La inseguridad y el deterioro del orden público arrecian a 70 días de las elecciones

El secuestro el viernes de los soldados profesionales Edwer Paz Pantoja y Nelson Vásquez Reina, adscritos a la Tercera División del Ejército Nacional en Nariño, marca el cierre de una crítica semana en materia de seguridad para el país.

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Con cuatro policías asesinados en una emboscada y un carro bomba en el Cauca; la muerte de otro uniformado durante un ataque a una patrulla en Mutatá, Antioquia, y el hostigamiento el jueves contra la estación de policía de La Julia en Uribe, Meta; además del asesinato a sangre fría de un patrullero secuestrado en una carretera de Nariño, el deterioro del orden público sigue siendo uno de los principales retos para el Gobierno y para el país.

Los soldados fueron secuestrados mientras se desplazaban en dos carros oficiales por la vereda La Herradura en el municipio de Cumbitara, Nariño, por integrantes del grupo ‘Franco Benavides’, otra de las facciones de las disidencias. Tras conocerse ese hecho, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, aseguró que la Oficina del Comisionado de Paz iniciaría gestiones para la liberación. Por ahora, no se conoce la suerte de los uniformados.

Quien no tuvo chance de esperar por ninguna gestión de paz ni por un rescate fue el patrullero Jefferson Valencia, asesinado por delincuentes de la columna móvil ‘Urías Rondón’ de las disidencias en Tumaco. Lo secuestraron cuando viajaba de civil hacia Pasto, aprovechando unos días de descanso.

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Y esta semana los violentos también se cobraron la vida del soldado José Eduardo Díaz Vides, víctima de una trampa explosiva cuando brindaba seguridad en el oleoducto Caño Limón-Coveñas en El Tarra, Norte de Santander.

La arremetida de los grupos armados, especialmente de las disidencias de ‘Iván Mordisco’, no solo tiene en alerta a la Fuerza Pública. Naciones Unidas, la Defensoría del Pueblo y los gobernadores vienen advirtiendo del miedo que impera en varias regiones del país, donde la extorsión, el confinamiento y los asesinatos están a la orden del día.

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Todo esto, en plena campaña electoral para los comicios en los que los colombianos elegirán a sus mandatarios municipales y departamentales.

El corte de cuentas oficial sobre el delito en Colombia, revelado esta semana, muestra que entre enero y julio de este año se denunciaron 184 secuestros: un 86 por ciento más que los 99 perpetrados en el mismo lapso del 2022. Es la cifra más alta en la última década. La extorsión (7.795 denuncias este año frente a los primeros siete meses de 2022, cuando hubo 4.601) y el atraco (40.000 denuncias más que el año pasado: 219.000 casos frente a 179.000) son otros frentes en llamas en materia de seguridad ciudadana.

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Mientras la escalada de las disidencias de ‘Mordisco’ obedecería, paradójicamente, a una intención por posicionarse en la negociación de paz que ha sido anunciada por el Gobierno, en el Chocó, 50 comunidades indígenas y afrodescendientes enfrentan las consecuencias de los vacíos de la ‘paz total’.

Allá se sigue viendo la guerra por el control del narcotráfico y la minería ilegal entre el Eln y el ‘clan del Golfo’, especialmente en el Medio San Juan. No obstante el cese del fuego y el compromiso de respetar el DIH que esa guerrilla acordó con el gobierno de Gustavo Petro, el Eln decretó un paro armado cuyos efectos están sintiendo miles de personas en ese departamento.

La situación humanitaria es tan crítica que la Defensoría del Pueblo llamó al comisionado Danilo Rueda a realizar acciones concretas para lograr que el grupo ilegal cumpla sus compromisos y le recordó que 27 de los 31 municipios del departamento tienen alertas tempranas, no solo por choques entre grupos ilegales, sino también por reclutamiento y extorsiones.

La situación del Chocó, dice Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflicto (Cerac), estaría reflejando la puja de una facción por lograr un mayor poder interno en la organización armada.

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“Allí le cabe a la mesa un papel muy importante para hacer realidad los alivios humanitarios que se acordaron. Y claro está, a la Fuerza Pública le costará operar en un entorno en el que las disputas de esos grupos generan violencia”, señala.

Con un departamento acorralado no solo por la violencia del Eln y del ‘clan’, sino de bandas locales que se disputan el microtráfico (especialmente en Quibdó), una pregunta clave es qué tan lejos de amenazas e injerencia de los ilegales van a estar los comicios del 29 de octubre. La escasa actividad de candidatos en las zonas rurales, debido al temor por secuestros y atentados, muestra por dónde va la respuesta a ese interrogante.

Esta semana, la Defensoría reveló otra alerta: en al menos 380 municipios el riesgo electoral es alto o extremo, especialmente en el suroccidente del país.

