha, en 166 (el 92 por ciento) se ha identificado al narcotráfico como una de las principales actividades asociadas a su actuar delictivo. Igualmente, en 70 alertas se ha identificado su operación en minería ilegal; en 66 advertencias se habla de actividades relacionadas con contrabando, y en 20, con los préstamos conocidos como ‘gota a gota’.

“Con el concurso de nuestro sistema de alertas tempranas hemos alertado sobre la posible ocurrencia de más de 50 tipos de conductas vulneradoras de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario (DIH), como desplazamiento forzados masivos, confinamientos; reclutamiento, uso y utilización de menores de edad, masacres, desapariciones forzadas, enfrentamientos armados con interposición de la población, violencia sexual, restricciones a la movilidad, entre otros hechos”, dijo el defensor del Pueblo Julio Luis Balanta Mina.

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El Defensor agregó que por estos hechos sistemáticos les han pedido e insistido al Gobierno y a las autoridades territoriales que emprendan acciones y planes de protección efectivos para las comunidades, sin importar si solo hay presencia del ‘clan del Golfo’ o si hay más grupos ilegales.

“Garantizar los derechos de la población civil no es una opción, es una obligación del Estado colombiano”, concluyó Balanta.