En diálogo con EL TIEMPO, el presidente de la Federación Nacional de Departamentos, Roberto Jairo Jaramillo, gobernador del Quindío, dijo que a pesar de todas las alertas, no ha habido una respuesta del Gobierno.

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“Vemos con preocupación que hoy se ven intimidados candidatos, que no se deja fijar publicidad, que están tratando de persuadir a los ciudadanos para que se inclinen hacia un candidato y otro. No podemos permitir que los grupos al margen de la ley vuelvan a tomar partido en los diferentes territorios”, dijo en referencia a los comicios en el Cauca y al indicar que se necesita una “interlocución real” con el presidente Gustavo Petro.

“Estamos esperando respuesta del Presidente de la República, que toda esta información sea tenida en cuenta y nos dé directrices. Como gobernadores nos sentimos solos, nos sentimos agotados y desorientados por las improvisaciones y los vacíos que tiene la ‘paz total’”, agregó.

Los gobernadores afirman que el comisionado Rueda no los escucha y que el ministro de Defensa, Iván Velásquez, no muestra resultados al frente de la cartera de Defensa. Por esos reclamos, y en el mismo día en el que el registrador Alexánder Vega afirmó que la situación del Cauca era tan grave que incluso podría darse un inédito aplazamiento de elecciones, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, llamó “hipócritas” a los gobernadores y los acusó de estar haciendo política con la crisis de seguridad.

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Esas declaraciones generaron una durísima reacción de los mandatarios regionales, que pidieron su renuncia. Calmados los ánimos, el presidente Petro aseguró que los escucharía directamente.

A menos de dos meses y medio de unas elecciones que según la Misión de Observación Electoral (MOE) están entre las más afectadas por la violencia en los últimos años, ¿qué cartas tiene el Gobierno para empezar a enderezar cosas en materia de seguridad y orden público?

El general en retiro de la Policía Juan Carlos Buitrago dice que una primera medida tiene que ver con la revisión y ajuste de la ‘paz total’: “Mientras hay exceso de generosidad y abundancia de señales de buena voluntad del Gobierno, los grupos terroristas responden con una cachetada. Al mismo tiempo se aprecia una falta de iniciativa de las autoridades, parece que estuvieran atadas, y los grupos delincuenciales están recuperando confianza, territorio, poder y finanzas”.

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En la misma vía, el analista y consultor internacional en seguridad Jean Carlo Mejía Azuero afirma que aunque los generales del Ejército y la Policía lo desmientan, hay un “miedo operacional”, especialmente en departamentos como Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá, Antioquia, en el Bajo Cauca, Norte de Santander y Arauca. “Esto se tiende a agravar cuanto más se acerquen las elecciones de octubre. Es un tema de control social ilegal en los territorios”, advierte.

La representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Juliette de Rivero, presentó un informe que revela que si bien en el primer semestre del 2023 el asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos disminuyó un 19 por ciento, las masacres aumentaron 10,6 por ciento. Durante los primeros seis meses del año se registraron 52 hechos, que dejaron 168 víctimas, 19 de ellas menores de edad: se trata de cinco casos más que en el segundo semestre del 2022.

En el informe semestral, la ONU denunció la aparición de al menos 11 reglamentos de conducta elaborados por grupos armados que contienen pautas que restringen los derechos de las poblaciones. “El control que se ejerce sobre la población socava la autoridad del Estado. (...) Preocupa en particular la continua expansión territorial de grupos armados y las estrategias violentas de control social que utilizan contra la población civil, a pesar del proceso de diálogo ofrecido”, señaló de Rivero.

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Estos datos coinciden con un informe sobre casos de confinamiento y restricciones a la movilidad presentado por la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes). Es un análisis realizado entre el 1.º de junio del 2022 y el 30 de junio del 2023 y que denuncia que hay 24 municipios en “riesgo extremo” por el poder de los grupos armados en Chocó, Cauca, Nariño, Caquetá, Arauca y Antioquia.

¿Hay realmente riesgo de que en algún departamento del país tengan que aplazarse las elecciones por motivos de seguridad? Mauricio Vela, coordinador del Observatorio Político-Electoral de la Misión de Observación Electoral, le dijo a EL TIEMPO que si bien se han registrado 237 hechos de violencia política, es “importante que no se utilice este tema para hacer afirmaciones fuera de lugar, como que en algunos municipios no se podrán realizar elecciones”.

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Con fuertes críticas por sus resultados en materia de seguridad, el Gobierno enfrenta ahora el reto de blindar plenas garantías y desvirtuar nuevos cuestionamientos sobre el supuesto cálculo electoral detrás de algunas decisiones de la ‘paz total’. Eso fue lo que dijo el candidato Federico Gutiérrez en Medellín, quien señaló que la anunciada libertad condicional de capos de las bandas criminales de la ciudad, que se empezaría a dar en septiembre, supuestamente buscaba evitar que en las comunas votaran libremente por su regreso a La Alpujarra.

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